Una serie de documentos y denuncias internas promete encender las alarmas en el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, organismo conducido por Florencia Saintout. Las versiones apuntan a presuntas incompatibilidades funcionales, contrataciones artísticas millonarias y pagos cuestionados a personas vinculadas al propio Estado provincial.

El caso más resonante surge de un requerimiento fechado el 24 de abril de 2026, mediante el cual se solicitó la contratación de Lucas Osvaldo Robledo, para realizar la producción general artística del denominado “Megaevento Gamer”, una actividad prevista para los días 25 y 26 de abril en un salón del Sindicato Luz y Fuerza.

De acuerdo a la documentación a la que accedió REALPOLITIK, el evento, organizado por el Instituto Cultural, tuvo como objetivo “generar un espacio de encuentro que potencie a los deportes electrónicos como parte de las industrias culturales contemporáneas”. Por esa prestación, Robledo fue contratado por un monto total de 11 millones de pesos, pagaderos en una única cuota.

Un “Megaevento Gamer” por 11 millones de pesos

El requerimiento oficial sostiene que la “Liga Bonaerense de Videojuegos” se desarrollaría en una doble jornada cultural presencial, con participación de jóvenes de distintas edades, competencias de eSports, talleres, clínicas, intervenciones artísticas, producción de contenidos y actividades vinculadas a la cultura gamer.

Sin embargo, el dato que profundiza los cuestionamientos es el perfil del contratado. Según registros consultados por este medio, Lucas Osvaldo Robledo aparece vinculado desde hace años al Estado bonaerense: registra antecedentes laborales en el ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (entre diciembre de 2017 y febrero de 2024) y luego en el Senado provincial (desde febrero de 2024 hasta la actualidad).

Esta situación abre una serie de interrogantes administrativos y políticos: por qué el Instituto Cultural contrató por 11 millones de pesos a una persona con antecedentes recientes dentro del propio Estado provincial, qué controles de incompatibilidad se realizaron, quién impulsó la contratación y qué evaluación hizo el organismo conducido por Saintout antes de avanzar con el expediente.

El caso Peters: planta permanente y contrato artístico

A ese expediente se suma otro caso sensible: el del sindicalista de SOEME, Juan Manuel Peters. La documentación oficial muestra que Peters reviste como personal de planta permanente en el Teatro Argentino, bajo el régimen de la ley 12.268. Previamente, desde 2015 a esta parte, ocupó distintos roles en Gobernación, el ministerio de Gestión Cultural y el ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Mediante la resolución RESO-2022-28-GDEBA-ICULGP, fechada el 15 de febrero de 2022, el Instituto Cultural autorizó su pase en comisión de servicios ante la presidencia del organismo. Es decir, el agente dejó de prestar funciones habituales en su área de origen para pasar a depender funcionalmente de la conducción central del Instituto.

Pero en febrero de 2026, el propio organismo aparece impulsando una contratación artística a favor de Peters para desempeñarse como asistente musical y operador de sonido de “La Fiesta de la Espuma 2026”, realizada en General Paz, bajo la programación artística de la temporada de verano. El monto asignado fue de 1,2 millones de pesos, también en una única cuota.

La situación genera nuevas preguntas: si Peters ya era agente de planta permanente del Instituto Cultural, por qué fue contratado adicionalmente para una prestación artística; si esa tarea estaba o no comprendida dentro de sus funciones; si declaró su vínculo laboral con el Estado; y qué áreas administrativas avalaron el pago.

Doble cargo y presuntas incompatibilidades

Denuncias internas también apuntan contra el vicepresidente del Instituto Cultural, José Ignacio “Cote” Rossi, referente de La Cámpora en Chascomús, quien además asumió en diciembre como diputado provincial en reemplazo de Gustavo Pulti, tras el pedido de licencia de este último.

Rossi mantendría simultáneamente su cargo dentro del Instituto Cultural —con rango de subsecretario— y su banca legislativa, lo que podría abrir un conflicto de incompatibilidad. El planteo se apoya en el artículo 72 de la constitución bonaerense, que establece incompatibilidades para el ejercicio del cargo de legislador con otros empleos a sueldo de la provincia o de la nación, salvo excepciones específicas. En ese marco, entra en discusión el decreto ley 8078/73, vinculado al régimen de incompatibilidades en la administración pública.

En una situación similar se encuentra Araceli Bellota, directora provincial de Patrimonio Cultural que se desempeña a la vez como concejal de Moreno. 

La conducción política de Saintout

El Instituto Cultural bonaerense es conducido por Florencia Saintout, exdecana de la facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y dirigente de estrecha vinculación con La Cámpora. Bajo su gestión se habría consolidado una red de designaciones, contrataciones y pases internos vinculados a sectores políticos del oficialismo.

Las acusaciones internas señalan particularmente al subsecretario administrativo Tomás Viviani, identificado como uno de los funcionarios de confianza de Saintout, en la tramitación de contratos y pagos dentro del organismo. Su historial muestra un extenso derrotero de contratos estatales en lugares como la municipalidad de La Plata (2016 - 2018), la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires (2018 - 2019), el ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica (2022), el Instituto Cultural (2022 - 2026) y la Universidad Nacional de La Plata (2015 - 2026).

También se relaciona a Saintout con la gravitación de dirigentes provenientes de la facultad de Periodismo de la UNLP, señalada por la fuente como una de las bases políticas de La Cámpora en la provincia.

En ese marco, los contratos de Robledo y Peters aparecen como dos ejemplos concretos de un funcionamiento que, según fuentes internas, excedería casos aislados y respondería a una modalidad más amplia: funcionarios con cargos simultáneos, agentes de planta contratados por prestaciones adicionales y eventos financiados con fondos públicos cuya utilidad y transparencia quedaron bajo cuestionamiento.

Frente a esta documentación, las preguntas apuntan directamente a la conducción del Instituto Cultural: si Saintout estaba al tanto de estas contrataciones; qué dictámenes legales intervinieron; si se verificaron posibles incompatibilidades; si Robledo informó sus antecedentes laborales recientes en el Estado provincial; si Peters declaró su condición de agente de planta permanente; y si el organismo abrirá una revisión interna sobre estos expedientes.

Por ahora, los documentos exhiben una secuencia difícil de soslayar: un evento gamer de dos días por 11 millones de pesos, un agente de planta permanente contratado por fuera de su salario habitual, funcionarios señalados por presuntos cargos simultáneos y un organismo manejado políticamente por Saintout que vuelve a quedar en el centro de la controversia. (www.REALPOLITIK.com.ar)