La diputada nacional de La Libertad Avanza por Santa Fe, Romina Andrea Diez Villagra, aparece registrada en la consulta pública del Registro de Infractores al deber de votar de la Cámara Nacional Electoral con una multa pendiente correspondiente a las elecciones generales del 14 de noviembre de 2021. El dato no es menor: el Código Electoral Nacional establece que quienes no regularicen esa situación quedan alcanzados por restricciones para desempeñarse en funciones o empleos públicos.
Según surge del sistema oficial, Diez Villagra registra una infracción vinculada a las generales 2021 en Santa Fe. La consulta arroja una multa de 352 pesos y advierte que la boleta de pago, vigente dentro de los 60 días posteriores a la elección, se encuentra “vencida o no generada”.
El monto puede parecer insignificante, pero el problema es institucional. No se trata de una simple deuda administrativa: la infracción está asociada al incumplimiento de una obligación básica del sistema democrático, como es el deber de votar. Y la ley no se limita a imponer una multa.

El artículo 125 del Código Electoral Nacional establece que el elector que no emita su voto y no justifique su ausencia dentro del plazo legal deberá abonar una multa. Pero además agrega una consecuencia mucho más sensible: “El infractor no podrá ser designado para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años a partir de la elección”.
Ese punto abre un interrogante incómodo sobre la situación de Romina Diez. La dirigente libertaria no es una ciudadana anónima ni una militante de base: es diputada nacional, presidenta de La Libertad Avanza en Santa Fe y una de las figuras de confianza del armado político que responde a Javier y Karina Milei.
La contradicción política queda expuesta. La Justicia Electoral la muestra con una infracción pendiente por no votar, mientras ocupa una función pública nacional y participa de la sanción de leyes que rigen para el conjunto de los ciudadanos.

El registro consultado muestra que, para elecciones posteriores, Diez figura como “no infractora”. Ese es el caso de las PASO 2023, las generales 2023, el balotaje 2023 y las generales 2025. Sin embargo, permanece pendiente la situación correspondiente a las generales de 2021, el mismo año en que comenzó a consolidarse su exposición dentro del ecosistema libertario.
En el caso de Diez, el sistema indica específicamente que la boleta por las generales 2021 está vencida o no fue completada. La pregunta, entonces, no pasa por los 352 pesos sino por cómo una dirigente nacional que aparece como infractora electoral pendiente pudo avanzar en su carrera pública sin que esa situación fuera aclarada y/o regularizada.
El caso golpea especialmente sobre La Libertad Avanza, un espacio que hizo de la responsabilidad individual, el cumplimiento de la ley y la crítica a los privilegios de la política una bandera permanente. Sin embargo, hacia adentro del propio oficialismo aparecen zonas grises que contradicen ese discurso.
Para cualquier ciudadano común, no votar implica multa, advertencias, restricciones y la obligación de regularizar su situación ante la Justicia Nacional Electoral. Pero cuando la infractora es una diputada nacional del oficialismo, el asunto parece quedar reducido a un trámite olvidado. La paradoja es evidente.

El dato se suma a otros antecedentes incómodos que rodean a la diputada santafesina. Diez ya había quedado mencionada en distintas publicaciones por su cercanía al escándalo CoinX, la plataforma cripto promocionada por Javier Milei antes de llegar a la presidencia y luego señalada por presuntas maniobras fraudulentas.
La propia diputada admitió en su momento haber participado de reuniones vinculadas a esa firma, aunque negó haber formado parte del negocio. Sin embargo, su nombre quedó asociado a uno de los primeros escándalos financieros que salpicaron al actual presidente y a su entorno más cercano.
Ahora, la consulta del Registro de Infractores agrega otra postal incómoda: en el mismo período en que comenzaba a construir su proyección política, Romina Diez dejó sin regularizar una infracción por no votar en las elecciones nacionales de 2021. (www.REALPOLITIK.com.ar)