El caso involucra a Ezequiel Martínez, un trabajador del gobierno provincial que aseguró que todo ocurrió apenas cuatro meses después de la muerte de su hijo. Según su testimonio, fue citado por el entonces subsecretario General Guillermo Paván para una reunión en la que supuestamente solo estaría presente la directora de Personal, con el objetivo de avanzar en una solución por el reclamo de horas extras.

Sin embargo, al llegar al encuentro, el escenario fue otro. “Me estaban esperando psicólogos, psiquiatras, abogados, licenciados, asistentes sociales, gremialistas que ni conocía, gente de todos lados. Me hicieron una cama terrible”, relató Martínez.

La documentación a la que accedió este medio abre un interrogante institucional de máxima gravedad: qué hacía un equipo de Salud Mental  del ministerio que conduce Nicolás Kreplak, interviniendo en un conflicto laboral dentro de Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y por fuera del circuito formal de juntas médicas.

La nota de 2022: evaluación, licencia y “medidas institucionales”

Una nota oficial fechada el 2 de mayo de 2022, firmada digitalmente por Martín Taramasco, entonces director de Asistencia en Salud Mental y Consumos Problemáticos del ministerio de Salud bonaerense, deja asentado que el 20 de abril participaron de una reunión en Casa de Gobierno por la situación de Martínez.

El documento indica que asistieron la licenciada en Psicología, Lis Fischer, y la licenciada en Trabajo Social, Noelia Ferreyra, “como parte de la subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el espacio de la salud”.

Allí se describe al trabajador como “desorganizado”, “inestable emocionalmente”, con “lenguaje despreciativo hacia la salud mental y hacia nosotras como mujeres”, “verborrágico”, “sin lograr mantenerse sentado” e incluso con “verbalizaciones y conductas violentas”.

Luego, la nota sostiene: “Como profesionales de la salud estimamos necesario que el señor Martínez cuente con una evaluación en Salud Mental que permita evaluar su situación actual y en caso de requerirlo, realizar el tratamiento acorde”.

Pero el tramo más sensible aparece al final del documento, donde se sugiere evaluar “la posibilidad de tomar medidas institucionales necesarias para otorgarle una licencia médica prolongada”, en función de “las situaciones amenazantes constatadas en el ámbito laboral” y “su estado crítico de salud mental”.

Para Martínez, ese informe fue el punto de partida de una cadena administrativa que terminó con una junta médica, licencias forzadas y el intento de apartarlo de su puesto. “Después de esa evaluación que hizo la subsecretaría de Salud Mental, a mí me hicieron junta médica para suspenderme y para jubilarme”, afirmó.

El documento de 2026: la subsecretaría niega haber intervenido formalmente

Cuatro años después, al solicitar documentación sobre aquella intervención, Martínez recibió una respuesta que contradice el peso administrativo del informe inicial.

En una constancia reciente, la subsecretaría sostiene que “no realiza juntas médicas ni procesos en diagnóstico para ningún tipo de pericias para procesos judiciales ni conflictividad laboral”. También afirma que no existe “ningún registro formal sobre evaluación o entrevista en relación a juntas médicas”.

El mismo documento aclara que las entrevistas de esa área “siempre tienen un objetivo asistencial de acceso a tratamientos, acompañamientos y cuidados en Salud Mental” y que cualquier contacto mantenido con Martínez durante 2022 habría tenido únicamente esos fines: “evaluar la necesidad o voluntad suya de acceder a un tratamiento por Salud Mental”.

Además, informa que el área que realiza juntas médicas laborales es la dirección de Salud Ocupacional, dependiente de la jefatura de Gabinete de Ministros.

La respuesta fue recibida por Martínez “en disconformidad”, según dejó escrito de puño y letra sobre la constancia, donde también cuestionó el contenido del documento.

Una intervención fuera de circuito

El caso deja planteadas preguntas incómodas para la administración bonaerense. Si la subsecretaría de Salud Mental no realiza juntas médicas ni intervenciones vinculadas a conflictividad laboral, ¿por qué produjo en 2022 un informe sobre el estado emocional de un trabajador en el marco de una reunión por un reclamo administrativo? ¿Por qué recomendó evaluar una licencia médica prolongada? ¿Quién ordenó esa intervención? ¿Qué uso posterior tuvo ese documento?

Martínez insiste en que nunca fue citado a un ámbito médico, ni a una entrevista clínica formal, ni a una junta médica regular. Según su relato, fue convocado bajo otro motivo y terminó expuesto a una intervención que considera irregular.

“Yo estaba reclamando horas extras. Me llamaron para una reunión y me encontré con una cama armada. A cuatro meses de la muerte de mi hijo, me pusieron psicólogos, psiquiatras, abogados, asistentes sociales y gremialistas que ni conocía”, denunció.

El trabajador también remarcó que sus juntas médicas correspondían a otra dependencia estatal, no a la subsecretaría de Salud Mental que depende del ministro Kreplak. “Mis juntas médicas pertenecen a gobernación, a la dirección de Medicina Ocupacional. Esta gente no tenía nada que hacer ahí”, sostuvo.

Salud Mental, poder disciplinario y persecución laboral

El caso expone una posible utilización disciplinaria de herramientas vinculadas a la salud mental dentro del Estado bonaerense. La gravedad aumenta por el contexto personal del trabajador: según su propio testimonio, al momento de los hechos atravesaba un duelo reciente por la muerte de su hijo.

En esa línea, Ezequiel Martínez explicó: “Soy un trabajador que hace terapia desde hace años. Es imposible que yo atente contra la salud mental; de hecho, la considero un pilar fundamental para mi vida, mi duelo y mi tratamiento. Sobre las notas, lo más importante para destacar es que el funcionario Taramasco niega mi atención en cualquier ámbito, y que él y su gente nunca me atendieron. La pregunta es: ¿Cómo no llamaron a mi psicólogo o a mi abogado? ¿Cómo fue que todo ocurrió al lado del despacho del gobernador? ¿Quién lo autorizó? ¿La ministra Vila lo sabe?". Y agregó: "Luego de esa junta ofrecida por esta gente, todas las juntas médicas hasta el día de hoy fueron favorables y recomiendan mi urgente reincorporación. Sin embargo, todavía no logro recuperar mi puesto de trabajo”.

La documentación muestra que, en 2022, el área de Salud Mental produjo un informe con valor administrativo, describió conductas, recomendó evaluación y sugirió medidas institucionales. En 2026, en cambio, la misma estructura afirmó que no realiza pericias, diagnósticos ni juntas vinculadas a conflictos laborales.

Esa contradicción es el corazón del caso.

Martínez ahora busca demostrar que aquella intervención existió, que tuvo consecuencias laborales concretas y que fue utilizada para apartarlo de su puesto. “Ellos dicen que nunca me intervinieron, que nunca me evaluaron. Pero la nota está. Esa evaluación fue la que me llevó a que me suspendieran”, concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)