La decisión del gobierno de Alberto Weretilneck de avanzar con un sistema de control de asistencia mediante reconocimiento facial para los empleados públicos abrió un nuevo frente de polémica política. No sólo por el rechazo de los gremios estatales y del sector de la Salud, sino también por el entramado empresario que rodea a la firma adjudicataria, Airata SA, una compañía especializada en identidad digital y biometría cuyos principales referentes aparecen vinculados al nuevo ecosistema tecnológico que orbita alrededor del gobierno de Javier Milei.

Aunque desde la administración provincial sostienen que el objetivo es modernizar los mecanismos de control del Estado, la contratación, cuyo costo fue estimado por distintos medios y legisladores en alrededor de 1.500 millones de pesos, todavía despierta más preguntas que respuestas. Hasta el momento no trascendieron públicamente el expediente administrativo, la resolución de adjudicación ni el contrato completo que permitan conocer en detalle cómo fue el proceso mediante el cual ALTEC seleccionó a la empresa que administrará uno de los activos más sensibles del Estado: los datos biométricos de miles de trabajadores públicos.

El sistema comenzará a implementarse en hospitales públicos y posteriormente se extendería al resto de la administración provincial. La iniciativa provocó el rechazo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR), que cuestionaron la prioridad presupuestaria otorgada a un esquema de control de asistencia mientras persisten reclamos por infraestructura hospitalaria, salarios, incorporación de personal e insumos médicos.

Sin embargo, detrás de la discusión gremial comienza a aparecer otra historia: la del creciente negocio de la identidad digital y la biometría, un mercado que en los últimos años pasó a ocupar un lugar estratégico tanto para el sector privado como para distintos organismos del Estado.

La empresa que administrará la identidad biométrica

Airata SA no es una firma desconocida dentro del sector tecnológico. Constituida en 2014 y dedicada originalmente a servicios informáticos y telecomunicaciones, amplió posteriormente su objeto social para incorporar el desarrollo de plataformas digitales, procesamiento de datos, identidad electrónica, sistemas biométricos y servicios de pago digitales.

Su plataforma insignia, MIAid, se presenta como un sistema de identidad digital basado en estándares internacionales que permite autenticar personas mediante reconocimiento facial, firma biométrica y credenciales digitales. La propia empresa promociona la herramienta para gobiernos, sistemas sanitarios, entidades financieras y controles de acceso, incluyendo el registro automatizado de asistencia laboral.

Ese dato no es menor. El mismo producto que Airata ofrece comercialmente es el que comenzará a implementarse en Río Negro para controlar el presentismo de los trabajadores estatales.

Un entramado empresario que llega hasta la Casa Rosada

El principal referente de Airata SA es Gabriel Pablo De Simone, empresario especializado en identidad digital y ciberseguridad que, durante los últimos años, profundizó su relación con OCP Tech, una compañía que también ganó protagonismo como proveedora del Estado nacional.

Ambas empresas impulsan conjuntamente el desarrollo de MIAid, la plataforma de identidad digital que Airata SA exhibe como uno de sus principales desarrollos tecnológicos y que recientemente fue presentada en distintos ámbitos académicos y empresariales como una herramienta destinada a transformar los procesos de autenticación digital.

La aparición de OCP Tech dentro de esta historia no resulta casual. La firma es señalada por distintos informes periodísticos como una de las empresas que crecieron durante la actual administración de Javier Milei dentro del sector tecnológico vinculado a contrataciones estatales, luego de su cambio societario y de nuevas alianzas comerciales.

En ese ecosistema aparecen además empresarios como Federico Haymes Biedma y Leonardo Scatturice, este último conocido por sus vínculos con el mundo de la inteligencia privada, la organización de la CPAC y diversos negocios tecnológicos desarrollados durante los últimos años.

Aunque no existe documentación pública que vincule directamente la contratación realizada por Río Negro con decisiones del gobierno nacional, la sucesión de sociedades comerciales, asociaciones empresariales y desarrollos tecnológicos comunes vuelve inevitable que el nombre del poderoso asesor presidencial Santiago Caputo aparezca mencionado dentro de las reconstrucciones periodísticas realizadas sobre este nuevo mapa de poder tecnológico.

Santiago Caputo.

Los datos personales, el verdadero negocio

Especialistas en protección de datos personales advierten desde hace tiempo que la biometría constituye una de las categorías de información más sensibles dentro de cualquier base estatal. A diferencia de una contraseña o un documento de identidad, una huella facial no puede modificarse una vez comprometida.

Por ese motivo, distintos sectores opositores en Río Negro solicitaron conocer dónde serán almacenados los registros biométricos, quién administrará los servidores, qué protocolos de seguridad se aplicarán y cuáles serán las garantías para evitar filtraciones o usos distintos a los previstos originalmente.

Hasta ahora esas respuestas no fueron difundidas públicamente.

La propia Airata SA sostiene que su tecnología utiliza estándares internacionales de identidad digital descentralizada, blockchain y autenticación biométrica para gobiernos, empresas y organismos públicos.

Un expediente que todavía permanece bajo llave

Más allá del debate político sobre el control del presentismo, el principal interrogante continúa siendo administrativo.

Si efectivamente la contratación ronda los 1.500 millones de pesos, como sostienen distintos medios provinciales y legisladores de la oposición, todavía resta conocer bajo qué modalidad fue adjudicada, cuántas empresas participaron del proceso, cuáles fueron los criterios técnicos de evaluación y qué obligaciones asumió la firma contratada respecto del tratamiento de los datos personales de miles de empleados públicos.

Mientras los gremios cuestionan el destino de los recursos y la oposición reclama acceso al expediente completo, el gobierno de Alberto Weretilneck enfrenta un desafío adicional: demostrar que detrás del millonario negocio del reconocimiento facial hubo un procedimiento transparente y que la digitalización del Estado no terminará convirtiéndose en otro capítulo de la creciente disputa por el control de la información y de los datos de los ciudadanos. (www.REALPOLITIK.com.ar)