La crisis en la salud pública bonaerense vuelve a golpear de lleno al gobierno de Axel Kicillof. Esta vez, el foco está puesto en el hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata, donde un grupo de trabajadores amplió una denuncia colectiva por presunta violencia laboral, abuso de poder sistemático, alteración de la cadena de mando y desestabilización institucional dentro del bloque quirúrgico.
La presentación, fechada el 4 de junio de 2026, fue dirigida al ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, conducido por Nicolás Kreplak; a la dirección provincial de Hospitales; al área legal de la cartera sanitaria; y a distintas representaciones gremiales. El escrito apunta directamente contra Daiana Liliana Enrique, señalada por los denunciantes como la principal responsable de una supuesta intervención de hecho en el quirófano central del hospital pediátrico.
Según consta en la denuncia, Enrique habría ingresado al servicio el 14 de febrero bajo el cargo verbal e informal de “jefa de insumos y control”. Desde entonces, aseguran los trabajadores, su desembarco se habría configurado como una “intervención de facto” sobre la estructura del sector, con control sobre movimientos de personal, materiales, herramientas informáticas y canales internos de comunicación.
El planteo no se agota en una disputa laboral. Los firmantes advierten que el conflicto comprometería el funcionamiento del quirófano central y de los servicios asociados, en un hospital pediátrico de referencia para toda la provincia. Por eso, la denuncia adquiere una dimensión política inevitable: el ministerio de Kreplak ya fue formalmente notificado y el gobierno de Kicillof deberá explicar qué hizo —o qué dejó de hacer— frente a una situación que, según los trabajadores, venía siendo advertida desde mayo.
La denuncia original fue radicada el 6 de mayo y entregada el día 14, pero que, lejos de cesar las conductas denunciadas, la situación habría empeorado. “Lejos de cesar las conductas denunciadas, la coordinación informal y su equipo han redoblado la apuesta”, afirma el documento.
Los trabajadores hablan de represalias inmediatas, directivas contrapuestas, exigencias de trabajo a destajo y uso punitivo de herramientas de gestión. También denuncian un clima de intimidación y aseguran que desde el entorno de la coordinación se habría instalado la idea de que contaban con el aval absoluto de la dirección Ejecutiva del hospital.
Uno de los puntos más delicados del documento es la referencia a eventuales riesgos sanitarios. La presentación sostiene que lo que comenzó como una fiscalización de insumos derivó en una “pseudocoordinación unilateral y arbitraria”, con consecuencias sobre la organización interna del quirófano.
Entre los hechos denunciados aparecen la supuesta anulación de jefaturas orgánicas, el bloqueo de comunicación vertical, la degradación profesional de personal calificado, la asignación de tareas ajenas a sus competencias y la imposición de órdenes contradictorias que habrían roto los flujos de trabajo seguro dentro del área quirúrgica.
La denuncia incluso menciona situaciones vinculadas a bioseguridad, como la manipulación negligente de insumos críticos y “suturas caídas en el suelo”, lo que, de comprobarse, podría constituir un riesgo directo para pacientes pediátricos.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la gestión sanitaria bonaerense. No se trata de un hospital cualquiera: el Sor María Ludovica es uno de los centros pediátricos más importantes de la provincia, ubicado además en la capital bonaerense, a escasa distancia de la sede donde Axel Kicillof ejerce el control de la provincia.
Por eso, el silencio oficial empieza a pesar tanto como la denuncia. Si los hechos fueron puestos en conocimiento de las autoridades hospitalarias y luego elevados al ministerio de Salud, la pregunta es inevitable: ¿por qué no se actuó antes para preservar a los trabajadores y garantizar la seguridad de los pacientes?
Los denunciantes apuntan también contra la dirección Ejecutiva del nosocomio y el área de Recursos Humanos, a las que acusan de inacción, falta de resguardo y complicidad institucional. En el texto aseguran haber agotado “todas las instancias de diálogo y reclamo” sin obtener respuesta.
Ante la gravedad de los hechos denunciados, los firmantes solicitaron al ministerio de Salud tres medidas urgentes: la apertura de un sumario administrativo contra Daiana Liliana Enrique y contra todo el personal que haya ejecutado sus directivas; el desplazamiento preventivo de la denunciada y de su entorno directo mientras avance la investigación; y una intervención con auditoría integral del ministerio sobre el quirófano central del hospital Sor María Ludovica.
La denuncia también pide revisar el estado de los legajos, las presentaciones previas que habrían sido “cajoneadas” a nivel local y las condiciones de bioseguridad del sector.
El cierre del escrito es contundente: los trabajadores afirman que proveer de conformidad será “un acto de estricta justicia” para quienes sostienen la salud pública y “una garantía de seguridad vital para los pacientes pediátricos” del hospital.
Mientras tanto, la pelota queda en el despacho de Kreplak y, por elevación, en el gobierno de Kicillof. Porque cuando una denuncia interna habla de abuso de poder, persecución laboral y posibles riesgos dentro de un quirófano pediátrico, ya no alcanza con mirar para otro lado ni esconder el conflicto bajo la alfombra administrativa. (www.REALPOLITIK.com.ar)