Una ampliación de denuncia penal presentada en el marco de una causa por usurpación en la municipalidad de General Lavalle pidió investigar a Nicolás Toucedo, señalado como presunto beneficiario de la explotación económica de un inmueble rural y de eventuales cánones vinculados a un contrato con la Administración de Parques Nacionales. El dato cobra relevancia política porque Toucedo se desempeña actualmente secretario de Cultura, Educación, Deporte y Turismo del gabinete del intendente Nahuel Guardia.

La presentación fue realizada por Juan Carlos Ghernetti, en carácter de particular damnificado, dentro de la IPP PP-03-00-001077-26/00, caratulada por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. El escrito solicita la incorporación de nuevos hechos y el ofrecimiento de nueva prueba, al considerar que la maniobra investigada habría adquirido una mayor complejidad que la denuncia inicial.

El expediente se vincula con una causa penal por usurpación sobre una chacra ubicada en General Lavalle. Según la presentación, la denuncia original apuntaba a la presunta dilación indebida en la investigación de la ocupación del inmueble y a la actuación de funcionarios judiciales y fiscales que habrían favorecido la impunidad en el trámite de la causa.

Toucedo, en el centro de la ampliación

El punto más delicado de la nueva presentación aparece cuando el denunciante sostiene que el inmueble rural habría continuado siendo explotado económicamente de manera ilegítima por terceros vinculados a Nicolás Toucedo y Leila Taylor. De acuerdo al escrito, ambos habrían obtenido beneficios económicos por la ocupación y utilización del predio, en perjuicio de los derechos posesorios y dominiales invocados por Ghernetti.

La denuncia también plantea la desaparición o sustracción de bienes de valor del establecimiento, entre ellos paneles solares, jaulas polivalentes, instalaciones rurales y otros elementos afectados a la explotación productiva del inmueble. Para el denunciante, este cuadro podría configurar no sólo un agravamiento del perjuicio patrimonial, sino también delitos autónomos de robo o hurto agravado.

A su vez, el escrito introduce otro elemento sensible: la presunta existencia de un contrato de alquiler o cesión de uso del inmueble con la Administración de Parques Nacionales, hoy bajo el control del libertario Sergio Martín Álvarez. Según la presentación, la APN ocuparía el predio y pagaría cánones locativos a los denunciados, Nicolás Toucedo y Leila Taylor, a través de un instrumento cuya autenticidad y validez son cuestionadas.

Esa hipótesis, de ser comprobada, podría abrir una discusión de mayor alcance. El denunciante sostiene que la intervención de un organismo nacional, sumada a la eventual utilización de un contrato irregular, podría configurar delitos como fraude a la administración pública, falsedad documental y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Nicolás Toucedo y Sergio Martín Álvarez.

Medidas solicitadas

Entre las medidas requeridas, el denunciante pidió una inspección ocular judicial urgente del inmueble, con relevamiento fotográfico y georreferenciado, para constatar el estado actual del predio, la existencia de ocupantes, las actividades que allí se desarrollan y la eventual presencia de cartelería oficial o privada.

También solicitó un mandamiento de constatación, un inventario judicial integral de los bienes existentes y faltantes, declaraciones testimoniales, una pericia documentológica sobre el supuesto contrato con la APN y oficios a distintos organismos públicos.

En particular, pidió que la Administración de Parques Nacionales informe si ocupa total o parcialmente la Chacra 26 de General Lavalle, bajo qué título jurídico lo hace, que acompañe copia de los contratos o convenios firmados y que identifique a las personas físicas que suscribieron el instrumento y perciben los cánones locativos.

Además, reclamó oficios a AFIP/ARCA para conocer la situación fiscal de Toucedo y Taylor, y requerimientos a entidades bancarias para reconstruir la eventual trazabilidad de fondos vinculados a la explotación económica o alquiler del predio.

En el petitorio final, Ghernetti solicitó que se amplíe la investigación penal preparatoria, que se incorporen los nuevos hechos denunciados, que se investigue a Nicolás Toucedo y Leila Taylor como posibles partícipes, y que se evalúe la eventual competencia federal por la presunta intervención de organismos nacionales.

Por ahora, la presentación constituye una denuncia y un pedido de medidas probatorias. Pero el expediente ya abrió una derivación políticamente incómoda para General Lavalle y el gobierno de Javier Milei: entre los nombres apuntados por el denunciante aparece, al mismo tiempo, un funcionario del gabinete de Nahuel Guardia y otro vinculado a la gestión libertaria. (www.REALPOLITIK.com.ar)