Un conflicto institucional atraviesa a la escuela de educación secundaria técnica Nro. 3 Capitán de Fragata Carlos M. Moyano de San Fernando. El centro de estudiantes presentó una solicitud de intervención urgente ante distintas áreas de la dirección General de Cultura y Educación bonaerense por presuntos hechos de maltrato, violencia verbal, discriminación y falta de respuestas oficiales.

De acuerdo a la documentación a la que accedió REALPOLITIK, la presentación fue ingresada el 26 de junio de 2026 ante la dirección de inspección General. Allí, los estudiantes aseguraron haber agotado instancias institucionales, supervisivas, distritales y regionales sin obtener soluciones concretas frente a situaciones que, según denunciaron, se arrastran desde el ciclo lectivo 2024.

El primer episodio mencionado se vincula con el cierre del kiosco estudiantil, utilizado para recaudar fondos destinados a la colocación de cortinas en los salones. Según el escrito, tras intentar dialogar con la entonces vicedirectora del turno tarde, la situación escaló hasta derivar en la intervención policial.

Los estudiantes también apuntaron contra un docente a quien atribuyeron presuntos hechos de violencia verbal, maltrato, humillaciones y expresiones inapropiadas hacia alumnos. Según la presentación, esas denuncias fueron realizadas durante los ciclos lectivos 2024, 2025 y 2026, sin que hasta el momento se hubiera comunicado una respuesta concreta.

En su presentación, el alumnado señaló a la inspectora jefa regional, Amelia Bressan; a la inspectora jefa distrital Adriana Mon; y a la inspectora de Enseñanza de Educación Técnica, Patricia Colina.

La respuesta de jefatura regional

La jefatura regional 06, a cargo de Amelia Bressan, respondió que las situaciones puestas en conocimiento de las autoridades fueron abordadas “conforme a los procedimientos establecidos por la normativa vigente”. Además, rechazó que pueda hablarse de “negligencia institucional” y sostuvo que las investigaciones administrativas están sujetas a debido proceso, confidencialidad y presunción de inocencia.

Sin embargo, en el mismo informe se reconoció que el 25 de agosto de 2025 se solicitó una investigación preliminar por una denuncia de estudiantes contra la inspectora Patricia Colina por presunta persecución y hostigamiento, aunque a la fecha de esa respuesta dicha investigación no se había realizado.

El descargo oficial enumeró reuniones, visitas a la escuela, mesas de trabajo, jornadas de convivencia y acompañamiento territorial. Pero los estudiantes respondieron que el problema no era la existencia formal de esas instancias, sino la falta de impacto real en el bienestar de la comunidad educativa.

Casos sensibles

En su réplica, el centro de estudiantes incorporó dos episodios que calificó como de “extrema gravedad”, ambos vinculados a alumnos con discapacidad. Uno refiere a una estudiante con dislexia que habría recibido un trato discriminatorio por parte de una docente y luego habría sido encerrada en dirección por cinco personas adultas. El otro caso involucra a un estudiante con discapacidad.

Mientras la jefatura regional sostiene que hubo intervenciones administrativas, pedagógicas y de supervisión, los estudiantes insisten en que las denuncias de fondo siguen sin resolución. El caso expone una fuerte tensión dentro del sistema educativo bonaerense que conduce Flavia Terigi y vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de respuesta ante situaciones de maltrato, discriminación y vulneración de derechos en el ámbito escolar. (www.REALPOLITIK.com.ar)