Los sueldos que incomodan a Alberto Weretilneck y exponen al bloque de JSRN

La aparición de documentación salarial correspondiente a dirigentes ligados al oficialismo provincial volvió a instalar una pregunta que el poder rionegrino enfrenta de manera recurrente: cómo se financia la estructura política que sostiene territorialmente a Alberto Weretilneck. Los nombres que aparecen en los recibos no son desconocidos dentro del universo de Juntos Somos Río Negro, sino figuras que durante años formaron parte de distintos engranajes del proyecto político que gobierna la provincia.

La discusión trasciende la legalidad de los nombramientos o la existencia formal de los cargos. El foco comienza a desplazarse hacia el rol que cumplen esos dirigentes dentro del armado oficialista y la necesidad de explicar por qué referentes con trayectoria política continúan vinculados al Estado con remuneraciones que, en varios casos, superan ampliamente el millón de pesos mensuales.

En medio de una provincia atravesada por reclamos salariales, demandas de los trabajadores públicos y una administración que insiste en la necesidad de cuidar los recursos, la difusión de estos haberes genera ruido político. No porque exista una denuncia judicial concreta, sino porque vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos con los que el oficialismo mantiene cohesionada su estructura de poder.

Gobernación de Río Negro.

El costo de sostener el armado político

La construcción de Juntos Somos Río Negro siempre se apoyó en una amplia red de dirigentes territoriales, exintendentes, referentes locales y operadores políticos distribuidos a lo largo de la provincia. Ese esquema fue una de las claves que permitió a Weretilneck consolidar un partido provincial con capacidad de competir tanto contra el peronismo como contra las expresiones nacionales de la oposición.

Sin embargo, sostener esa estructura implica recursos y espacios de contención política. A medida que algunos dirigentes dejan cargos ejecutivos o pierden responsabilidades institucionales, surge el interrogante sobre cuáles son los mecanismos utilizados para mantenerlos dentro del esquema oficialista y evitar que se transformen en factores de tensión interna.

La aparición de estos recibos reabre precisamente esa discusión. En los hechos, muchos de los nombres involucrados tienen un recorrido político que los vincula directamente con el oficialismo provincial. Por eso el problema no se limita a una cuestión administrativa. Lo que se discute es la forma en que el poder provincial administra sus lealtades y preserva los equilibrios dentro de su propia coalición.

Facundo López, en el centro de la escena

La situación impacta especialmente sobre Facundo López, principal conductor político del bloque oficialista y uno de los dirigentes de mayor confianza del gobernador. Desde hace años es señalado como uno de los responsables del armado territorial y parlamentario de Juntos Somos Río Negro, una tarea que lo convirtió en una pieza indispensable dentro del esquema de gobierno.

La difusión de los salarios lo obliga ahora a enfrentar preguntas incómodas. No necesariamente sobre la legalidad de los pagos, sino sobre los criterios utilizados para incorporar y sostener dentro de la estructura estatal a dirigentes que mantienen una fuerte identificación política con el oficialismo.

En la oposición entienden que el debate recién comienza. Consideran que los nombres que aparecen en los recibos reflejan una lógica de funcionamiento que trasciende casos individuales y expone una metodología utilizada durante años para contener cuadros políticos, premiar fidelidades y garantizar presencia territorial en distintos puntos de la provincia.

Los nombres detrás de los recibos

Entre los casos que aparecen en la documentación figura Sabina Costa, exintendenta de Allen y una dirigente históricamente vinculada al oficialismo provincial. Su nombre vuelve a ocupar el centro de la escena debido a una remuneración que supera los 2 millones de pesos y que reavivó cuestionamientos sobre el destino político de quienes concluyen sus mandatos ejecutivos.

También aparece Julián Fernández, junto con otros nombres como Diego Palma, Héctor Illuminati y Alberto Carro, todos con antecedentes dentro de la administración pública o vinculaciones políticas conocidas dentro del universo oficialista. Más allá de cada situación particular, el denominador común es la cercanía con estructuras que responden al proyecto político gobernante.

La controversia se alimenta justamente de esa coincidencia. Lo que genera ruido no es solamente el monto de los salarios, sino la percepción de que buena parte de esos ingresos terminan beneficiando a dirigentes que continúan formando parte del entramado político que sostiene al oficialismo provincial.

Un problema político para Weretilneck

Para Alberto Weretilneck, el episodio representa un frente de desgaste innecesario en un contexto donde busca concentrar la discusión pública en la gestión y en los desafíos económicos de la provincia. La difusión de estos documentos obliga al oficialismo a volver sobre un terreno incómodo: el vínculo entre el Estado y la construcción política.

El gobernador construyó buena parte de su capital político sobre la idea de una fuerza provincial capaz de diferenciarse de las prácticas tradicionales de los partidos nacionales. Sin embargo, cada vez que aparecen cuestionamientos sobre designaciones, estructuras de contención o salarios vinculados a dirigentes propios, ese discurso vuelve a ser examinado con mayor detenimiento.

La legalidad de los cargos podrá formar parte de la defensa oficial. Pero el desafío político es otro. La pregunta que comienza a circular en distintos sectores de Río Negro apunta a determinar cuánto cuesta sostener el entramado de dirigentes que mantiene en pie al proyecto de Juntos Somos Río Negro y quién termina financiando esa estructura en tiempos de ajuste y reclamos salariales. (www.REALPOLITIK.com.ar)