RIGI petrolero: cómo Milei y los Caputo blindaron por 30 años un negocio con capital chino

Cerro Dragón es el yacimiento petrolífero ubicado entre la provincia de Chubut y Santa Cruz, de 3.400 km², que produce petróleo desde hace 70 años. Es el laboratorio de privilegios de la familia Bulgheroni (una de las más ricas del país). Alejandro Bulgheroni, según la revista Forbes (2026), sería el tercer hombre más rico de Argentina, por detrás de Paolo Rocca (Techint) y Marcos Galperín (Mercado Libre).

Durante los últimos 18 meses se tomó una secuencia de seis decisiones entre el poder ejecutivo nacional y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que convirtió ese yacimiento en el primer beneficiario del llamado RIGI petrolero para petróleo convencional (una forma de extracción distinta a la de Vaca Muerta), por una inversión anunciada de 680 millones de dólares. El consorcio beneficiado incluye, indirectamente, capital estatal chino: algo que contradice la retórica de alineamiento pro‑Trump del presidente Javier Milei.

¿Qué hay detrás de toda esta secuencia?

El 28 de mayo de 2026, en el Palacio de Hacienda, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, recibió al Group CEO de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni (sobrino de Alejandro e hijo de Carlos Bulgheroni, ya fallecido); a Ignacio Torres, gobernador de Chubut; al secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González; al ministro de Hidrocarburos de Chubut, Federico Ponce; y a los dirigentes sindicales Jorge “Loma” Ávila y José Lludgar.

La foto oficial puso de manifiesto una alianza entre Nación, Chubut, la empresa privada y los gremios petroleros. El escenario fue el anuncio de que PAE (Pan American Energy), la petrolera privada más grande de Argentina y segunda productora de crudo después de YPF, presentaría su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) por un proyecto de 680 millones de dólares en Cerro Dragón. No era solo el primer proyecto petrolero convencional en solicitar ingreso al régimen, sino también el primero fuera de Vaca Muerta.

70 años en el mismo yacimiento

Cerro Dragón, en la cuenca del Golfo San Jorge, es el principal yacimiento de hidrocarburos convencionales de la Argentina fuera de Vaca Muerta. Produce aproximadamente 70 mil barriles de crudo por día, 9 millones de metros cúbicos de gas y tiene más de 3.200 pozos productores activos. Al tratarse de un yacimiento maduro, presenta un declino natural de producción cercano al 3 por ciento anual. Sin nuevas inversiones, su horizonte productivo se achicaría, y por eso cada cambio regulatorio sobre Cerro Dragón tiene impacto económico a nivel nacional.

Es necesario aclarar que la presencia de los Bulgheroni en Cerro Dragón atravesó gobiernos de distintos signos políticos. La prórroga firmada en 2007 por Mario Das Neves aseguró a PAE la concesión hasta 2027 y dejó comprometidas inversiones y producción hasta 2047. Detrás de PAE está Alejandro Bulgheroni, presidente de Bridas (empresa que pertenece 50 por ciento a los Bulgheroni y 50 por ciento a la estatal china CNOOC). Bridas controla el 50 por ciento de PAE, en sociedad con la británica BP (50 por ciento). Todo este entramado convirtió a Cerro Dragón en ejemplo de políticas petroleras con concesiones largas y renegociaciones a medida, con vínculos evidentes entre poder público y operadores privados.

El antecedente de las coimas

En 2007, Pan American Energy ya era una sociedad entre los Bulgheroni y British Petroleum. La prórroga de ese año generó denuncias en Argentina y en Estados Unidos después de que BP reportara presuntos sobornos vinculados a la extensión de la concesión de Cerro Dragón. Ese reporte motivó investigaciones con intervención de la SEC (Securities and Exchange Commission), el organismo estadounidense que supervisa empresas que cotizan en Wall Street e investiga posibles fraudes o casos de corrupción que afecten a inversores.

Varias coberturas periodísticas describieron aquel episodio como uno de los mayores escándalos de corrupción del sector petrolero argentino, con foco en Mario Das Neves y los Bulgheroni, y en la continuidad de PAE en el área. Hoy, la estructura societaria continúa siendo la misma.

Por eso, lo novedoso en 2026 no es solo que PAE reciba un beneficio. Veinte años después de una prórroga cuestionada y con denuncias en Estados Unidos, el mismo yacimiento o, más precisamente, las empresas productoras vuelven a blindarse: ya no mediante un acuerdo provincial excepcional, sino a través de un régimen nacional de promoción (RIGI) que ofrece estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años.

La presencia de China y la contradicción retórica

La presencia de capitales estatales chinos en Bridas (CNOOC) no es nueva; China estaba dentro de la estructura societaria de Bridas y PAE desde hace más de una década. La diferencia del gobierno actual es que consolida con el RIGI una estructura empresarial preexistente en la que conviven Bulgheroni, BP y CNOOC, pese a que el ejecutivo llegó al poder con una marcada retórica de alineamiento con Estados Unidos y confrontación con China.

Los alfiles en el sistema energético del Estado

En esta historia aparecen dos Caputo (Luis “Toto” y Santiago), pero cumpliendo funciones distintas. Luis Caputo es el ministro de Economía y el funcionario con firma: condujo el área que impulsó la ampliación del RIGI al upstream petrolero y es el superior político directo de Daniel González, quien anunció en diciembre de 2025 que el beneficio sería extendido por instrucción del ministro. Santiago Caputo, en cambio, actúa como asesor presidencial sin firmar decretos ni ocupar un ministerio, pero con influencia decisiva sobre la política energética.

La designación de Santiago como asesor lo eximió de presentar declaración jurada patrimonial bajo el régimen habitual aplicable a funcionarios (ley de Ética Pública). Su influencia se aprecia en la cadena de nombramientos en empresas estratégicas del Estado: en CAMMESA, el vicepresidente Mario Cairella responde a su línea; en Energía Argentina (ENARSA) ubicó en septiembre de 2024 a Tristán Socas como presidente y a Marcelo Corda como vicepresidente.

En Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), consiguió la designación del físico Alberto Lamagna como presidente y de Emiliano Giana y Jeremías Coppola como directores. Coppola, licenciado en Finanzas por la Universidad de San Andrés, proviene del trading de criptomonedas. Todos orbitan alrededor de Diego Chaher, del círculo íntimo de Santiago Caputo, al frente de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Lamagna, a su vez, colocó al físico Ernesto Kirchuk como vicepresidente de Dioxitek, la filial nuclear.

Esa cadena (CAMMESA, ENARSA, NA-SA, Dioxitek) controla buena parte del sector energético. El proceso de privatización de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue, cuyos contratos se firmaron el 22 de diciembre de 2025 en Cipolletti, quedó en manos de la secretaria de Energía, María Tettamanti, y del subsecretario Damián Sanfilippo. El complejo El Chocón–Arroyito fue adjudicado a MSU Green Energy, del grupo de Manuel Santos Uribelarrea, por 235,67 millones de dólares. PAE no participó en ese negocio hidroeléctrico.

En materia de tarifas existe un conflicto entre técnicos del área energética (liderados por María Tettamanti) y el equipo de la jefatura de Gabinete que coordina el gasto público (encabezado por Guillermo Cairella, Diego Socas y Eduardo Lamagna). Sin embargo, el RIGI petrolero depende exclusivamente del ministro de Economía, Luis Caputo, por lo que queda fuera de esa interna técnica.

Aquí se evidencia la división del trabajo dentro del sector energético: Santiago Caputo construye poder político interviniendo en empresas públicas; Luis Caputo concentra las herramientas macroeconómicas que definen impuestos y la estabilidad cambiaria para grandes privados. Uno controla las piezas operativas; el otro, las reglas que reordenan el tablero. Cerro Dragón queda en medio: un yacimiento con larga historia de concesiones a medida que ahora recibe una capa de blindaje diseñada desde el ministerio de Economía.

Diferencias con administraciones anteriores

Gobiernos previos consolidaron la centralidad de PAE en el yacimiento mediante prórrogas, renegociaciones y contratos específicos. El kirchnerismo convivió con esa realidad, disputó renta petrolera y administró concesiones, pero no creó un régimen nacional de promoción capaz de ofrecer 30 años de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria para proyectos privados estructurados como vehículos especiales. En 2007 el beneficio tuvo la forma de una prórroga extensa, luego denunciada por presuntos sobornos. En 2026 el beneficio es más sofisticado: no solo garantiza tiempo de explotación, sino que transforma la continuidad en un blindaje sistémico por tres décadas.

Cronología "de los hechos”en 6 etapas

La ley 27.742 (ley de Bases), promulgada en julio de 2024, creó el RIGI pero dejó afuera la cuestión petrolera. El mensaje inicial del gobierno fue que el segmento petrolero no necesitaba ingresar al régimen.

1.- El decreto 1057/2024, del 29 de noviembre de 2024, firmado por Javier Milei y refrendado por Luis “Toto” Caputo, reglamentó la ley de Bases en materia de hidrocarburos e introdujo un cambio técnico clave: permitió que un yacimiento explotado hasta entonces como “convencional” pudiera ser considerado “no convencional” sin dividir el área. Pero ¿qué significa esto? Los yacimientos convencionales son los que se explotaron tradicionalmente: el petróleo o gas se formó en una roca madre y luego migró a una roca reservorio con buena porosidad y permeabilidad (los poros son grandes y conectados), atrapado por una roca selladora impermeable. Gracias a esa conectividad, el hidrocarburo fluye naturalmente hacia el pozo y se extrae con técnicas simples, sin necesidad de estimulación intensiva. Cerro Dragón es el ejemplo clásico, un yacimiento maduro de petróleo convencional en la cuenca del Golfo San Jorge. Los yacimientos no convencionales, en cambio, son aquellos donde el hidrocarburo no migró, permanece en la misma roca madre, que es muy compacta (de baja porosidad) y casi impermeable (poros del orden de micrones, sin conectividad). Para extraerlo hay que estimular la roca, por ejemplo mediante un proceso de fracturamiento llamado fracking o inyección de polímeros, para crear conductos y lograr que el petróleo o gas fluya. En Argentina, cuando se habla de “no convencional” se refiere específicamente a formaciones de shale oil (como Vaca Muerta) y tight (rocas más compactas). La modificación técnica del decreto permitió, entonces, que un yacimiento que históricamente se explotó como convencional (Cerro Dragón) pueda ser reclasificado como no convencional sin dividirlo en dos áreas, abriendo la puerta a aplicar técnicas de estimulación y a acceder a beneficios regulatorios pensados originalmente para formaciones de shale o tight. A partir de ese momento, la provincia que otorga la concesión quedó habilitada para autorizar distintas formas de explotación (convencional y no convencional) dentro de una misma área. Ese decreto incorporó definiciones sobre yacimientos no convencionales (shale, tight) y facilitó exportaciones. En los papeles, fue una actualización técnica; en la práctica, sentó la base legal para reclasificar áreas como Cerro Dragón.

2.- ¿Qué beneficios les trae eso a las empresas? Primero, ahorran tiempo y costos de trámites (solo un trámite, un solo permiso, un solo plazo). Segundo, evitan la fragmentación del yacimiento, lo que permite operar con mayor continuidad y eficiencia técnica. Tercero, y más importante: al reclasificar el yacimiento como no convencional pueden acceder a los beneficios del RIGI que están pensados para proyectos no convencionales, como reducción del Impuesto a las Ganancias (del 35 al 25 por ciento), exención de derechos de exportación desde el tercer año, deducción de IVA, posibilidad de arbitraje internacional y estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años.

3.- El 14 de abril de 2025, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, firmó un decreto provincial que autorizó a PAE a reconvertir Cerro Dragón en una “Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos”, apoyándose en el artículo 35 de la ley 17.319 y en el decreto nacional 1057/2024. Con esa firma la concesión se extendió 35 años, con la posibilidad de 10 años adicionales según la magnitud de la inversión, llevando el horizonte hasta 2070. PAE comprometió una inversión inicial de 250 millones de dólares para un plan piloto en la formación D‑129, donde anunció haber confirmado la existencia de shale gas. El acto oficial en Trelew fue encabezado por Torres, Marcos Bulgheroni y Fausto Caretta (upstream managing director de PAE). La reconversión garantizó a Chubut un ingreso inmediato de 90 millones de dólares.

4.- El 11 de diciembre de 2025, durante el día del Petróleo en el hotel Sheraton de Buenos Aires, Daniel González anunció que el gobierno incorporaría el upstream al RIGI y atribuyó la instrucción al ministro Luis Caputo. La declaración marcó el giro respecto de la postura de 2024: el upstream pasó a ser incluido.

5.- El decreto 105/2026, publicado en febrero de 2026, prorrogó el plazo de adhesión al RIGI hasta el 8 de julio de 2027 y amplió formalmente su alcance al upstream de petróleo y gas, incluyendo explotación y producción de nuevos desarrollos onshore. Además, fijó un monto mínimo de inversión de 600 millones de dólares para proyectos de explotación y producción. A cambio, el régimen ofreció reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35 al 25 por ciento, exención de derechos de exportación desde el tercer año, deducción del IVA, posibilidad de arbitraje internacional y estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años.

6.- El 28 de mayo de 2026 PAE presentó su proyecto por 680 millones de dólares para Cerro Dragón, en el marco consolidado por el decreto. El plan incluyó 22 plantas de inyección de polímeros, 220 pozos inyectores y 650 pozos productores, con una producción incremental acumulada estimada en 24 millones de barriles hasta 2047.

Tomadas aisladamente, las seis decisiones pueden leerse como partes de una política de atracción de inversiones. Leídas en secuencia, dibujan otra figura: el gobierno primero dijo que el upstream no necesitaba el RIGI y luego construyó condiciones para que Cerro Dragón fuera el primer gran caso testigo del RIGI petrolero.

Qué pudo haber hecho distinto el gobierno de Milei

El ejecutivo podría haber mantenido la extracción directa de petróleo fuera del RIGI. La orientación inicial del régimen parecía reservar los superbeneficios impositivos para grandes obras de infraestructura y transporte (por ejemplo, un megaoleoducto Vaca Muerta Sur, gasoductos hacia Brasil o plantas flotantes para exportar GNL). También podría haber condicionado cualquier nuevo beneficio sobre Cerro Dragón a una revisión judicial y administrativa, ante denuncias de presuntos sobornos, y evaluaciones geopolíticas por la presencia de capitales chinos. No se adoptaron esas medidas. En cambio, se optó por consolidar el RIGI petrolero.

Esa es la diferencia principal con gobiernos anteriores: Milei no inventó los favores políticos para Cerro Dragón, pero los institucionalizó a un nivel nunca antes visto. Por empezar, anteriormente, los privilegios dependían de decretos o prórrogas provinciales; ahora se materializan en un régimen nacional que congela impuestos, exime aduanas y garantiza acceso a divisas durante 30 años, volviendo el beneficio difícilmente reversible por futuros gobiernos. Todo esto ocurre mientras Luis Caputo firma los decretos que blindan el negocio y Santiago Caputo influye en los nombramientos en empresas públicas. (www.REALPOLITIK.com.ar)