Con Javier Milei, el fantasma de De la Rúa vuelve sobre la Armada Argentina

En los medios fue noticia —para muchos, una novedad— la idea de fusionar la Armada Argentina y la Prefectura Naval. Cuenta la leyenda que el titular del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sería el impulsor de la iniciativa. Las alarmas se encendieron a partir de una publicación en la cuenta de Instagram de la diputada oficialista Virginia Gallardo, tras una actividad institucional donde fueron expuestas una serie de tareas que cumple dicha fuerza de seguridad, incluyendo competencias propias de la Armada.

El informe realizado por la diputada Gallardo en su red social, donde expresaba su agradecimiento a las autoridades de la Prefectura Naval en el marco de una visita institucional, señaló lo siguiente: “Fue una jornada muy valiosa para conocer de cerca la tarea que realiza la fuerza en puntos estratégicos para nuestro país: la seguridad de la navegación, el control de nuestros espacios marítimos y fluviales, la protección de los recursos naturales y la defensa de la soberanía nacional. La presentación también permitió profundizar sobre temas vinculados a la Hidrovía Paraguay-Paraná, la Vía Navegable Troncal, el escenario marítimo, la actividad pesquera, la infraestructura crítica, la proyección hacia la Antártida y las herramientas tecnológicas aplicadas al control del territorio marítimo”.

El avance sobre áreas de la Armada

Al parecer, la idea del ministerio de Desregulación, en su política de ajuste eterno del Estado, incluye la fusión de la Armada y la Prefectura Naval en una suerte de “nuevo yo” orientado a la seguridad marítima y fluvial. Esto se inserta en una estrategia institucional que tiene la Prefectura Naval desde hace años: avanzar sobre áreas propias de la Armada, con interés en hacerse con las escuelas de la Marina Mercante, sumar capacidades para operar en la Antártida y fortalecer su componente aéreo en materia de patrulla marítima.

La adquisición de dos patrulleros clase Super Dvora israelíes durante la presidencia de Mauricio Macri, para ser utilizados especialmente en la Hidrovía, incorporó buques de características militares. El buque de salvamento Tango, adquirido de segunda mano en 2005, luego de importantes mejoras, fue desplegado en la Antártida en 2013. Se trata de una responsabilidad ajena a la institución, dado que tiene funciones policiales y de seguridad; por ende, desarrollar capacidades para operar en el sector antártico argentino implica malgastar recursos.

El régimen especial que se aplica a la Antártida impide que la Prefectura Naval cumpla allí sus roles de policía de navegación y de aplicación de las leyes nacionales en materia marítima. Sin embargo, las autoridades de Prefectura Naval subieron la apuesta y, en abril de 2026, la institución realizó un encuentro con participación de funcionarios del ministerio de Seguridad, la fundación Konrad Adenauer y miembros del Parlamento Europeo. Desde el ministerio de Seguridad señalaron: “El encuentro se enmarca en las acciones que lleva adelante la Prefectura tendientes a consolidar vínculos de cooperación internacional y promover el intercambio de experiencias en materia de seguridad y control de los espacios acuáticos, en un contexto de creciente interés estratégico por la Antártida”.

Benjamín Netanyahu y Mauricio Macri.

Los “sueños de grandeza” de la Prefectura Naval no terminan en la Antártida. Las escuelas de la Marina Mercante, históricamente ligadas a la Armada Argentina, también aparecen en el centro de la discusión. Según el proyecto impulsado por el ministerio de Desregulación en materia de servicios de practicaje y pilotaje —que desató fuertes críticas de profesionales y especialistas—, se contempla la transferencia de la Escuela Nacional de Náutica, la Escuela Nacional Fluvial y la Escuela Nacional de Pesca al ámbito de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, mientras que la Prefectura Naval tendría competencias en el proceso de titulación del personal embarcado.

La dependencia de los citados centros académicos respecto de la Armada se vinculaba con aspectos relativos a la defensa nacional. Los egresados de la Escuela de Náutica recibían el título de guardiamarinas de la reserva naval. En el conflicto de Malvinas, la Marina Mercante quedó bajo control militar y cumplió misiones de transporte, abastecimiento, búsqueda y rescate e inteligencia. Esto no es algo exclusivo de la Argentina: en Estados Unidos, la Academia de la Marina Mercante tiene formación militar y sus egresados son parte de la reserva militar. Otros países, como Francia o Perú, siguen el mismo modelo. Esta situación pone en aprietos al ministro de Defensa, general Carlos Presti, ante el avance de dos ministerios —Seguridad Nacional y Desregulación— sobre un ámbito de su responsabilidad.

La Armada: una política errática

La Armada tiene una estrategia institucional errática, lo que no ayuda en nada en esta delicada cuestión. Durante la presidencia de Mauricio Macri, la institución se embarcó en el proyecto de construcción de cuatro patrulleros de altura (OPV) a cargo de un astillero francés, a pesar de las sobradas capacidades nacionales y mediante un crédito externo. Existía un fuerte rumor: el temor de la Armada era que dicho proyecto quedara en manos de la Prefectura Naval. En los hechos, esos medios acercan a la marina militar argentina a un rol propio de un guardacostas, cuando urge modernizar los destructores y corbetas que, por sus capacidades, pueden cumplir tareas de patrulla en el extenso espacio marítimo nacional.

El alineamiento del gobierno de Javier Milei con la estrategia de seguridad hemisférica de Washington impacta en la Armada Argentina. Ejemplo de ello es la adhesión de la Argentina a la Declaración de Doral, donde Estados Unidos impulsa el uso de las Fuerzas Armadas de la región en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo. A pesar de que dicho documento está en colisión con la ley de Seguridad Interior, el gobierno lo firmó.

Javier Milei.

El decreto 1112/2024, que reglamenta la ley de Defensa Nacional, abre las puertas para que el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico sean considerados “amenazas externas” y, por ende, un riesgo que deben enfrentar las Fuerzas Armadas. Estamos ante una suerte de “hoja de ruta” donde las diferencias entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas se diluyen.

La imposición de agendas externas sobre nuestras Fuerzas Armadas quedó reflejada en el acuerdo suscripto entre la Armada Argentina y la Marina de los Estados Unidos. La embajada de ese país comunicó la firma de una carta de intención entre el contraalmirante Carlos Sardiello, comandante de la Cuarta Flota, y el jefe de la Armada Argentina, almirante Juan Carlos Romay, para lanzar el denominado Protecting Global Commons Program.

El texto no fue publicado y desde el gobierno argentino señalaron que no implica injerencia extranjera en el control de espacios soberanos, sino cooperación frente a desafíos comunes en seguridad marítima. Según lo trascendido desde los propios Estados Unidos, el objetivo sería “fortalecer la seguridad marítima en el Atlántico Sur; combatir las amenazas de la pesca ilegal, el narcotráfico y otras actividades ilícitas; mejorar la vigilancia, patrullaje y monitoreo conjunto; y proporcionar equipamiento avanzado, patrullaje, entrenamiento de élite e interoperabilidad durante cinco años”.

El concepto de protección de bienes globales se relaciona con la defensa de la libertad de navegación y la seguridad en aguas internacionales. Dado el alcance de la mencionada carta de intención, consideramos que es competencia de la política exterior de la Nación y que, como mínimo, deberían haber intervenido los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, con conocimiento del Congreso de la Nación Argentina.

El citado mecanismo de cooperación le da acceso a cierto equipamiento a la Armada, pero para cumplir funciones de seguridad marítima. Esto incluye la transferencia de equipos, como sensores para los aviones de vigilancia marítima B-200M Cormorán, aviones Textron B-360 ER MPA de patrulla marítima y drones para ser empleados en los buques de patrulla clase Bouchard. Es de público conocimiento que la transferencia de tecnología estadounidense está sujeta a restricciones políticas.

El avión de vigilancia marítima B-200M Cormorán.

El acuerdo fue mostrado como una herramienta para contrarrestar la pesca ilegal, a pesar de que ya está operativo el sistema Guardacostas, una plataforma tecnológica que integra monitoreo satelital, datos AIS —sistema de identificación automática—, radares de búsqueda y rescate (SAR) y reportes electrónicos de buques, y que permite reconstruir el recorrido de embarcaciones extranjeras y nacionales sin necesidad de actuar directamente sobre ellas. Asimismo, consolida el rol de la Armada en materia de seguridad marítima, en un espacio geográfico donde también opera la Prefectura Naval.

El problema de la pesca se agrava en la milla 201, donde el derecho internacional tiene previsiones y la Argentina debe adoptar una decisión acorde a sus intereses nacionales. Existe un debate sobre la viabilidad de una Organización Regional de Ordenamiento Pesquero, pero la situación de las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur genera una fuerte discusión. No obstante, existe una serie de herramientas jurídicas para actuar ante la pesca ilegal; por ende, se trata de una cuestión atinente a la política exterior y no de un problema militar.

La Hidrovía también se transforma en un espacio de interés para la Armada. Esto quedó reflejado en la reunión que el comandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval, contraalmirante José Alberto Martí Garro, y el titular del Área Naval Fluvial, contraalmirante Damián Gabriel Orgiazzi, mantuvieron con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés. El objetivo fue la reactivación del muelle militar en el puerto de Corrientes, en el marco de programas de asistencia a la comunidad y respuesta ante emergencias, además del despliegue de unidades navales y la ampliación del radio de acción de los medios fluviales de la Armada.

La presencia naval en los ríos es escasa, tanto en medios como en instalaciones: Río Santiago, donde se asienta la Escuela Naval Militar; Apostadero Buenos Aires; Base Naval Zárate, sede del Área Naval Fluvial y del Batallón de Infantería de Marina N°2; y el Apostadero Posadas, donde existe un Liceo Naval.

La Armada Argentina es el “pariente pobre” de las Fuerzas Armadas, dado que ha quedado fuera de inversiones importantes en comparación con la Fuerza Aérea —programa de cazas F-16— y el Ejército —compra de camiones, blindados Stryker, posible adquisición de helicópteros y fusiles—. Esto ocurre a pesar de que, desde el punto de vista geopolítico, los espacios marítimos tienen un valor creciente por los recursos existentes, la presencia de pasos interoceánicos estratégicos, la proyección sobre la Antártida y el interés cada vez mayor de actores externos.

Armada Argentina.

Fusionar la Armada con la Prefectura Naval: una idea que no es nueva

En 2001, la crisis económica llevó al gobierno de la Alianza, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, a tomar medidas de austeridad. El ministerio de Economía estaba en manos de Domingo Cavallo y el secretario de Política Económica era Federico Sturzenegger. Horacio Jaunarena, entonces titular de Defensa, propuso el proyecto “Marina Argentina”: fusionar la Prefectura Naval con la Armada Argentina. La iniciativa implicaba, en aquel momento, un ahorro de 60 millones de dólares, además de pasar a retiro a 5 mil integrantes de ambas fuerzas, liquidar inmuebles y fusionar organismos con competencias similares.

Esto generó resistencias tanto en la Prefectura Naval como dentro del propio gobierno de la Alianza y en la oposición. El punto más espinoso era que la “Marina Argentina” propuesta por Jaunarena, al absorber a la Prefectura Naval, entraba en colisión con la ley de Seguridad Interior, que prohíbe expresamente la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interna. La conducción naval, sin embargo, se mostró optimista con la propuesta del entonces ministro de De la Rúa. En aquel momento, la Armada inició la reactivación del Área Naval Fluvial. Finalmente, ante la resistencia dentro y fuera del gobierno, el proyecto “Marina Argentina” quedó en la nada, para volver a dar vueltas más de dos décadas después, ahora en nombre del ajuste fiscal.

En la región, las armadas cuentan con direcciones o comandos de policía marítima o guardacostas con competencias similares a las de la Prefectura Naval, funcionando de manera equilibrada. En varios países —Colombia, Perú, Chile o Brasil— se observan fuertes inversiones para incrementar las capacidades militares, sin descuidar las de seguridad en los ámbitos portuario, fluvial y marítimo. Por lo tanto, el problema no es si las dos fuerzas deben ser fusionadas o no, sino la ausencia de una estrategia clara en materia de defensa de los intereses marítimos y fluviales nacionales.

En el caso de la Armada y la Prefectura Naval, ambas fuerzas comparten dependencias con funciones similares en materia de aviación, formación, búsqueda y rescate, y salvamento. No cabe duda de que hay una dispersión de medios y recursos. En lugar de caer en discusiones y competencias entre instituciones, malgastando el dinero de los contribuyentes, las leyes vigentes de Defensa y Seguridad Interior son claras y dichas fuerzas pueden complementarse. Ello demanda idoneidad, estrategia y planeamiento, algo que falta desde hace tiempo en las áreas de seguridad y defensa en la Argentina. (www.REALPOLITIK.com.ar)