El abogado Carlos Cafure conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre la crítica situación socioeconómica que atraviesan los trabajadores de la provincia de Córdoba. El letrado cuestionó duramente la gestión del gobernador Martín Llaryora, asegurando que el promocionado "modelo cordobés" no representa al peronismo sino a políticas de derecha, y advirtió sobre el alarmante desfinanciamiento que padece la caja jubilatoria local debido a la masiva contratación irregular en el estado.

"Desde el inicio de la gestión del actual gobernador en la municipalidad de Córdoba se empezaron a crear figuras laborales que revistan el carácter de precarización laboral. En su gran mayoría eran monotributistas, personas que aportan al sistema nacional y a la vez desfinancian el sistema de la provincia", señaló Cafure, quien precisó que en el municipio capitalino hay cerca de 18.000 trabajadores precarizados que duplican al personal de planta permanente.

Una provincia paralela y la crisis de la caja provincial 

El abogado consideró contradictorio que la administración provincial lamente la situación financiera previsional mientras mantiene un altísimo número de contratados, becarios y pasantes en lugar de convocar a concursos públicos. "La propia provincia de Córdoba contribuye a la desfinanciación de la propia caja jubilatoria. Muchas veces se critica a la Nación por la falta de envíos de fondos, pero lo que no se dice es que la propia provincia también está contribuyendo a que en el futuro no tengamos la certeza de bajo qué régimen vamos a terminar jubilándonos", alertó.

En esa misma línea, Cafure criticó la aplicación de la ley de diferimiento que retrasa el cobro de aumentos para los pasivos y calificó como "confiscatorio" el incremento del aporte jubilatorio para los estatales activos, el cual pasó de un 18 a un 26 por ciento. "Si a eso le sumás los descuentos por ganancias, sindicato y obras sociales, en Córdoba aproximadamente el 52 por ciento del salario se lo llevan los descuentos", detalló sobre el fuerte impacto en el bolsillo de los empleados públicos.

La caída del poder adquisitivo y el cupo incumplido 

El letrado ejemplificó el retroceso laboral con el caso de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), donde la carrera administrativa se encuentra congelada desde hace ocho años, y denunció que los salarios del sector perdieron hasta un 180 por ciento de poder adquisitivo desde 2018. "Los salarios del personal de salud, policial y de educación son muy bajos. Hay docentes que tienen dos y tres trabajos para llegar a fin de mes, y personal de las fuerzas de seguridad haciendo de choferes de aplicaciones de transporte en sus horas libres porque no les alcanza", graficó.

Por último, el abogado lamentó que tampoco se respeten las normativas de inserción para sectores vulnerables. "Las personas con discapacidad no ven cumplidas las leyes de cupo laboral ni provincial ni municipal porque hace años que no hay concursos públicos. El año electoral empiezan las concesiones de todos estos verdugos para intentar convencernos de volverlos a elegir, pero va a llegar el momento en el que la gente les diga basta", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)