El abogado Gabriel Armanino dialogó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre los reclamos que impulsa en representación de policías retirados de la provincia de Buenos Aires por el pago de vacaciones no gozadas. Exintegrante de la fuerza, sostuvo que la problemática afecta a prácticamente todo el personal policial y cuestionó tanto las decisiones del gobierno bonaerense como la demora de la Justicia para resolver los expedientes.

Armanino explicó que el origen del conflicto radica en una práctica habitual dentro de la fuerza: la imposibilidad de tomarse las licencias por falta de personal. En ese sentido, recordó que durante años los efectivos continuaban trabajando con la expectativa de cobrar esos días al finalizar su carrera. "Uno pedía las vacaciones y el jefe te decía 'no, no, tenés que seguir trabajando, no hay quien lo haga, seguí patrullando'. Entonces en vez de vacaciones teníamos que trabajar", relató.

Asimismo, señaló que el problema comenzó cuando la provincia dejó de reconocer esos pagos. "Se les ocurrió decir 'esta plata que les pagamos a los policías usémosla para otra cosa, que vayan a reclamar a la Justicia' y empezaron a denegar", afirmó. Además, precisó que la decisión se tomó durante la gestión de María Eugenia Vidal y que luego fue mantenida por Axel Kicillof: "Kicillof no la corrigió. Él la aprovechó, vio esta posibilidad y continuó en esa misma línea".

El abogado aseguró que, aunque los fallos de primera instancia resultaron favorables para los demandantes, la mayoría de los expedientes permanece frenada en la Cámara Contencioso Administrativa. "Todavía no cobró prácticamente nadie porque, a pesar de que los jueces de primera instancia, todos sin excepción, dieron lugar a los reclamos, las causas se fueron frizando en Cámara", advirtió.

En ese marco, cuestionó la estrategia de la Fiscalía de Estado para extender aún más los procesos. "La Fiscalía de Estado interpone recursos extraordinarios para esto llevarlo todavía más allá, que intervenga la Corte y que tengamos cinco, seis, siete años más", sostuvo.

Además, expresó su preocupación por el impacto que generan esas demoras en una población integrada mayoritariamente por jubilados policiales. "Yo tengo muchos compañeros ya fallecidos, entonces esto... ¿justicia a quince años es justicia realmente? No, evidentemente no", lamentó.

Durante la entrevista, Armanino cuestionó el funcionamiento de la Justicia en las causas contra el estado y consideró que los organismos públicos incumplen las resoluciones sin recibir sanciones efectivas. "Realmente el estado provincial hace lo que quiere", resumió.

En esa línea, explicó que las herramientas legales para obligar al cumplimiento de las sentencias prácticamente no se aplican. "Nadie le pone el cascabel. No se aplican estas multas; si se logran imponer, finalmente no se terminan cobrando, se desdibujan ante cualquier excusa", aseguró.

El nuevo problema: policías que pierden las licencias acumuladas

Armanino también denunció que un decreto interno modificó el sistema de licencias, pero abrió un nuevo conflicto para quienes aún permanecen en actividad. "En varios casos me ha llegado que les otorgan la parte del período último y al resto le dicen que las pierden, directamente que las pierden", afirmó.

Según explicó, los jefes policiales quedaron atrapados entre la obligación de no rechazar licencias y la imposibilidad operativa de otorgar períodos de hasta cien o doscientos días sin afectar el servicio.

Otro de los puntos que destacó el abogado fue la imposibilidad de los policías de reclamar colectivamente sus derechos laborales. "No hay un gremio, no hay nadie que pueda charlar, negociar", señaló, al tiempo que recordó que cualquier efectivo en actividad que realice reclamos públicos puede ser sancionado disciplinariamente.

En ese sentido, explicó: "Yo puedo sentarme acá porque ya estoy jubilado. Recién puedo contar todo esto una vez que ya estoy jubilado y ya prácticamente no me pueden hacer nada".

Por ello, reclamó la creación de un ámbito institucional para canalizar los reclamos de la fuerza. "Sería bueno un gremio, pero sabemos que es progresivo. Por lo menos tener un lugar donde el policía pueda quejarse", planteó.

Finalmente, Armanino sostuvo que la acumulación de vacaciones no gozadas fue una práctica extendida durante décadas dentro de la Policía Bonaerense y que son muy pocos los efectivos que no resultaron afectados. "Prácticamente no hay policía que no haya acumulado días durante su carrera", aseguró.

Además, advirtió que muchos agentes dejaron vencer el plazo para iniciar acciones judiciales debido a la cultura interna de no cuestionar las decisiones superiores. "El policía está acostumbrado a no reclamar nunca, nunca alzar la voz, nunca hacer ningún reclamo porque enseguida aparecían represalias", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)