Sergio Piguillem, concejal de la UCR en la ciudad de Córdoba, detalló en RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) el proyecto presentado para suspender por dos años las contrataciones precarizadas en la municipalidad de Córdoba. A raíz de las derivaciones del femicidio de Agostina Vega, el edil denunció la falta de controles de idoneidad, el desvío de normativas de concurso público y alertó sobre la crisis generalizada de servicios en la capital provincial.
"El lamentable caso de Agostina corrió un velo. El principal sospechoso e imputado, Claudio Barrelier, era becario de la municipalidad y actuaba en la escuela de tránsito sin ningún tipo de control al ingreso. Entró puesto a dedo por un concejal que debió renunciar bajo presión. Frente a esto, nos preguntamos cuántos Barrelier hay en la municipalidad", señaló Piguillem al referirse a la alarmante situación del personal local.
En ese sentido, cuestionó que el oficialismo utilice monotributos, pasantías y becas como una vía sistemática para evitar los derechos de los trabajadores, alcanzando una cifra que duplica la planta permanente. "Hay cerca de 18 mil empleados en estas secuencias precarias con salarios de hambre de 800 o 900 mil pesos. El peronismo, que supuestamente defiende los derechos laborales, ha naturalizado esto y lo ve como una panacea para sacarse de encima los obstáculos de la ley", afirmó.
El edil remarcó que desde el año 2016 existen ordenanzas vigentes que obligan al ejecutivo a realizar concursos públicos y transparentes mediante el INFOSEP junto a la Universidad Nacional de Córdoba, pero denunció que hoy son "letra muerta". "Lo que solicitamos es suspender por dos años este tipo de contrataciones y volver a poner en actividad el concurso público para verificar los antecedentes y la idoneidad. Necesitamos un estado moderno a la altura de la segunda ciudad de la Argentina", sostuvo.
Piguillem apuntó además contra la gestión del intendente Daniel Passerini y trazó un panorama alarmante sobre el estado de la capital. "El municipio está explotado y en una situación deplorable. El transporte no funciona bien, las calles están detonadas, la obra pública paralizada y los servicios de salud precarizados. Incluso la Guardia Urbana, creada como respuesta a la inseguridad, ha sido un fracaso absoluto", subrayó.
Por último, advirtió que la prórroga constante de estos vínculos informales por más de cinco o seis años abre la puerta a futuras demandas legales contra las próximas administraciones. "A pesar de que digan que al ser contratos precarios no tienen estabilidad, la jurisprudencia establece la posibilidad de una estafa laboral. Le están dejando una bomba de tiempo a las gestiones que vengan, con juicios millonarios que tendrá que afrontar la municipalidad", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)