Un grave conflicto institucional sacude al Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Pedro Nimsi González, agente de planta permanente del organismo con más de tres décadas de servicio, denunció una presunta maniobra de persecución laboral, disciplinamiento administrativo, amenazas y asfixia financiera, y señaló directamente al presidente del cuerpo, Miguel Longhitano, y al vocal contador CPN, Hugo Sebastián Pani.

De acuerdo a la documentación aportada por González, el origen del conflicto se remonta al año 2021, luego de una serie de comunicaciones privadas que el trabajador habría mantenido con el gobernador Gustavo Melella para advertir sobre supuestas irregularidades internas. Según su relato, tras esos mensajes fue citado a una reunión con Longhitano y Pani, donde habría sido increpado con términos como “sapo” y “traidor”, además de recibir una advertencia que luego repitió en varias de sus presentaciones: “Pedro, sabés lo que es callarte en esta ciudad”.

A partir de allí, González sostiene que comenzó un proceso de hostigamiento dentro del Tribunal de Cuentas, con licencias médicas, revisiones constantes, presiones laborales y una degradación de su situación funcional. En sus escritos, aseguró que se desempeñaba como secretario del Cuerpo Plenario de Miembros hasta abril de 2021, y que luego fue desplazado en un contexto que definió como una “muerte civil” orquestada desde la propia cúpula del organismo de control.

Presentaciones ante Melella y silencio administrativo

El caso tuvo una primera formalización documental el 28 de abril de 2023, cuando González dirigió una nota al gobernador Gustavo Melella. Allí acusó a Longhitano y Pani de haber mantenido una actitud agresiva hacia su persona, a partir de los mensajes que el propio trabajador le había enviado al mandatario provincial por Telegram. En esa presentación, además, afirmó que las situaciones denunciadas afectaban su espacio personal y laboral.

Días después, el 2 de mayo de 2023, González presentó una rectificación y ampliación de aquella nota, solicitando que ambas misivas fueran analizadas de manera “urgente”. La corrección apuntaba a reemplazar una palabra mal utilizada y dejar asentado que denunciaba haber sido “acosado en el entorno laboral en el cual me desempeño”.

Ante la falta de respuesta, el 15 de septiembre de 2023 elevó un nuevo escrito con carácter de “pronto despacho”. Allí sostuvo que habían pasado más de 90 días hábiles sin contestación formal por parte del ejecutivo provincial y volvió a involucrar tanto a Melella como a Longhitano y Pani. “La presente misiva tiene carácter de urgente”, planteó, al advertir que su situación laboral y salarial se había agravado.

Expedientes, publicidad oficial y resoluciones bajo sospecha

En esa presentación de septiembre de 2023, González incorporó además una serie de anexos en los que vinculó el conflicto laboral con presuntos manejos internos del Tribunal de Cuentas. Uno de los puntos más sensibles refiere al expediente de gobernación letra JG 112/2017, caratulado “Apertura de fondo permanente para gastos de publicidad - ministerio jefatura de Gabinete”.

Según el denunciante, dicho expediente habría permanecido durante años sin tratamiento adecuado dentro del Tribunal, pese a que estaba relacionado con gastos de publicidad oficial. En su escrito, González sostuvo que el expediente “estaba muerto dentro del TCP” y que, físicamente, habría estado en manos de Miguel Longhitano, situación que —según su versión— quedó confirmada en la reunión del 23 de abril de 2021.

También mencionó resoluciones plenarias vinculadas al haber de los vocales del Tribunal, particularmente las 006/2021 y 039/2021, y cuestionó la falta de publicidad de esos actos administrativos. Según su planteo, se habría liquidado el incremento de haberes de los vocales sin que esos actos estuvieran debidamente publicados, lo que a su criterio afectaba principios básicos de transparencia administrativa.

El salto a Nación

La situación fue llevada luego a la esfera nacional. González ya había acudido en 2022 a la presidencia de la Nación, durante la gestión de Alberto Fernández, para solicitar una audiencia. En abril de ese año, la dirección General de Audiencias le pidió que fundamentara los motivos de su pedido; pocos días después, el 4 de mayo de 2022, se le informó que el entonces presidente no podría recibirlo y que su situación sería derivada al gobierno de Tierra del Fuego.

En 2026, González volvió a recurrir a autoridades nacionales. En una nueva presentación, dirigida a las máximas autoridades de la república, calificó su situación como una “petición de amparo institucional” por violencia laboral, persecución política y asfixia financiera. Allí afirmó tener 32 años de servicio ininterrumpido en el Tribunal de Cuentas y denunció una reducción del 40 por ciento de sus haberes, sumarios administrativos persecutorios y afectación directa del sustento alimentario de sus hijos.

La presentación fue remitida a presidencia, Senado, Cámara de Diputados y otros organismos. Según la cronología aportada, el Senado acusó recibo de la documentación y quedó en comunicarse, mientras que presidencia le informó en abril de 2026 que la audiencia no podría realizarse por motivos de agenda del primer mandatario, aunque derivó el caso al ministerio de Capital Humano.

Pani, bajo otra lupa

En paralelo, el nombre del vocal contador Hugo Sebastián Pani aparece mencionado en otra denuncia formal, anónima, que apunta a presuntas irregularidades patrimoniales, incompatibilidad de funciones y posible enriquecimiento ilícito. La presentación sostiene que Pani, vocal vitalicio del Tribunal de Cuentas, percibiría una remuneración mensual superior a los 15 millones de pesos y que registraría gastos con tarjetas de crédito por montos muy superiores a ese ingreso declarado.

La denuncia también involucra a su hijo, Bruno Sebastián Pani, empleado de planta permanente de la dirección Provincial de Energía y adscripto a la Legislatura provincial bajo la órbita del legislador Damián Löffler. El escrito menciona la constitución de la firma Atardecer Sur SAS, publicaciones de inmuebles en venta por más de 356 mil dólares, alquileres temporarios y un poder general amplio otorgado por Bruno Pani a favor de Hugo Sebastián Pani y otros familiares.

Según la presentación, ese poder permitiría al vocal contador administrar bienes muebles e inmuebles, celebrar locaciones, adquirir o vender propiedades, intervenir en juicios y percibir créditos, lo que configuraría una presunta incompatibilidad con su cargo en el organismo encargado de controlar las cuentas públicas de la provincia.

Un organismo de control bajo tensión

El caso expone una trama compleja que combina denuncias laborales, conflictos internos, presuntos expedientes sensibles, reclamos ignorados, acusaciones patrimoniales y una fuerte disputa institucional dentro del Tribunal de Cuentas fueguino. En el centro aparecen Pedro Nimsi González, Miguel Longhitano, Hugo Sebastián Pani, Gustavo Melella, Bruno Sebastián Pani, Damián Löffler y otros nombres vinculados a distintas etapas del expediente.

Más allá del curso judicial o administrativo que pueda tener cada presentación, la documentación reunida muestra que el conflicto excede una disputa personal: involucra al organismo encargado de controlar el uso de los fondos públicos en Tierra del Fuego y deja planteado un interrogante de fondo sobre la transparencia, la independencia y los mecanismos de respuesta institucional frente a denuncias internas de gravedad. (www.REALPOLITIK.com.ar)