IOMA: Homero Giles sostiene profesionales sin matrícula y policonsultorios sin habilitación

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires analizó la rendición de cuentas del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y dejó asentadas observaciones sensibles sobre el funcionamiento de sus policonsultorios. El fallo apunta a dos cuestiones centrales: profesionales cuya matrícula jurisdiccional no pudo ser debidamente acreditada y prestadores respecto de los cuales no se verificó en forma completa la habilitación correspondiente. 

El dato no es menor: no se trata de una simple diferencia contable, sino de controles vinculados directamente con la prestación médica que reciben los afiliados. En otras palabras, el organismo fue observado por inconsistencias en la documentación de quienes atienden y de los lugares donde se brinda la atención.

Profesionales bajo la lupa

En el marco del “Proyecto Auditoría de Policonsultorios”, el Tribunal analizó la situación de profesionales que prestaban servicios en el ámbito del IOMA y detectó casos en los que no surgía acreditada la matrícula correspondiente a la jurisdicción donde se desempeñaban.

Según surge del fallo, inicialmente se verificaron 12 casos de profesionales que realizaban prácticas en policonsultorios de la provincia de Buenos Aires, sin que se encontraran debidamente matriculados en el distrito correspondiente. Luego de los descargos, algunos casos fueron aclarados, pero la observación se mantuvo respecto de cuatro profesionales cuya situación no quedó suficientemente acreditada. 

El Tribunal remarcó que, aún cuando el IOMA sostuvo que venía implementando medidas para evitar este tipo de situaciones, ello no alcanzaba para desvirtuar la observación. La conclusión fue que correspondía mantener el reparo por incumplimiento de la normativa aplicable.

Por este punto, quedaron señalados como responsables Nils Picca, director provincial de Planificación Prestacional y Gestión Directa; Mabel Nora Turkula, directora de Efectores de Gestión y Prestación Directa de Primer Nivel; y Luciana Martín, directora de Efectores de Gestión y Prestación Directa de Primer Nivel.

En este punto vale recordar que Nils Picca ya había sido mencionado en una causa por presuntas irregularidades en prestaciones del IOMA, vinculadas a supuestas autorizaciones indebidas, alteraciones en sistemas informáticos y uso irregular de datos de afiliados, expediente que tramitó bajo la IPP 47455/17 en la UFI Nro. 5 de La Plata.

Sede del IOMA.

Policonsultorios sin habilitación acreditada

El segundo punto central del fallo es todavía más delicado: la falta de constancias suficientes sobre la habilitación de policonsultorios prestadores del IOMA.

De acuerdo con la auditoría, no se pudo constatar la habilitación de 93 policonsultorios. Tras los descargos, el organismo aportó documentación sobre algunos casos, pero quedaron expedientes pendientes, trámites inconclusos o constancias insuficientes para cerrar definitivamente la observación. 

El Tribunal sostuvo que, más allá de las explicaciones ofrecidas, correspondía mantener el tema bajo análisis y dejar el pronunciamiento en suspenso, hasta contar con elementos suficientes para resolverlo de manera definitiva.

En este punto, también aparecen alcanzados Nils Picca, Mabel Nora Turkula y Luciana Martín, quienes no fueron considerados exentos de responsabilidad hasta que el Tribunal se pronuncie en forma concreta y definitiva sobre la cuestión.

Giles, el gran ausente de las sanciones

Lo llamativo del fallo es que, pese a que las observaciones recaen sobre el funcionamiento del IOMA durante 2024, el Tribunal no responsabilizó en estos puntos al presidente del organismo, Homero Giles. La sanción cayó sobre funcionarios técnicos y áreas operativas, pero no sobre la máxima autoridad política y administrativa del Instituto.

La situación resulta, cuanto menos, llamativa: el organismo fue observado por controles deficientes sobre prestadores médicos y policonsultorios, pero el responsable principal del descalabro del IOMA no aparece sancionado por estas irregularidades. En un expediente donde se cuestiona la capacidad de control del Instituto sobre su propia red prestacional, la ausencia de Giles en el tramo sancionatorio parece casi una burla administrativa.

Axel Kicillof secundado por Nicolás Kreplak y Homero Giles.

Multas y otros reparos

Además de las observaciones sobre policonsultorios, el Tribunal aplicó multas de 800 mil pesos a distintos funcionarios: Nils Picca, Mabel Nora Turkula, Luciana Martín, Andrea Eleonora Zavala, Agustina Battistuzzi, Diego Oscar Di Renzo y Jorge Alberto Mongán. 

También se formularon cargos por el uso irregular de cajas chicas por un total de 771.820,87 pesos, aunque ese punto aparece como un capítulo secundario frente a la gravedad institucional de las observaciones vinculadas a profesionales y establecimientos prestadores.

En definitiva, el fallo expone una debilidad estructural en los controles del IOMA: profesionales sin matrícula jurisdiccional debidamente acreditada, policonsultorios cuya habilitación no pudo verificarse en forma completa y sanciones que recaen sobre funcionarios de segunda línea, mientras la conducción del organismo queda al margen del reproche principal. (www.REALPOLITIK.com.ar)