La Plata: denuncian red de loteos irregulares y piden investigar posible asociación ilícita

Una causa judicial abierta en La Plata puso bajo la lupa una presunta trama de loteos irregulares en distintos puntos del partido, con eje en emprendimientos emplazados sobre áreas rurales o zonas no aptas para urbanización. La investigación, tramitada bajo la IPP 2726/26 por los delitos de desobediencia y estafa, comenzó por actuaciones vinculadas a emprendimientos sobre la ruta provincial 36, pero luego se amplió hacia otros predios, grupos comerciales y posibles damnificados.

Según la documentación judicial a la que accedió REALPOLITIK, la causa se tramita ante la fiscalía del doctor Condomí Alcorta y tuvo nuevas derivaciones a partir de una presentación realizada por la municipalidad de La Plata, representada por la secretaria de Justicia y apoderada municipal, Marina Mongiardino, con patrocinio letrado del doctor Julián Rimada. En ese escrito, el municipio no solo contestó un requerimiento fiscal, sino que además amplió la denuncia y pidió investigar una posible estructura organizada vinculada al fraccionamiento y comercialización irregular de suelo.

Marina Mongiardino.

El origen del conflicto

Uno de los casos que integra el expediente tiene como antecedente una operación privada por un predio ubicado en la zona de ruta 36 y 495, El Peligro, que derivó en un fuerte conflicto comercial y judicial. En su declaración testimonial del 16 de marzo de 2026, Carla Jesica Frazao relató que la situación comenzó en diciembre de 2022 con un compromiso de venta gestionado a través de una inmobiliaria, y que luego se firmó un boleto de compraventa con el Grupo Delsud, mencionando a Francisco Alberto Vila Basualdo y a Eugenia Martínez.

Frazao sostuvo que, tras la firma del boleto, se otorgó una posesión precaria limitada a tareas de limpieza del terreno, pero que con el paso de los meses comenzaron incumplimientos en los pagos, renegociaciones, cartas documento, actuaciones civiles y mediaciones. En su testimonio también mencionó la intervención de abogados y representantes vinculados a la parte compradora, así como sucesivos acuerdos que, según su relato, no habrían logrado resolver el conflicto de fondo.

En este tramo aparece también la intervención del abogado Enrique Fernando Abrantes Ferreira, quien representa a una de las partes damnificadas en el conflicto y viene impulsando planteos vinculados a la situación dominial, los incumplimientos denunciados y el impacto que la operatoria habría generado tanto sobre los propietarios originales como sobre las familias que hoy reclaman una salida institucional.

La denuncia municipal

La presentación de la municipalidad de La Plata amplía el cuadro. En el escrito incorporado a la IPP, el municipio describió una problemática “más amplia, reiterada y territorialmente extendida” vinculada al fraccionamiento y comercialización irregular de suelo en zonas no aptas para urbanización dentro del partido.

El municipio puso como primer antecedente el emprendimiento “Bella Vista”, ubicado sobre ruta provincial 36 entre calles 492 y 500. De acuerdo con la presentación, el predio se encuentra en área rural, conforme la normativa urbanística municipal, por lo que la subdivisión con fines residenciales resultaría jurídicamente improcedente.

En ese lugar, las actuaciones administrativas habrían constatado tareas propias de una urbanización de hecho: movimiento de suelo, apertura de calles internas, colocación de postes, despliegue de infraestructura mínima y acciones de promoción para captar potenciales compradores. Según el municipio, esas conductas excederían un mero incumplimiento administrativo y podrían haber generado una apariencia apta para inducir a error a terceros.

La gravedad aumentó cuando, siempre de acuerdo con la presentación municipal, se dispuso una clausura administrativa que no habría sido respetada. El escrito menciona remoción de fajas, continuidad de tareas de urbanización y obstaculización de la labor inspectora, hechos que motivaron la denuncia por posible desobediencia y estafa.

Otros emprendimientos bajo la lupa

La ampliación de denuncia no se limitó a Bella Vista. El municipio también incorporó el caso del emprendimiento “Los Aromas”, ubicado en calles 173 y 35 de Melchor Romero, donde se habrían detectado conductas similares: apertura de calles, movimiento de suelo, delimitación de lotes, instalación de infraestructura básica y promoción comercial, pese a encontrarse en área rural.

Además, la subsecretaría de Ordenamiento Urbano y Territorial aportó un informe de ampliación territorial con otros predios intervenidos, entre ellos sectores ubicados en 208 y 522, 49 y 208, 66 entre 191 y 197, 173 esquina 78, 141 entre 426 y 436 y la localidad de Arana. En ese marco, aparecen mencionadas denominaciones como Nuevo Horizonte, Doménica, Santa Martha y Los Pinares.

La presentación también alude a distintos grupos o denominaciones comerciales, entre ellos Grupo Futuro, Grupo Delsud y Grupo Aldea, lo que para el municipio obliga a analizar el fenómeno de manera integral y no como una suma de hechos aislados.

El letrado Enrique Fernando Abrantes Ferreira.

Familias atrapadas y un problema social

El costado más sensible del expediente aparece en la situación de las familias que habrían adquirido o reservado lotes en estos emprendimientos y que hoy reclaman regularización, servicios, seguridad jurídica y escrituras. Según el informe previo incorporado al caso del loteo “Garden”, habría decenas de familias reclamando la escrituración, mientras los propietarios originales sostienen que el campo fue loteado y ocupado sin que la operación de fondo se hubiera cerrado correctamente.

Ese escenario coloca a los compradores en una zona de extrema vulnerabilidad: muchas familias habrían entregado dinero o avanzado con viviendas sobre terrenos cuya situación jurídica, urbanística y dominial se encuentra discutida. A la vez, los propietarios originales aseguran haber quedado atrapados entre incumplimientos contractuales, juicios civiles, una causa penal y la falta de una respuesta institucional que ordene el conflicto.

Por eso, una de las partes pidió la conformación de una mesa de trabajo con intervención municipal para buscar una salida que contemple tanto a los dueños originales como a los vecinos afectados. El planteo apunta a evitar que el caso derive en una crisis social mayor, con familias dentro de predios judicializados y sin certezas sobre la posibilidad real de escriturar.

Nuevas medidas judiciales

En paralelo, la causa sumó decisiones judiciales de peso. El juzgado de Garantías Nro. 5 hizo lugar a medidas cautelares solicitadas por los particulares damnificados y dispuso la prohibición de innovar y contratar sobre el inmueble de ruta 36 entre 425 y 427, vinculado al emprendimiento “Barrio Garden”, además del congelamiento de cuentas bancarias y billeteras virtuales relacionadas con Grupo del Sud, Desarrollos Four Capital, Francisco Alberto Vila Basualdo y Eugenia Martínez, por el plazo de seis meses.

La resolución sostuvo que existían elementos suficientes, al menos en esta etapa, para preservar el patrimonio eventualmente comprometido y evitar la continuidad de las maniobras investigadas. Luego, la Cámara rechazó la apelación de la defensa y confirmó esas restricciones, al considerar que no resultaban arbitrarias ni desproporcionadas. A su vez, la fiscalía pidió ratificar el secuestro de un teléfono celular Samsung Note 8 que se encontraba en poder de Vila Basualdo, mientras que otra resolución amplió las cautelares sobre una billetera virtual WAYA vinculada a Basvil SAS y ordenó el cese de cobros en efectivo en las sedes donde operarían Four Capital SA, Grupo DelSud y Basvil SAS.

El pedido de investigar una asociación ilícita

El punto más fuerte de la presentación municipal aparece sobre el final. La municipalidad sostuvo que la reiteración de maniobras en distintos puntos del partido, la similitud de los métodos utilizados, la promoción comercial, la captación de interesados y la continuidad pese a clausuras podrían revelar una estructura organizada.

En ese contexto, solicitó que se investigue la eventual configuración del delito previsto en el artículo 210 del Código Penal, es decir, asociación ilícita. Para el municipio, la magnitud logística de los hechos denunciados —identificar predios, ejecutar obras, promocionar lotes, captar interesados y sostener la actividad en distintos puntos de La Plata— no parecería compatible con actuaciones individuales o meramente accidentales.

La causa, ahora, deberá determinar si se trató de infracciones urbanísticas aisladas, de incumplimientos comerciales agravados o de una maniobra de mayor escala destinada a vender lotes jurídicamente inviables. Mientras tanto, los propietarios originales, los compradores de buena fe y las familias que ya habitan algunos de esos terrenos siguen esperando una respuesta concreta. (www.REALPOLITIK.com.ar)