El Sindicato del Seguro de la República Argentina declaró el estado de alerta y lanzó una enérgica campaña de visibilización luego de constatar, a través de registros estadísticos oficiales difundidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN), una drástica contracción en los niveles de empleo del sector: el mercado asegurador acumuló la pérdida neta de “1.600 puestos de trabajo” en el último período relevado. 

La organización gremial, conducida por el cosecretario General de la CGT, Jorge Sola, apuntó directamente contra el rumbo macroeconómico y regulatorio que implementa la Casa Rosada desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. El sindicato subrayó que la caída en los niveles de contratación no responde a una contingencia aislada del sector, sino que es el resultado de decisiones políticas que, a su juicio, “asfixian el consumo y el mercado interno en su conjunto”. 

"No son números, son trabajadores" 

El eje central de la campaña busca romper la inercia de los debates macroeconómicos que reducen las crisis laborales a meros porcentajes de ajuste fiscal. Con un mensaje de fuerte impacto social, el gremio sintetizó su posición en una frase que se convirtió en el corazón de la iniciativa: “No son números. Son trabajadores, familias y proyectos de vida afectados por la pérdida de sus fuentes laborales". 

Para graficar la magnitud del problema, el Sindicato del Seguro trazó una serie de paralelismos que exponen la cantidad de mano de obra calificada que fue expulsada del sector. Según explicaron, el volumen de despidos equivale al “cierre total de nueve compañías aseguradoras medianas” en el país.  

Asimismo, advirtieron que la cantidad de trabajadores que perdieron su empleo es comparable a dejar vacías “decenas de aulas universitarias completas”, llenar por completo “tres salas de cine” con personas desocupadas, o imaginar una fila de “30 micros de larga distancia” repletos de trabajadores suspendidos o echados de sus puestos habituales. 

Jorge Sola, titular del Sindicato del Seguro de la República Argentina.

El cruce con el relato corporativo 

Uno de los ejes más contundentes de la campaña apunta a desarmar los argumentos que ensayan las gerencias de recursos humanos y las cámaras empresarias del sector, las cuales suelen justificar las desvinculaciones bajo premisas de “optimización digital, incorporación de inteligencia artificial o descentralización operativa”. 

Desde la organización obrera rechazaron ese relato con una posición clara: "Modernizar no es destruir empleo". Y fueron más lejos al fijar una definición que resume su diagnóstico sobre la situación actual del mercado asegurador: "Si hay menos trabajo, no hay modernización: es retroceso". 

El sindicato denunció que las sucesivas reformas desreguladoras implementadas por el gobierno nacional actúan como una carta blanca para que las corporaciones avancen en una "flexibilización de hecho", desarticulando los convenios colectivos y licuando las estructuras de empleo protegido que históricamente caracterizaron al sector en la República Argentina. 

Fraude y solvencia: la otra cara de la crisis sectorial 

En paralelo a la crisis laboral, el sector asegurador enfrenta otro desafío estructural que fue debatido recientemente en una jornada organizada por la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) junto al ministerio Público de la provincia de Buenos Aires: el avance del fraude como amenaza directa sobre la solvencia del sistema. 

Distintas estimaciones del mercado indican que el fraude puede representar “hasta el 10 por ciento de los costos del sistema asegurador, mientras que entre el 20 y el 45 por ciento de los siniestros analizados presenta inconsistencias que requieren investigación adicional”. El superintendente de Seguros de la Nación, Guillermo Plate, fue categórico al respecto: "No hay contrato de seguro sin solvencia. Esa promesa solamente es válida si existe capacidad financiera para responder". 

Las investigaciones judiciales revelaron organizaciones delictivas sofisticadas, con estudios jurídicos, reclutadores distribuidos por toda la provincia de Buenos Aires y profesionales que intervenían en distintas etapas del proceso fraudulento. La respuesta del mercado ya incorpora herramientas de análisis predictivo y bases colaborativas de información para detectar maniobras sospechosas antes de que lleguen a instancias judiciales. 

Un delito difícil de detectar y probar 

Los números reflejan la magnitud del fenómeno. Aproximadamente un tercio de las denuncias de siniestros que reciben las aseguradoras presenta indicios que generan sospechas sobre su autenticidad o sobre la magnitud de los daños declarados. Los casos vinculados al ramo automotor concentran el mayor volumen de investigaciones, representando el “65 por ciento de los expedientes analizados, mientras que el 70 por ciento de las maniobras detectadas" se registra en el "Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”, según señaló el analista del sector Juan José  Estévez. 

Para dimensionar la problemática, el superintendente Plate aportó cifras internacionales de alto impacto: "El fraude al seguro en Estados Unidos es el segundo delito más común después de la evasión fiscal y el segundo más rentable luego del tráfico de drogas. Entre el 3 y el 10 por ciento de los reclamos son fraudulentos y el monto alcanzado es de entre 80 y 100 billones de dólares". 

Ante la complejidad técnica que requiere investigar este tipo de delitos, ADEAA desarrolló seis módulos de capacitación sobre el funcionamiento del negocio asegurador que serán incorporados al campus virtual del centro de capacitación de la Procuración General bonaerense. 

El objetivo es dotar a los fiscales de herramientas específicas para abordar investigaciones cada vez más sofisticadas. Francisco Pont Vergés, secretario de Política Criminal del ministerio Público bonaerense, fue preciso al respecto: "El fraude al seguro no es fácil de investigar porque requiere que los fiscales conozcan muy bien el mercado asegurador y los contratos". 

Desde ADEAA subrayaron que combatir el fraude no solo protege la solvencia de las compañías, sino que también “beneficia directamente a los asegurados, ya que cada reclamo falso o exagerado termina presionando sobre el precio de las pólizas y erosionando la confianza en todo el sistema”. 

Medidas de fuerza en el horizonte 

Ahora bien, los problemas de la industria no son prioridad entre los trabajadores y los productores de seguros. En el Sindicato anticiparon que “profundizarán las medidas de fuerza en defensa de la estabilidad laboral del sector”. La organización gremial advirtió que continuará denunciando públicamente cada nuevo caso de desvinculación y exigirá al gobierno de Milei una revisión del marco regulatorio que, según su diagnóstico, favorece el vaciamiento del empleo formal en detrimento de miles de familias que dependen del sector asegurador en todo el país. (www.REALPOLITIK.com.ar)