La investigación judicial que involucra al Puerto de San Nicolás comenzó a generar impacto político dentro de la administración de Axel Kicillof. Mientras la causa avanza en la Justicia Federal, desde la provincia no hubo pronunciamientos públicos sobre los allanamientos realizados ni sobre los mecanismos de control que funcionan dentro del puerto público administrado bajo el esquema de consorcio de gestión.

El expediente, que tramita en el juzgado Federal de Campana, se originó a partir del hallazgo de un importante cargamento de carbonato de sodio, un producto que posee múltiples usos industriales pero que también integra el listado de sustancias cuya comercialización puede quedar bajo fiscalización estatal por su potencial utilización en procesos vinculados a estupefacientes. La investigación busca determinar si existieron irregularidades administrativas o eventuales responsabilidades penales en torno a su almacenamiento y circulación.

Puerto de San Nicolás.

Una investigación que escaló con nuevos allanamientos

El caso tomó mayor dimensión luego de una serie de procedimientos encabezados por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina, con participación del Escuadrón Seguridad Vial San Nicolás, la agrupación Buenos Aires, la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Campana, junto con personal especializado de la dirección Antidrogas y del Centro de Operaciones Antidrogas.

Según la investigación, uno de los procedimientos alcanzó instalaciones utilizadas por la empresa Terminales y Servicios (TyS), donde se secuestró un importante volumen de carbonato de sodio almacenado en depósitos ubicados sobre la avenida Savio. La Justicia intenta establecer el destino de esa carga, la documentación respaldatoria de su ingreso y las condiciones bajo las cuales permanecía almacenada.

Los allanamientos realizados durante junio instalaron interrogantes sobre la capacidad de fiscalización dentro del predio portuario. La causa permanece bajo secreto en varios de sus aspectos y las medidas ordenadas por la Justicia continúan desarrollándose mientras se analizan elementos secuestrados durante los procedimientos.

Los controles provinciales quedaron en el centro del debate

Más allá del expediente judicial, el caso abrió una discusión política sobre el funcionamiento de los controles provinciales en uno de los principales puertos públicos bonaerenses. La ausencia de explicaciones oficiales alimentó cuestionamientos respecto del sistema de supervisión sobre las cargas que operan empresas privadas dentro del predio.

La administración portuaria depende de organismos provinciales vinculados al ministerio de Producción que conduce Augusto Costa y a la política portuaria bonaerense. Hasta el momento no trascendieron informes públicos que indiquen si, luego de los procedimientos federales, se iniciaron auditorías internas o revisiones administrativas para evaluar eventuales fallas en los mecanismos de control.

El silencio oficial también generó críticas en sectores de la oposición, que reclaman conocer si existieron inspecciones previas, qué protocolos se aplican para el ingreso y almacenamiento de sustancias fiscalizadas y cuáles fueron las acciones adoptadas tras las intervenciones judiciales.

El ministro Augusto Costa.

El impacto político de una causa que sigue abierta

El avance de la investigación coincidió con una recorrida institucional de Axel Kicillof por la región norte bonaerense. Mientras el gobernador encabezaba actividades oficiales en Ramallo, la causa continuaba sumando medidas judiciales en el Puerto de San Nicolás, un dato que no pasó inadvertido dentro del escenario político provincial.

La investigación también volvió a poner bajo observación la relación entre el Estado provincial y los operadores privados que desarrollan actividades logísticas dentro del puerto. En ese contexto, la Justicia busca reconstruir responsabilidades y determinar si existieron incumplimientos administrativos o posibles conductas ilícitas vinculadas con la operatoria investigada.

Por ahora no existen imputaciones públicas contra funcionarios provinciales derivadas de esta causa. Sin embargo, el expediente mantiene abierta una serie de interrogantes sobre los sistemas de control estatal, la supervisión de las cargas y la coordinación entre organismos provinciales y fuerzas federales en un área considerada estratégica para la logística y el comercio exterior bonaerense. (www.REALPOLITIK.com.ar)