El sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV) bonaerense vuelve a ser eje de polémicas. En medio del avance de la causa judicial que tiene al exministro de Transporte Jorge D’Onofrio a un paso del juicio oral por un presunto negociado con las concesionarias del servicio, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires formuló una dura observación sobre la administración de los fondos generados por ese negocio durante el ejercicio 2024.

De acuerdo a la documentación a la que accedió REALPOLITIK, el organismo de control detectó irregularidades en la registración de los ingresos provenientes de las empresas concesionarias del sistema de VTV. El dato económico es central: durante 2024, esos ingresos ascendieron a 8.533.370.000 pesos, según surge de la cuenta general del ejercicio citada en el fallo.

El organismo sostuvo que los recursos de la VTV fueron imputados a una cuenta escritural general denominada “recursos del tesoro”, en lugar de registrarse en una cuenta específica vinculada al sistema. Para el organismo, esa decisión “desnaturaliza el régimen legal previsto”, priva a los fondos de su afectación específica y afecta los principios de transparencia, trazabilidad y control en la administración de los recursos públicos.

Fondos sin destino específico

El fallo explica que el canon proveniente de las concesionarias de VTV debía destinarse a fines específicos del propio sistema, entre ellos atender gastos vinculados a la verificación de vehículos oficiales, cancelar facturaciones de concesionarias y financiar el funcionamiento del ente regulador. Sin embargo, el Tribunal advirtió que la registración utilizada impidió preservar la disponibilidad financiera del recurso para esos destinos.

En ese marco, el organismo mantuvo la responsabilidad de Jorge D’Onofrio, en su carácter de ministro de Transporte, por su obligación de administrar el presupuesto del organismo, coordinar el funcionamiento del ente regulador de la VTV y controlar la aplicación de sus recursos. También fueron alcanzados María de Lourdes Giménez, Martín Clúa y Héctor Miguel Lufrano Tamasi, cada uno por sus respectivas funciones administrativas y técnicas.

Finalmente, el organismo aprobó la rendición del ministerio de Transporte correspondiente al ejercicio 2024, pero aplicó llamados de atención a D’Onofrio, Giménez, Clúa y Lufrano Tamasi por el incumplimiento señalado.

Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

Un sistema ya investigado

La observación administrativa adquiere mayor peso político por el contexto judicial que rodea al exministro. Según trascendió públicamente, el fiscal Álvaro Garganta dio por cerrada la investigación contra D’Onofrio y pidió la elevación a juicio oral en una causa por presunto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública vinculada al negocio de la VTV.

De acuerdo a esa investigación, varias empresas concesionarias habrían quedado obligadas a subcontratar a Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica SA, una firma ligada al entorno del exfuncionario, que habría cobrado una comisión sobre cada pago realizado por el servicio. La empresa habría recaudado casi 5.000 millones en poco más de un año.

Así, mientras la Justicia investiga un presunto esquema de coimas en torno a la VTV, el organismo de control dejó asentado que más de 8.500 millones generados por las concesionarias durante 2024 fueron registrados de una manera que afectó la trazabilidad y el control de los fondos públicos. Un negocio millonario, atravesado por sospechas judiciales y ahora también por observaciones del máximo organismo de control contable bonaerense. (www.REALPOLITIK.com.ar)