En el análisis de la rendición de cuentas del 2024 del Astillero Río Santiago, el Tribunal de Cuentas bonaerense dejó un dato explosivo: desaprobó egresos por 7 millones de pesos destinados a dos consultorías y formuló un cargo personal contra su presidente, Pedro Wasiejko, por un total de 10.382.315,08 pesos, con intereses incluidos.

El perfil de Wasiejko revela una trayectoria atravesada por la política, el sindicalismo y los cargos públicos: es docente en la UTN Avellaneda, secretario General del Frente Grande bonaerense (el partido de Mario Secco), titular de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FETIA) e integrante de la mesa nacional de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). 

En 2020 fue designado al frente del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata, en reemplazo de José María Doods, por decisión del gobierno de Axel Kicillof y del entonces ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. Desde ese lugar quedó integrado al esquema portuario y productivo provincial, antes de conducir el Astillero Río Santiago.

El organismo de control observó dos pagos realizados en julio de 2024: uno por 4 millones de pesos al Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior (OCIPEx) y otro por 3 millones de pesos a la fundación Proyecto Económico. En ambos casos, el Tribunal concluyó que los trabajos entregados no guardaban relación con el objeto contratado.

Informes navales que no hablaban del Astillero

Según el fallo, a OCIPEx se le abonó la orden de pago 261.329 el 29 de julio de 2024. El servicio contratado apuntaba a la elaboración de estudios para la articulación con el Astillero y el desarrollo de proyectos navales. Sin embargo, el Tribunal sostuvo que lo presentado fue un documento que constituía “un ensayo de opinión sobre lineamientos de política económica nacional”, sin desarrollo técnico ni operativo vinculado al Ente, acompañado por una carpeta institucional sin diagnósticos ni propuestas específicas.

Un día después, el 30 de julio de 2024, el Astillero abonó otros 3 millones de pesos a la fundación Proyecto Económico. En este caso se habían requerido informes sectoriales sobre la industria naval argentina, comercio internacional y transporte marítimo. Pero, de acuerdo al expediente, se entregaron informes de coyuntura de julio y agosto de 2024 centrados en variables macroeconómicas generales, como precios, política fiscal y política monetaria, sin abordar el sector naval ni desarrollar indicadores sobre astilleros, puertos o vías navegables.

Para el Tribunal, los productos entregados carecían de especificidad técnica, grado de personalización y aplicabilidad al objeto institucional del Astillero Río Santiago. Por eso, la división relatora formuló observación por la suma total de 7 millones de pesos, al entender que los respaldos presentados no se correspondían con los servicios contratados.

Wasiejko no presentó descargo

El punto político más delicado es que la observación fue trasladada a Pedro Andrés Wasiejko, presidente del Astillero durante todo el ejercicio 2024, pero el funcionario no presentó descargo alguno ni aportó elementos para desvirtuar la observación, siguiendo la máxima de que "el que calla, otorga".

El Tribunal remarcó que la responsabilidad recaía sobre Wasiejko por haber efectuado la solicitud de los servicios y su posterior certificación. En consecuencia, consideró acreditada la falta de rendición documentada y el perjuicio por una erogación sin contraprestación adecuada.

Con los intereses calculados desde la fecha de egreso de los fondos hasta el dictado de la sentencia, el monto original de 7 millones de pesos trepó a 10.382.315,08 pesos, suma por la que deberá responder personalmente Wasiejko.

Las organizaciones

La observación cobra mayor espesor al analizar el perfil de una de las entidades contratadas. OCIPEx se presenta como un colectivo dedicado al estudio y seguimiento de la política exterior argentina, con una mirada crítica sobre la inserción del país en el sistema internacional y una agenda centrada en régimen de acumulación, élites, conflicto hegemónico, reformas domésticas y planificación de políticas públicas.

En su propia página institucional, bajo el apartado “Convenios”, la organización exhibe una amplia red de entidades que “han confiado” en ella para trabajar en conjunto. Entre los logos visibles aparecen Banco Provincia, Astillero Río Santiago, Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz, municipalidad de Comodoro Rivadavia, municipalidad de Río Grande, municipalidad de Tafí Viejo, UNDEF, UTN, UNLaR, UMET, CLACSO, CTA Autónoma, ENAC, SUPEH, Trabajadores Informáticos, entre otros.

El director de OCIPEx es Manuel Valenti Randi, quien, según la información incorporada a esta investigación, registra antecedentes laborales en el Estado: en el Registro Nacional de las Personas entre diciembre de 2015 y noviembre de 2019, y en el ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense entre diciembre de 2020 y septiembre de 2021.

La otra entidad contratada, la fundación Proyecto Económico, se define como un centro de estudios político-económicos enfocado en la soberanía económica, la distribución justa del ingreso y la defensa del desarrollo nacional. Su economista jefa es Fernanda Vallejos, exdiputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

Vallejos también registra antecedentes de contratación estatal. Por caso, yn decreto del Senado de la Nación Argentina de 2015 autorizó la celebración de un contrato de locación de servicios con María Fernanda Vallejos, con destino al despacho de la senadora María de los Ángeles Higonet, entre el 1 de julio y el 30 de noviembre de ese año, por una cuota mensual de 7 mil pesos.

El dato no implica por sí mismo una irregularidad, pero sí permite reconstruir el perfil político-estatal de una referente cuya fundación terminó cobrando una consultoría observada por el Tribunal de Cuentas en el Astillero Río Santiago.

El resultado es una postal incómoda para el discurso productivista: mientras el Astillero Río Santiago demandó en 2024 un presupuesto definitivo superior a los 70.000 millones de pesos, el Tribunal terminó objetando consultorías millonarias por informes que, según el fallo, no servían para el objeto contratado. Algo que, puertas adentro, aseguran que es más normal de lo que se denuncia. (www.REALPOLITIK.com.ar)