La empresa estatal bonaerense Centrales de la Costa Atlántica SA -rebautizada como Buenos Aires Energía SA (BAESA)- dejó expuesto en sus propios estados contables un conflicto de alto voltaje económico y político: penalidades millonarias aplicadas por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), un arbitraje internacional contra la contratista ProEnergy, un laudo que no le dio toda la razón a la compañía estatal y acciones judiciales contra exdirectivos.

El caso tiene origen en la puesta en funcionamiento de las unidades TG 23 y TG 24 de la Central 9 de Julio, ubicada en Mar del Plata. Según la documentación contable de la empresa, por motivos vinculados a la obra ejecutada por ProEnergy no se habría podido cumplir con la fecha comprometida de habilitación comercial de esas unidades.

Ese atraso derivó en cargos por incumplimiento aplicados por CAMMESA. En sus estados contables 2023, Centrales de la Costa consignó que la administradora mayorista facturó cargos por 210.061.186 pesos y que, como consecuencia del atraso en la fecha comprometida de habilitación de las TG 23 y TG 24, la facturación de CAMMESA se redujo en 11.701.695 dólares. La empresa también reconoció que esos pagos fueron canalizados mediante un esquema de hasta 48 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con una tasa efectiva anual del 1,7 por ciento, y que al 31 de diciembre de 2023 los pagos pendientes por ese concepto ya habían finalizado.

El reclamo contra ProEnergy

A partir de 2020, Centrales de la Costa formalizó el reclamo contra ProEnergy Services LLC, a la que apuntó como responsable de la demora comercial. La empresa estatal sostuvo que la contratista debía hacerse cargo de la penalidad impuesta por CAMMESA, en el marco de las normas contractuales que regían la obra de adquisición, montaje y puesta en marcha de las TG 23 y TG 24.

El 14 de julio de 2020, Centrales envió intimaciones a la contratista y a su filial local para reclamar el pago de los montos ya abonados y el saldo de la multa, con más los intereses previstos en el contrato. Luego se inició el mecanismo de resolución de controversias establecido en la cláusula 18 del contrato anexo de octubre de 2016.

La conciliación no prosperó. La propia empresa sostuvo que ProEnergy asumió una “actitud evasiva”, por lo que el 23 de diciembre de 2020, durante la sesión de directorio número 458, Centrales dio por concluida esa instancia e inició el procedimiento arbitral. El 23 de marzo de 2021, el caso fue presentado ante la secretaría de la Cámara de Comercio Internacional.

Durante 2022 y 2023, ambas partes continuaron el proceso mediante la presentación de memoriales y respuestas. La empresa dejó asentado, además, que las audiencias estaban previstas para agosto de 2024, bajo las normas de la Cámara de Comercio Internacional y con sede en la ciudad de La Plata.

El laudo internacional

La historia tuvo una derivación clave en 2025. La Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional dictó el laudo final el 24 de abril de 2025, en la causa 26140/JAAJP. Luego, el 27 de agosto de 2025, se incorporó una solicitud de interpretación del laudo sobre costos.

La decisión arbitral no le dio toda la razón a Centrales de la Costa, hoy rebautizada como Buenos Aires Energía y bajo la presidencia de Alexis Zuliani. El tribunal determinó que la fecha de finalización garantizada había sido prorrogada por acuerdo de las partes desde el 1 de febrero de 2017 hasta el 22 de marzo de 2017, por lo que ProEnergy no debía responder por los daños líquidos correspondientes a ese período.

Sin embargo, el laudo sí concluyó que no correspondía extender esa prórroga por supuestos retrasos justificados entre el 22 de marzo y el 1 de abril de 2017. Por ese tramo de apenas diez días, ProEnergy quedó como responsable por 2.320.050 dólares.

El dato más incómodo para la empresa estatal aparece en la interpretación del propio resultado arbitral: la mayor parte de las penalidades aplicadas por CAMMESA no habría derivado exclusivamente de la conducta de ProEnergy, sino de gestiones y decisiones aprobadas por el directorio de Centrales de la Costa en la reunión número 385 del 14 de febrero de 2017.

En otras palabras, Centrales inició un reclamo internacional para trasladar a la contratista el peso de las penalidades, pero el laudo terminó limitando la responsabilidad de ProEnergy a un período de diez días y ubicando el foco principal en decisiones internas de la propia conducción de la empresa estatal.

Davel Maximiliano.

La vía judicial: denuncia penal y acción de responsabilidad

El conflicto no quedó limitado al arbitraje internacional. En sus estados contables 2023, Centrales de la Costa informó también la existencia de acciones judiciales relacionadas con el contrato de ProEnergy.

La primera fue una denuncia penal, recibida por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 2 de La Plata, bajo la IPP 29753/21.

La segunda fue una acción judicial de responsabilidad, en los términos del artículo 276 de la ley General de Sociedades, caratulada: “Centrales de la Costa Atlántica SA c/ Davel Maximiliano y otros s/ sociedades - acciones derivadas de la ley D”, radicada ante el juzgado Civil y Comercial Nro. 4 de La Plata.

El nombre de Maximiliano Davel no resulta menor. Se trata de un exdirector de Centrales de la Costa Atlántica SA, vinculado además al mundo de la consultoría privada. Su aparición en la acción social de responsabilidad le da al caso una dimensión que excede el simple conflicto contractual con una empresa proveedora.

Según registros comerciales y perfiles públicos, actualmente Davel aparece vinculado a Electra Consultores SA, una firma privada de servicios y consultoría con sede en Bella Vista, provincia de Buenos Aires, inscripta bajo el CUIT 30-71507577-2. El dato agrega una capa incómoda al caso: uno de los exdirectores demandados por la propia empresa estatal mantiene actividad en el universo de la consultoría, un terreno particularmente sensible cuando se trata de contrataciones, asesoramientos y decisiones vinculadas al sector energético.

No se trata, entonces, de una discusión técnica aislada. El expediente muestra una cadena de hechos que va desde una obra energética con demoras, pasa por penalidades millonarias aplicadas por CAMMESA, escala a un arbitraje internacional y termina con una demanda contra exdirectivos de la propia compañía estatal.

Una empresa con discurso de integridad

El contraste aparece en la misma memoria 2023 de Centrales. Mientras describe el conflicto con ProEnergy, la empresa también destaca avances en materia de integridad, transparencia, auditoría interna y gestión de riesgos. Incluso menciona el mantenimiento de la certificación ISO 37001:2017, vinculada a sistemas de gestión antisoborno, y la adhesión al Registro de Integridad y Transparencia para Empresas y Entidades.

La postal resulta incómoda: una empresa estatal que exhibe políticas de integridad y transparencia, pero que al mismo tiempo arrastra un conflicto millonario por penalidades, un arbitraje internacional, una denuncia penal y una acción de responsabilidad contra exdirectivos.

Números rojos y pérdida millonaria

El balance tampoco ayuda a despejar el clima. Al cierre del ejercicio 2023, Centrales de la Costa informó una pérdida neta de 8.232.819.713 pesos, muy por encima de la pérdida registrada en 2022, que había sido de 1.672.550.764 pesos. La empresa también mostró una caída en la generación de energía durante 2023 y una disminución del 28 por ciento promedio en las horas de utilización de su parque generador respecto del año anterior.

En ese escenario, el caso ProEnergy aparece como mucho más que una controversia contractual. Es una ventana hacia las tensiones internas de una empresa estatal estratégica, atravesada por decisiones de gestión, contratos millonarios, responsabilidades empresarias y derivaciones judiciales.

Lo que figura en los balances y en el laudo internacional no deja demasiado margen para minimizar el episodio: Centrales de la Costa reconoció penalidades millonarias, reclamó contra ProEnergy, obtuvo solo una responsabilidad acotada de la contratista por diez días y promovió acciones judiciales para deslindar responsabilidades internas.

El resultado final del conflicto podrá discutirse en expedientes, balances y juzgados. Pero la dimensión política ya quedó escrita en los propios papeles de la empresa: una obra energética demorada, una penalidad de impacto millonario, un arbitraje internacional adverso en lo central y exdirectivos bajo la lupa judicial. (www.REALPOLITIK.com.ar)