Zona Franca Bahía Blanca: perjuicio al estado, cargos millonarios y prontuarios varios

En el marco del análisis de la rendición de cuentas, el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires realizó una fuerte observación sobre la gestión del Ente Zona Franca Bahía Blanca - Coronel Rosales: detectó una liquidación irregular del canon que debía abonar la concesionaria Zona Franca Buenos Aires Sur SA y formuló un cargo millonario contra sus autoridades.

Según la resolución, el Ente calculó el canon anual sobre el 4 por ciento de la facturación de la concesionaria, cuando correspondía aplicar el 4,5 por ciento, ya que los ingresos habían superado el millón de dólares. La diferencia fue estimada en 11.401,21 de dólares, equivalente al cierre del ejercicio a 11.999.773,52 pesos.

Con intereses, el organismo terminó formulando un cargo por 16.427.032,44 pesos, por el que deberán responder en forma solidaria el presidente Diego Fernando Scifo Modica y los directores Maximiliano Di Federico, Gustavo Andrés Mazzaferro y Juan Esteban Iglesias.

El fallo es contundente: el cálculo del canon “en detrimento de los intereses del Ente” constituyó “un perjuicio a las arcas públicas”. También remarcó que los funcionarios públicos están obligados al cumplimiento regular y legítimo de sus funciones, y que deben responder personalmente por el perjuicio que ocasionen.

Un directorio con demasiadas sombras

El caso expone, además, un entramado de nombres que lejos está de pasar inadvertido. Diego Fernando Scifo Modica había asumido como presidente interino del Ente tras la salida de Santiago Mandolesi Burgos, actual titular del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Luego, en 2024, Scifo Modica asumió el cargo de director en representación de la municipalidad de Bahía Blanca, que conduce Federico Susbielles, y apareció como secretario del Consejo Federal de Zonas Francas, que depende del Consejo Federal de Inversiones, un organismo nacional que todavía hoy es utilizado como caja por el kirchnerismo duro.

Paradójicamente, su apellido remite inevitablemente a Ricardo Scifo Módica, excomisario de la Policía Federal Argentina señalado por sobrevivientes de centros clandestinos de detención como integrante de grupos de tareas durante la última dictadura bajo el alias “Alacrán”. Cinco sobrevivientes lo ubicaron en los centros Club Atlético, El Banco y El Olimpo entre 1977 y 1979. Por supuesto, el propio Scifo Módica negó las acusaciones. 

Otro de los alcanzados por el cargo es Maximiliano Di Federico, empresario bahiense que este año fue sobreseído en una extensa causa federal iniciada en 2015, donde se investigaban presuntas maniobras de evasión tributaria, lavado de activos y asociación ilícita. La Justicia terminó cerrando el expediente y calificando la pesquisa como una “excursión de pesca”.

También aparece Gustavo Andrés Mazzaferro, funcionario municipal, director de Zona Franca, dirigente de Luz y Fuerza y referente de la CGT de Punta Alta. En mayo de 2025 fue baleado con una escopeta recortada en el marco de una feroz interna gremial. Según la crónica policial, el agresor ya había intentado atacarlo en 2023.

Así, lo que en principio parecía una observación contable terminó dejando al descubierto algo más profundo: una conducción atravesada por errores administrativos, perjuicio fiscal, sanciones personales y nombres con antecedentes políticos, judiciales y policiales difíciles de ignorar.

En definitiva, el Tribunal de Cuentas no sólo detectó que la Zona Franca cobró de menos. También dejó escrito que ese cálculo perjudicó a las arcas públicas y que sus autoridades deberán responder con nombre, apellido y patrimonio, muy a pesar de sus prontuarios. (www.REALPOLITIK.com.ar)