La intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) volvió a quedar en el centro de la escena. En medio de la discusión salarial del sector, la designación de Enrique Ricardo Salinas como representante paritario encendió una nueva alarma interna: su proclamación como secretario General de la seccional La Plata todavía se encuentra bajo revisión judicial, tras una elección atravesada por denuncias de fraude, urnas impugnadas y medidas cautelares.

El planteo fue realizado por dirigentes de la lista Amarilla de la UOM La Plata, que solicitaron al interventor judicial Alberto Biglieri la revocación parcial de la resolución 03, dictada el 11 de junio, mediante la cual se conformó la nueva comisión encargada de negociar salarios con las cámaras empresarias. Allí fue incluido Salinas en representación de la seccional platense, pese a que su legitimidad continúa discutida en sede laboral.

El caso expone una contradicción sensible: una intervención judicial que fue presentada como herramienta para ordenar la vida institucional del gremio terminó reconociendo, en la práctica, a dirigentes de seccionales que aún no tienen su situación normalizada. En otras palabras, mientras la Justicia todavía analiza impugnaciones electorales, la intervención ya les otorga efectos políticos y gremiales concretos en la mesa donde se definirá el salario de miles de trabajadores metalúrgicos.

Enrique Salinas.

La Plata, una seccional bajo sospecha

La disputa en la UOM La Plata no comenzó con la paritaria. Viene de un proceso electoral realizado los días 2 y 3 de marzo, en el que la lista Amarilla denunció graves irregularidades: cambios de reglas durante la votación, padrones inconsistentes, urnas móviles que no habrían respetado horarios, sobres abiertos, fajas de seguridad vulneradas y mesas impugnadas.

Según el planteo opositor, si se excluyen las urnas cuestionadas, el resultado se modificaría: la lista Amarilla pasaría a imponerse por 688 votos contra 671 de la lista Azul, una diferencia de 17 sufragios. Esa discusión, precisamente, es la que todavía no fue resuelta de manera definitiva por la Justicia laboral.

Por eso, para los impugnantes, Salinas “no tiene cargo electivo firme ni convalidado”. La crítica apunta directamente al corazón de la intervención: al incluirlo como paritario, Biglieri no sólo habría administrado una situación de emergencia, sino que habría tomado posición en una interna aún abierta.

El riesgo del “exceso de mandato”

La lista Amarilla sostiene que la intervención judicial tiene una misión específica: garantizar la continuidad institucional de la UOM y restablecer la legalidad interna. Pero no resolver, por vía administrativa, conflictos electorales que todavía están siendo revisados por los tribunales.

Ese es el punto más delicado. La resolución 03 buscó destrabar la negociación salarial tras el desplazamiento de la conducción nacional encabezada por Abel Furlán, pero al mismo tiempo designó como negociadores a dirigentes de seccionales enfrentadas con el sector desplazado. Entre ellos aparece Salinas, cuya situación en La Plata está judicializada.

La intervención queda así atrapada en una paradoja: fue nombrada para ordenar el gremio, pero sus primeras decisiones empiezan a ser cuestionadas por profundizar la interna. Lejos de despejar el camino, la designación de paritarios abrió un nuevo frente de conflicto institucional.

Una pelea que viene de lejos

En La Plata, la disputa también tiene un componente generacional. La conducción histórica de Antonio “Nino” Di Tomasso, dirigente de larguísima trayectoria en la seccional, enfrentó en marzo una competencia opositora real después de décadas de predominio interno.

Del otro lado aparecen dirigentes como Maximiliano Pierdomínico, Leonardo Báez y Roberto “Tito” Ortiz, quienes venían denunciando represalias, intentos de exclusión y obstáculos para participar de la vida institucional del gremio. Incluso, antes de los comicios, la Justicia debió intervenir para garantizar la participación de la Lista Amarilla en las elecciones de la seccional.

Ese antecedente es clave para entender el conflicto actual. No se trata sólo de una impugnación formal contra un nombre en una lista paritaria. Lo que está en discusión es si una seccional atravesada por denuncias de fraude puede ser tomada como normalizada por la intervención, antes de que exista una resolución judicial firme.

Maximiliano Pierdomínico.

Paritarias bajo presión

La discusión salarial de la UOM llega en un momento especialmente delicado para los trabajadores metalúrgicos. Tras la intervención del gremio, las negociaciones quedaron virtualmente paralizadas y la definición de quién tiene autoridad para sentarse frente a las cámaras empresarias se transformó en una disputa de poder.

La resolución 03 intentó resolver ese vacío al nombrar una nueva delegación paritaria. Sin embargo, la impugnación de Salinas muestra que el problema no era únicamente designar representantes, sino determinar si esos representantes cuentan con legitimidad suficiente para hablar en nombre de las bases.

De este modo, la judicialización de la UOM La Plata vuelve a poner a los tribunales en el centro de la vida gremial. Primero, la Justicia debió intervenir para que la oposición pudiera competir. Luego, aparecieron las denuncias por irregularidades en la elección. Ahora, el conflicto escala a la representación paritaria nacional.

El pedido de la lista Amarilla es concreto: que se deje sin efecto la designación de Salinas hasta que exista una resolución judicial firme sobre la elección de la seccional La Plata. De manera subsidiaria, propusieron que la representación platense sea ejercida por una persona ajena al conflicto electoral en curso.

Mientras tanto, la intervención de Biglieri enfrenta su primer gran desgaste político. Lo que debía ser una etapa de ordenamiento empieza a parecerse a una administración de urgencia que, en lugar de pacificar, termina jugando con piezas de seccionales que todavía no fueron normalizadas.

En la UOM, la discusión ya excede a La Plata. La pulseada de fondo es quién tiene la lapicera de las paritarias, quién representa realmente a los trabajadores y hasta dónde puede avanzar una intervención judicial sin reemplazar la voluntad de las bases. (www.REALPOLITIK.com.ar)