Le levantaron un cargo récord de 5.422 millones de pesos al socio de Malena Galmarini

El nombre de Mariano Javier Puccio volvió a quedar bajo la lupa tras una llamativa secuencia administrativa y política: el extitular de la Unidad Ejecutora Provincial de Programas de Financiamiento Externo, dependiente de la dirección General de Cultura y Educación bonaerense, pasó de enfrentar un cargo récord de 5.422.216.530,44 de pesos por falta de rendición documentada a quedar liberado de esa responsabilidad patrimonial años después. 

El caso había explotado en 2017, cuando el Tribunal de Cuentas bonaerense formuló cargos millonarios contra Puccio por la rendición del ejercicio 2015. Según el expediente, el reproche no se basaba en una acusación directa de desvío de fondos, sino en la falta de presentación de rendición física y documentada de gastos, una situación que, según el propio organismo, había obstaculizado las tareas de auditoría. 

La cifra era impactante: el expediente mencionaba un total pendiente de rendición documentada por $4.886.206.383,59, mientras que el cargo final formulado contra Puccio ascendía a 5.422.216.530,44. A ese monto se sumaba otro expediente por el ejercicio 2014, que llevó a hablar de un “fallo récord” contra el exfuncionario.

De la sanción histórica al cargo cero

Sin embargo, casi una década después, el mismo Tribunal de Cuentas terminó dejando sin efecto aquel cargo multimillonario. La resolución posterior sostuvo que, con la documentación incorporada y las respuestas de organismos nacionales, no podía sostenerse la existencia de un perjuicio concreto, cierto y real a las arcas provinciales. 

Antes de ese desenlace, Puccio había judicializado el caso. Promovió una demanda contencioso administrativa contra el Tribunal de Cuentas para obtener la anulación de la resolución 328/2017, mediante la cual se le habían formulado cargos y una sanción pecuniaria por su desempeño al frente de la Unidad Ejecutora Provincial. No solo ello: también reclamó ser eximido del pago de la Tasa de Justicia, invocando la ley 12.200.

La discusión llegó hasta la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, que no resolvió allí el fondo del cargo millonario, sino una cuestión procesal clave: si Puccio debía pagar para litigar o si correspondía reconocerle el beneficio de gratuidad por tratarse de un reclamo originado en hechos vinculados al ejercicio de una función pública. El máximo tribunal provincial le dio la razón y declaró que estaba alcanzado por el beneficio de gratuidad, ordenando además restituirle el depósito judicial de 66.400 que había realizado.

La defensa de Puccio había planteado que buena parte de los fondos observados eran nacionales, extrapresupuestarios o provenientes de organismos externos, y que las rendiciones se habían efectuado ante Nación, Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Auditoría General de la Nación u organismos financiadores. El Tribunal terminó receptando esa lógica y modificó el criterio original.

El resultado político es, cuanto menos, llamativo: un expediente que durante años sostuvo una sospecha administrativa por miles de millones terminó sin cargo patrimonial para el ex funcionario.

El presente empresarial de Puccio

Pero la historia no termina en el expediente. Según pudo averiguar REALPOLITIK, Puccio figura con actividad económica vigente bajo el CUIT 20-24595794-8, vinculado a servicios profesionales, científicos y técnicos. Shaldry SA (2015 - 2022), Belgrano Cargas y Logística SA (2021 - 2024), Drypuc SRL (2015 - 2017) y Administración de Infraestructuras Ferroviarias SA (2021).

Según pudo averiguar REALPOLITIK, Puccio figura con actividad económica vigente bajo el CUIT 20-24595794-8, vinculado a servicios profesionales, científicos y técnicos, y se lo asocia con antecedentes laborales y comerciales en distintas firmas, organismos públicos y privados: Shaldry SA (diciembre de 2015 y septiembre de 2022); dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (entre diciembre de 2015 y enero de 2016); municipalidad de Tigre (entre mayo de 2016 y diciembre de 2017); Drypuc SRL (entre diciembre de 2015 y diciembre de 2017); Administración de Infraestructuras Ferroviarias SA (en enero de 2021); Belgrano Cargas y Logística SA (entre febrero de 2021 y febrero de 2024); y Universidad Nacional del Delta (con registros desde enero de 2024, además de períodos laborales informados hasta la actualidad), donde se desempeña como secretario General.

El dato más sensible aparece en el plano societario. Registros oficiales vinculan a Puccio con sociedades del rubro deportivo y recreativo, entre ellas SC Hípico SRL y SCPina SA, ambas con objetos sociales amplios ligados a gimnasios, actividades deportivas, natatorios, eventos, gastronomía, venta de productos deportivos y explotación comercial de espacios recreativos. 

El caso no se agota en dos sociedades aislada. Bases comerciales muestran un amplio patrón de firmas vinculadas al rubro deportivo y recreativo —SC Hípico SRL, SCPina SA, SC Luján SA y SC Tandil SA— donde se repiten nombres del mismo entramado: Mariano Javier Puccio, Sebastián Rodríguez y miembros de la familia Galmarini. En SC Hípico SRL, incluso, Malena Galmarini figuró como socia inicial, luego cedió sus cuotas a Martín Galmarini, y en 2026 parte de esas participaciones pasaron a Tomás Massa.

Y ahí aparece el condimento político: en esos entramados comerciales figuran integrantes del universo Galmarini, apellido inseparable del armado político de Sergio Massa.

Socio de los Galmarini

Registros comerciales muestran que en SC Hípico SRL aparecen vinculados Mariano Javier Puccio, Malena Galmarini, Martín Galmarini y Sebastián Rodríguez. Incluso surge una modificación societaria de octubre de 2024 por la cual el capital habría quedado integrado en partes. 

No es un dato menor. La senadora provincial Malena Galmarini es la esposa de Sergio Massa, excandidato presidencial, exministro de Economía y uno de los dirigentes políticos más importantes del país, con fuerte base en territorio bonaerense. Martín Galmarini, por su parte, es hermano de Malena e hijo de Fernando “Pato” Galmarini y Marcela Durrieu; tuvo una extensa trayectoria como futbolista de Tigre y es una figura reconocida del entorno familiar y político massista. 

En el caso de SCPina SA, registros comerciales también vinculan a Puccio con nombres como Sebastián Rodríguez, Martín Galmarini y Fernando Nicolás Galmarini, dentro de una sociedad constituida en 2024. 

Sebastián Rodríguez y el negocio del control de accesos

Otro nombre que aparece en el entramado es Sebastián Rodríguez, quien también oficia de vicepresidente a Axcess Group SA, una empresa dedicada al control de accesos, acreditaciones y soluciones tecnológicas para eventos, espectáculos, ferias, congresos y entretenimiento. La firma se presenta como especializada en servicios de control de accesos y acreditaciones para eventos masivos. 

En el mundo del espectáculo, Axcess Group SA es ampliamente conocida por gestionar el ingreso en los principales estadios y centros de entretenimiento del país, como el Movistar Arena de Buenos Aires.

Así, alrededor de Puccio aparece una red de vinculaciones empresariales y políticas que no hacen más que alimentar dos preguntas inevitables: ¿Cómo pasó un exfuncionario señalado por una falta de rendición multimillonaria en Educación a quedar sin cargo patrimonial? ¿Quién explica políticamente cómo semejante observación multimillonaria se evaporó después de años de trámites, oficios y documentos que aparecieron tarde? (www.REALPOLITIK.com.ar)