Facundo Encalada tomó en octubre de 2017 un crédito hipotecario UVA del Banco Provincia para acceder a una vivienda única y familiar, en el marco del programa Procrear “Solución Casa Propia”. Siete años después, la cuota se volvió prácticamente impagable, la Justicia rechazó su reclamo en dos instancias y el costo para intentar llegar a la Suprema Corte bonaerense aparece como una barrera económica imposible de atravesar.

“Estoy devastado”, resumió Encalada ante REALPOLITIK. Según explicó, la cuota ya ronda los 1,4 millones de pesos y aumenta mes a mes entre 20 y 30 mil pesos. “Me tengo que mudar, alquilar un lugar chiquito y seguir pagando la cuota”, relató, luego de perder el juicio iniciado contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a la documentación judicial a la que accedió este medio, la causa tramita bajo la carátula “Encalada Facundo H. c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Acción de reajuste”, expediente 284.440, y el 18 de junio de 2026 la Sala I de la Cámara Primera de Apelación de La Plata confirmó el rechazo de la demanda. La sentencia fue firmada por las juezas Adriana Beatriz Montoto y Ana María Bourimborde, con intervención del secretario de Cámara, Claudio Javier Vidolin.

La promesa del 25 por ciento

El eje del reclamo es concreto: los tomadores del crédito sostienen que el sistema fue presentado bajo una condición central, que la relación cuota-ingreso no superaría el 25 por ciento de los ingresos familiares. Sin embargo, según el informe acercado a REALPOLITIK, al momento de la demanda la cuota ya representaba el 48,63 por ciento de los ingresos familiares, casi el doble del límite invocado por los actores.

El préstamo original fue otorgado el 13 de octubre de 2017 por 2.262.700 pesos, equivalentes a 111.573 unidades de valor adquisitivo, a devolver en 324 cuotas. La propia sentencia de Cámara reconoce esos datos y también consigna que la cuota inicial representaba el 20,01 por ciento de los tres ingresos evaluados para el otorgamiento del crédito, aunque si se computaban solo los ingresos de Encalada y su expareja esa relación ascendía al 35,64 por ciento.

La familia sostiene que el diseño publicitado del crédito se apoyaba en una actualización acompasada con el poder adquisitivo del salario, pero que la evolución inflacionaria terminó transformando la obligación en una carga cada vez más pesada. En el expediente, los actores pidieron que se revisara el contrato, que se aplicara otro índice de actualización y que se reconociera la afectación real sobre sus ingresos.

Dos fallos adversos y una puerta cerrada

El camino judicial comenzó en octubre de 2024, cuando Encalada y su expareja promovieron una acción de reajuste y nulidad de cláusulas abusivas contra el Banco Provincia. Según el informe del caso, en noviembre de ese año el juzgado Civil y Comercial Nro. 19 de La Plata hizo lugar a una medida cautelar para que la cuota no superara el 25 por ciento de los ingresos mientras durara el proceso.

Pero el Banco Provincia, que preside el economista Juan Cuattromo, apeló y la Cámara revocó aquella cautelar. Luego, en febrero de 2026, la jueza María Cecilia Tanco rechazó la demanda principal. El argumento central, según surge de la sentencia de Cámara, fue que la modalidad UVA había sido diseñada para operar en una economía inflacionaria y que la inflación era una variable prevista dentro del tipo de crédito elegido.

La Cámara ratificó esa mirada. Para las magistradas, no quedó acreditada la onerosidad sobreviniente que habilitara la revisión del contrato ni el reajuste por otros medios alternativos. También sostuvieron que los actores no podían desconocer el carácter de codeudora de su exsuega, cuyos ingresos habían sido considerados al momento de evaluar el préstamo.

Axel Kicillof y Juan Cuattromo.

“No puedo pagar para llegar a la Suprema Corte”

El golpe final, según Encalada, no fue solo judicial sino económico. La alternativa disponible era acudir a la Suprema Corte bonaerense mediante un recurso extraordinario, pero el costo estimado para habilitar esa instancia ronda los 100 IUS, alrededor de 5 millones de pesos.

“Para ingresar a la Suprema Corte necesito 5 millones de pesos. No tengo ni la mitad”, explicó. “Perdí el juicio, tengo que pagar el litigio y con mi sueldo y lo que me pasa mi ex es insoportable”, agregó.

El informe entregado a este medio señala que la nueva patrocinante calculó el mínimo posible bajo “monto indeterminado”, pero que, de determinarse el monto real del crédito en disputa, el arancel podría ser aún mayor. Para los actores, esa exigencia convierte el acceso a la Suprema Corte en una posibilidad reservada para quienes pueden pagarla.

Sospechas sobre la defensa técnica

Otro punto sensible del caso apunta a la actuación de la abogada que intervino inicialmente en el expediente. Según el documento aportado, la letrada Mercedes Tonelli habría comunicado a Encalada en marzo de 2026 que tenía una “situación de incompatibilidad” y que no podía continuar. Los actores sostienen que la profesional se habría retirado sin presentar una renuncia formal y en una etapa crítica del proceso.

La información se consigna con carácter presunto, ya que, según el propio informe, los actores solicitaron oficios para verificar si la abogada desempeñó funciones incompatibles con el ejercicio profesional. En ese contexto, atribuyen parte del resultado adverso a la calidad técnica del memorial de agravios presentado en Cámara.

En ese marco, según consultas de este medio, Tonelli expone una extensa vinculación con el sector estatal: gobernación de la provincia de Buenos Aires (2016 - 2018),secretaría Legal y Técnica (2018 - 2019), municipalidad de La Plata (2020 - 2024), Agencia Nacional de Seguridad Vial (2024 - 2025) y poder judicial (2026).

El contraste político

El caso expone además un flanco político incómodo para la provincia. Axel Kicillof cuestionó públicamente en distintas oportunidades los créditos UVA tomados durante la gestión de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, pero los deudores sostienen que el Estado bonaerense no ofreció una solución integral para quienes quedaron atrapados en ese esquema.

Encalada tomó el crédito durante la gestión de Vidal, pero el reclamo terminó chocando contra el Banco Provincia y contra una estructura judicial bonaerense que, según denuncia, no contempló la dimensión social del problema. “La Justicia falló a favor de lo que es así, lamentablemente”, expresó.

La Cámara, en cambio, entendió que la tutela del consumidor no puede utilizarse para desconocer las condiciones contractuales aceptadas al momento de tomar el crédito. En la sentencia, sostuvo que esa protección funciona como pauta para evitar abusos, pero no como mecanismo para liberar a una parte de obligaciones asumidas libremente.

Una vivienda en riesgo y una familia agotada

La decisión de no seguir litigando no implica, para Encalada, aceptar la justicia del fallo. Implica reconocer que no puede pagar el costo de una nueva instancia. Después de años de reclamos, cuotas crecientes, costas judiciales y una deuda que no deja de actualizarse, la salida parece ser achicar su vida cotidiana para sostener una obligación que, según afirma, ya consume más de la mitad de sus posibilidades reales.

“Si dejo de pagar, aumenta todos los meses. Estoy en 1.400.000”, lamentó. La vivienda que debía representar estabilidad familiar terminó convertida en una carga económica y emocional. Y el caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que ningún gobierno terminó de resolver: qué ocurre cuando una política pública de acceso a la vivienda se vuelve, para sus propios beneficiarios, una trampa financiera. (www.REALPOLITIK.com.ar)