Dolores: le robaron el arma al secretario de Seguridad y el municipio intentó ocultarlo

La seguridad en la municipalidad de Dolores quedó en el centro de una fuerte polémica política. A través de una presentación formal ingresada por mesa de entrada municipal, La Libertad Avanza denunció que al máximo jefe de Seguridad local le habrían robado el arma reglamentaria y acusó al gobierno del intendente Juan Pablo García de intentar ocultar un hecho grave de violencia y robo a mano armada.

El escrito lleva la firma de Milena Suárez, coordinadora distrital de La Libertad Avanza Dolores, y fue presentado el 22 de junio de 2026 bajo el título “Exigencia de emergencia en seguridad, fin del ocultamiento y restablecimiento inmediato del orden público”. El planteo golpea directamente al área que conduce Horacio Gauna, secretario de Seguridad municipal de Dolores 

La dirigente libertaria pidió que se declare de manera urgente la emergencia en seguridad en todo el partido, pero el tramo más explosivo del documento apunta directamente al área encargada de prevenir el delito.

“¿Cómo puede extrañarnos este descontrol cuando al propio máximo jefe de seguridad local le habrían robado su arma reglamentaria?”, plantea la presentación. Y agrega otro interrogante todavía más incómodo para el municipio: “¿Cómo podemos confiar en la gestión cuando se murmura en la comunidad que el gobierno local le habría exigido a un empleado municipal mentir y ocultar un hecho grave de violencia y robo a mano armada perpetrado a plena luz del día?”.

El arma, el silencio y la responsabilidad política

La denuncia instala una pregunta de enorme impacto institucional: si el funcionario responsable de la seguridad local fue víctima del robo de su arma reglamentaria, ¿se abrió una investigación interna?, ¿por qué no hubo comunicación oficial?, ¿intervino la Justicia?

Para La Libertad Avanza, el punto no se agota en el episodio en sí, sino en el presunto intento de ocultamiento. El documento sostiene que en Dolores existe un “silencio oficial” destinado a tapar la realidad que padecen los vecinos y reclama que se termine con lo que define como una política de encubrimiento y falta de respuestas.

En términos políticos, la presentación golpea de lleno sobre la administración de Juan Pablo García, a quien la oposición libertaria le exige asumir la conducción de la crisis y dar explicaciones públicas sobre el funcionamiento del área de seguridad municipal.

Juan Pablo García junto a Horacio Gauna.

“Descontrol total” en Dolores

El escrito describe un escenario de creciente deterioro urbano y social. Suárez afirma que los vecinos están movilizados por el “hartazgo absoluto” frente al “descontrol total”, el vandalismo impune y la falta de respuestas oficiales.

La dirigente reclamó que los recursos municipales dejen de destinarse al “clientelismo” o al “gasto político innecesario” y sean orientados a proteger a la comunidad. También pidió auditorías rigurosas sobre el presupuesto de seguridad, optimización del monitoreo urbano y una articulación efectiva con fuerzas provinciales y nacionales.

“Bajo las banderas de orden, legalidad y transparencia, exigimos que los recursos de los contribuyentes municipales dejen de desviarse hacia el clientelismo o el gasto político innecesario y se vuelquen taxativamente adonde verdaderamente importan: en proteger a la comunidad”, señala la presentación.

La iglesia, las picadas y el cementerio

Además del caso del arma, la presentación enumera distintos puntos de conflicto que, según La Libertad Avanza, muestran la pérdida de control del espacio público.

Uno de ellos es el atrio de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores, al que el escrito describe como un lugar degradado por juntadas nocturnas, vandalismo, basura, consumo de alcohol y uso indebido como pista de skate.

También denuncia carreras de motos a alta velocidad en calle Olavarría y en distintas avenidas de la ciudad, una situación que —según el documento— transformó las noches de Dolores en una “tierra de nadie”.

A eso se suman hechos de violencia e inseguridad en inmediaciones del cementerio local, otro punto mencionado por Suárez para graficar el deterioro de la tranquilidad histórica de la ciudad.

La presentación de LLA no solo pide más patrullaje o controles. Exige una respuesta política del intendente García: declarar la emergencia en seguridad, rendir cuentas, explicar qué ocurrió con el presunto robo del arma reglamentaria y transparentar si hubo o no instrucciones para ocultar hechos de inseguridad.

“El orden, la legalidad y la autoridad no pueden ser una puesta en escena política, sino una expresión efectiva del Estado”, afirma el escrito.

En el cierre, Suárez reclama “medidas concretas” y una “inmediata rendición de cuentas”. La frase funciona como un emplazamiento directo al municipio: o da explicaciones sobre el episodio que involucra al funcionario de seguridad, o deja abierta la sospecha de que la crisis no solo está en la calle, sino también dentro de la propia administración local. (www.REALPOLITIK.com.ar)