El centro socioeducativo de privación de la libertad de Lomas de Zamora (ex CREU), dependiente del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), volvió a quedar en el centro de una fuerte polémica luego de que la Justicia advirtiera que los adolescentes allí alojados son sometidos a condiciones que configuran un "trato cruel, inhumano y degradante".

La resolución fue firmada el 29 de junio de 2026 por la jueza Marta Elba Pascual, titular del juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nro. 2 de Lomas de Zamora, quien intimó al director del establecimiento, Marcelo Pombo, y a las máximas autoridades del OPNyA —la directora ejecutiva Andrea Cáceres y el subsecretario José Luis Zerillo— a revertir en un plazo improrrogable de 48 horas una serie de graves deficiencias detectadas dentro del instituto.

La decisión judicial constituye un nuevo capítulo de una crisis que desde hace tiempo arrastra el sistema penal juvenil bonaerense y que vuelve a poner bajo presión política al organismo que depende del ministro Andrés "Cuervo" Larroque.

Una intervención que podría marcar un punto de quiebre

La actuación de la jueza Pascual llegó luego de sucesivas denuncias e inspecciones que, según surge del expediente, no lograron modificar las condiciones ya observadas en anteriores oportunidades.

Fuentes vinculadas al organismo sostienen que la magistrada estaría decidida a poner fin a una situación que considera insostenible y que, de persistir los incumplimientos, no se descartarían medidas aún más severas respecto del funcionamiento del establecimiento, entre ellas una eventual clausura. Hasta el momento, esa posibilidad no surge expresamente de la resolución judicial.

Prohibición de nuevos ingresos y posible delito

Uno de los aspectos más contundentes del fallo fue la reiteración de la prohibición de alojar nuevos adolescentes en el centro.

La jueza ordenó además reubicar de manera urgente a todos aquellos jóvenes que hubieran ingresado con posterioridad a la prohibición previamente dispuesta y dio inmediata intervención al ministerio Público Fiscal para investigar un posible incumplimiento de una orden judicial, al advertir que podrían configurarse delitos de acción pública.

Hambre, frío y abandono

El fallo describe un panorama alarmante dentro del establecimiento. La magistrada ordenó adecuar las raciones alimentarias para garantizar que "ningún joven permanezca con hambre", reparar los vidrios rotos y los desperfectos edilicios que permiten el ingreso permanente del frío, calefaccionar correctamente todos los sectores y entregar colchones aptos junto con ropa de cama suficiente para todos los adolescentes.

También dispuso solucionar los problemas de provisión de agua caliente y agua potable, garantizar condiciones dignas de higiene y dotar al establecimiento de médicos, psicólogos y psiquiatras suficientes para atender la salud física y mental de los jóvenes privados de libertad.

La resolución fue notificada, además de a las autoridades del instituto y del OPNyA, al Tribunal de Casación bonaerense, al Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, a la defensoría Penal Juvenil, a la Fiscalía Penal Juvenil y al fiscal general departamental.

El centro socioeducativo de privación de la libertad de Lomas de Zamora (ex CREU).

Una conducción bajo creciente cuestionamiento

La resolución judicial vuelve a colocar bajo la lupa a la conducción política y administrativa del OPNyA. El director del establecimiento, Marcelo Pombo, que durante su gestión intentó presentar al centro de Lomas de Zamora como uno de los dispositivos mejor administrados del sistema, enfrenta ahora una resolución judicial que expone un cuadro de extrema gravedad y un cúmulo de denuncias que comprometen el funcionamiento de la institución.

Fuentes del organismo aseguran que el avance de las investigaciones y la acumulación de cuestionamientos debilitaron significativamente su situación y que, si se producen cambios en la conducción provincial del área, su continuidad también quedaría seriamente comprometida.

El caso Otero

En paralelo, el director provincial de Institutos Penales, Claudio Otero, continúa siendo formalmente el máximo responsable del área, aunque distintos sectores del organismo afirman que su salida sería inminente.

Su gestión es señalada por numerosos trabajadores y fuentes internas como una de las más conflictivas de los últimos años, marcada por denuncias, problemas de funcionamiento, conflictos internos y un creciente deterioro del sistema de institutos penales juveniles.

Pese a ello, dentro del OPNyA circulan versiones que indican que Otero podría continuar desempeñándose dentro del organismo una vez concretada su salida del área penal, incluso cerca de la directora ejecutiva Andrea Cáceres. Hasta el momento, esa información no fue confirmada oficialmente.

Un organismo nuevamente bajo presión

Mientras la Justicia exige el cumplimiento inmediato de medidas básicas para garantizar alimentación, calefacción, higiene, atención sanitaria y condiciones dignas de alojamiento, la conducción del OPNyA vuelve a enfrentar fuertes cuestionamientos por el estado del sistema penal juvenil bonaerense.

El fallo deja al descubierto una realidad de extrema gravedad: adolescentes bajo custodia del Estado provincial alojados en condiciones que la propia Justicia calificó como crueles, inhumanas y degradantes.

Con un plazo de apenas 48 horas para cumplir las órdenes impartidas por la magistrada, el organismo encabezado por Andrea Cáceres y dependiente políticamente del ministro Andrés Larroque enfrenta uno de los episodios más delicados de los últimos años y una nueva crisis que amenaza con profundizarse si las deficiencias señaladas por la Justicia no son corregidas de manera inmediata. (www.REALPOLITIK.com.ar)