La rendición de cuentas de Autopistas de Buenos Aires SA (AUBASA) dejó una observación sensible sobre la administración de la empresa estatal: la liquidación de 116.837 horas de servicio de policía adicional por encima de lo previsto en el convenio firmado con el ministerio de Seguridad bonaerense. La decisión incluyó un llamado de atención contra José Ramón Arteaga y otros cinco responsables de la compañía.

El fallo 234/2026, correspondiente al expediente 2-344.0-2024, analizó la cuenta del ejercicio 2024 de AUBASA, empresa encargada de la administración de corredores estratégicos como la Autopista Buenos Aires - La Plata y el Sistema Vial Integrado del Atlántico. Durante ese período, la conducción de la firma atravesó varios cambios: Felipe Martín Vismara presidió la sociedad entre el 1 de enero y el 7 de marzo; Juan Guillermo Sauro lo hizo entre el 8 de marzo y el 5 de junio; y José Ramón Arteaga quedó al frente desde el 6 de junio hasta el 31 de diciembre.

La observación central del Tribunal de Cuentas no estuvo dirigida al servicio policial en sí, sino al modo en que AUBASA administró, liquidó y justificó las horas contratadas bajo el esquema de policía adicional (POLAD). Según el relevamiento de la relatoría, las liquidaciones excedieron las cantidades mensuales previstas en el anexo I del convenio suscripto el 7 de diciembre de 2023 entre la empresa y el ministerio de Seguridad.

El exceso detectado

El cuadro incorporado al fallo muestra que, durante el ejercicio auditado, AUBASA liquidó 116.837 horas por encima de lo previsto. El grueso del exceso se concentró en la Autopista Buenos Aires - La Plata, donde se registraron 101.732 horas excedidas. En el Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA), la diferencia fue de 15.345 horas, mientras que en la ruta 6 se observó un saldo negativo de 240 horas.

La relatoría consideró que esas diferencias configuraban un incumplimiento del anexo I del convenio, ya que las horas fijadas por corredor no podían ser ampliadas unilateralmente. El organismo de control remarcó que el acuerdo habilitaba la redistribución de efectivos u horas, pero no la superación de los límites cuantitativos pactados.

AUBASA intentó justificar la operatoria en razones de seguridad vial y operativa. En su descargo, la empresa sostuvo que las horas adicionales respondieron a necesidades concretas de la traza: emergencias, atención a usuarios, centros de asistencia, custodia de equipos, trabajos sobre la vía, refuerzos por animales sueltos, hechos de vandalismo, episodios de “tirapiedras” en Quilmes, cobertura en días festivos y tareas vinculadas a obras en ejecución.

Sin embargo, esas explicaciones no alcanzaron para subsanar la observación. El organismo señaló que la adenda firmada el 6 de diciembre de 2024 incorporó previsiones para situaciones urgentes o necesidades adicionales, pero que esa modificación no podía utilizarse para justificar de manera retroactiva liquidaciones efectuadas con anterioridad a su vigencia.

Juan Guillermo Sauro junto a su referente político Gabriel Katopodis.

Arteaga y la conducción de AUBASA

El foco político del fallo recae sobre José Ramón Arteaga, quien presidió AUBASA desde el 6 de junio hasta el cierre del ejercicio 2024. El Tribunal lo incluyó entre los responsables alcanzados por la sanción de llamado de atención, junto con otros integrantes y funcionarios de la estructura de conducción de la empresa.

La resolución también aplicó la misma sanción a Felipe Martín Vismara, presidente de AUBASA entre el 1 de enero y el 7 de marzo de 2024; Juan Guillermo Sauro, presidente entre el 8 de marzo y el 5 de junio; Walter José Abarca; Diego Martín Lasala; y Mauro Daniel Moretti, gerente de Tránsito y Seguridad Vial y subgerente de Seguridad Patrimonial durante todo el ejercicio.

En el caso de Moretti, el fallo lo menciona por su rol específico en la conformación de las “Boletas de Servicio General - Policía Adicional” junto con el ministerio de Seguridad. En cuanto a los miembros del directorio, el Tribunal los responsabilizó por su función de organizar y administrar la sociedad conforme al estatuto de AUBASA.

El voto del Tribunal fue claro: debía confirmarse la observación “en el terreno de lo formal” por el incumplimiento del convenio suscripto entre AUBASA y el ministerio de Seguridad. Si bien no se formuló un cargo económico ni se ordenó devolución de fondos, el organismo consideró acreditados los supuestos para aplicar una sanción.

Una empresa con números en rojo

El fallo también expone las principales variables económicas de AUBASA en 2024. La empresa cerró el ejercicio con un activo de 112.688.693.288 pesos, un pasivo de 70.154.592.659 pesos y un patrimonio neto de 42.534.100.629 pesos.

En materia operativa, registró ingresos netos por servicios por 121.765.405.243 pesos, costos de servicios prestados por 92.824.571.226 pesos y gastos de administración y comercialización por 13.955.033.517 pesos. A ello se sumó un canon variable negativo por 21.776.016.007 pesos, lo que derivó en un resultado final negativo de 6.114.290.444 pesos.

Ese contexto vuelve más sensible la observación del Tribunal: una empresa con resultado negativo, altos costos operativos y fuerte incidencia de gastos vinculados al funcionamiento de la traza terminó recibiendo una sanción formal por exceder las horas liquidadas en un convenio clave para su esquema de seguridad.

La señal administrativa es clara: el problema no fue la presencia policial en las rutas, sino la forma en que AUBASA gestionó y liquidó horas por encima del marco acordado, sin una cobertura contractual previa que habilitara esos excesos durante buena parte del ejercicio auditado. (www.REALPOLITIK.com.ar)