RIGI petrolero: cómo Milei y los Caputo blindaron por 30 años un negocio con capital chino
Por Martín Carrizo
La rendición de cuentas 2024 de la municipalidad de Ensenada dejó al descubierto una trama incómoda para la gestión de Mario Secco: una obra millonaria vinculada al Archivo Madres de Plaza de Mayo, adjudicada a Riorca SA, quedó bajo observación del Honorable Tribunal de Cuentas bonaerense, que decidió mantener en suspenso su pronunciamiento definitivo y no eximir de responsabilidad al intendente ni a varios funcionarios de su administración.
El dato no es menor. Según el fallo del organismo de control, la comuna adjudicó a Riorca SA la construcción de la primera etapa del Edificio Sede del Archivo Madres de Plaza de Mayo por 1.787.332.896,79, mediante la licitación pública 4/23, tramitada por el expediente municipal 109.451/23. La obra fue financiada con el gobierno de Axel Kicillof, a partir de un convenio entre el ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense y la municipalidad de Ensenada.
Pero el expediente no terminó allí. A ese monto original se sumaron pagos por certificados de obra y sucesivas redeterminaciones de precios. El propio fallo detalla certificados del contrato original por 996.921.188,64 y redeterminaciones por otros 740.521.240,31, lo que llevó al Tribunal a revisar con especial atención la ejecución y la documentación respaldatoria de la obra.
El punto más delicado aparece en el tratamiento de las certificaciones. El Tribunal consignó que, en el descargo presentado por las autoridades municipales, se reconoció la existencia de errores en la confección de las certificaciones de obra y se informó la realización de una auditoría técnica interna con cuantificación de diferencias detectadas.
Frente a ese escenario, la división relatora propuso constituir una reserva para que el análisis integral de la respuesta municipal sea incluido en las tareas de auditoría del ejercicio 2025. Además, pidió verificar especialmente que los importes señalados por el ingeniero Ezequiel Galli como diferencias a descontar —tanto en certificados de origen como en adecuaciones de precios— hayan sido efectivamente deducidos en los certificados futuros, con el objetivo de asegurar la correcta aplicación de los fondos públicos.
En otras palabras: el Tribunal no cerró el capítulo. Lo dejó abierto.
La resolución avanzó todavía más. El Tribunal declaró que el intendente Mario Secco, la contadora municipal Rocío Jaqueline Basso, la contadora municipal Laura Cristina Fronciani —por la orden de pago 5812—, el director de Obras Públicas Hugo Claudio Pose y el secretario de Hacienda y Producción Hugo Marcelo Schneider “no deberán considerarse exentos de responsabilidad” hasta que el organismo no se pronuncie de manera concreta y definitiva sobre el tema postergado.
La misma fórmula fue incorporada en el artículo cuarto de la parte resolutiva del fallo, que ordenó mantener en suspenso el pronunciamiento del Tribunal sobre la materia tratada en torno a la licitación pública 4/23 y dispuso que la delegación zonal y la división relatora tomen nota para informar en el próximo estudio.
La adjudicataria de la obra, Riorca SA, aparece públicamente vinculada al empresario Abel Horacio Roth. Y ahí surge el dato que agrega densidad política y empresarial al caso: Roth también figura como director titular de Lerpas SA, firma que, según publicaciones societarias, tuvo como directora suplente a Victorina Roth, ambos con domicilio en Ringuelet, La Plata.
La importancia de Lerpas SA no es menor. Esa sociedad fue adjudicataria de dos aviones pertenecientes a Lázaro Báez, rematados por el Estado nacional en 2021 por menos de 30 mil dólares, pese a que originalmente habían sido valuados en 720 mil dólares.
De acuerdo con esa publicación, los bienes formaban parte del patrimonio del empresario patagónico condenado por lavado de dinero y estaban bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Tras varios intentos fallidos de subasta, las aeronaves terminaron en manos de Lerpas SA, la firma vinculada a Roth.

Pero el recorrido societario de Lerpas SA tampoco es inocuo. La firma que luego ofertaría por los aviones de Lázaro Báez había estado en manos de Norberto Domingo Santiago Ardissone y Alicia Asuntina Contreras, nombres que aparecen como autoridades salientes en la publicación oficial de julio de 2020. Ardissone fue directivo de Contreras Hermanos y estuvo detenido —aunque luego recuperó la libertad— en la causa por la presunta cartelización de la obra pública, derivada de Cuadernos. En febrero de 2020, Lerpas pasó a manos de Abel Horacio Roth y Victorina Roth, los mismos nombres que aparecen vinculados al universo de Riorca SA, la constructora adjudicataria de la obra millonaria del Archivo Madres en Ensenada.
Así, la obra del Archivo Madres en Ensenada no sólo quedó bajo la lupa por errores en certificaciones y diferencias a descontar: también aparece adjudicada a una empresa cuyo referente societario se vincula con otra firma que compró bienes emblemáticos del patrimonio decomisado o administrado en causas vinculadas a la corrupción kirchnerista.

El fallo del Tribunal de Cuentas no fue inocuo para la administración local. El organismo aplicó amonestaciones al intendente Mario Secco y a la contadora municipal Rocío Jaqueline Basso.
También dispuso llamados de atención para el secretario de Hacienda y Producción, Hugo Marcelo Schneider; la tesorera municipal, María Silvina Feige; la secretaria de Desarrollo Social, María Celina Ferella; y el secretario de Obras Públicas, José Alberto Núñez.
El cierre deja una postal difícil de maquillar: una obra cargada de simbolismo político, financiada con fondos provinciales, adjudicada por casi 1.800 millones, con redeterminaciones por más de 740 millones, errores reconocidos en certificaciones, diferencias que deberán ser descontadas y funcionarios que, por ahora, siguen bajo reserva de responsabilidad. (www.REALPOLITIK.com.ar)