En Tandil, la discusión pública empieza a correrse del plano estrictamente político para enfocarse también en una figura menos visible, pero clave en cualquier esquema de obra pública: el proveedor del Estado. En una ciudad gobernada desde hace más de dos décadas por Miguel Ángel Lunghi, intendente de la municipalidad de Tandil desde 2003, una serie de documentos oficiales y judiciales vuelve a poner bajo la lupa el vínculo entre contratistas, fondos escolares, negocios privados y controles públicos.

El nombre de Leandro Usandizaga aparece expresamente en el decreto municipal 4505/2022, fechado el 28 de diciembre de 2022. Allí, el Consejo Escolar de Tandil solicitó un subsidio para financiar la obra “Cubierta - membrana” en la escuela primaria 53, “realizada por el proveedor Leandro Usandizaga”. El decreto ordenó extender una orden de pago a favor de la dirección General de Cultura y Educación, que por entonces conducía Alberto Sileoni, y el Consejo Escolar por 1.885.718,09 pesos, en concepto de subsidio con cargo de rendición de cuentas.

Tres meses después, el mismo nombre volvió a figurar en el decreto 1116/2023, del 27 de marzo de 2023. Esta vez, el municipio dispuso otro pago por 234.200 pesos para financiar un adicional de la obra “Cubierta-Membrana” en escuela primaria 53 - jardín de infantes 911, nuevamente atribuida al proveedor Leandro Usandizaga.

El dato no aparece aislado. En mayo de 2023, El Eco de Tandil informó que el Consejo Escolar había firmado contratos por más de 90 millones de pesos para obras en escuelas públicas de la ciudad. La publicación incluyó una imagen con el epígrafe: “Fabián Riva firma un contrato con el proveedor Gerónimo Usandizaga”. En esa misma nota se indicó que la terminación del edificio de la escuela técnica 3 superaba los 48 millones de pesos y que las obras pertenecían al Programa de Emergencia Educativa —PEED—, gestionado por el Consejo Escolar ante la gestión de Axel Kicillof.

Hasta allí, el punto es administrativo: proveedores privados, obras escolares y fondos públicos con obligación de rendición. Pero la polémica se agrava porque esos mismos apellidos aparecen en documentación aportada a este medio por un particular que asegura haber sido damnificado en un negocio inmobiliario privado.

La polémica

Se trata de Lucas Hernán Heredia, quien aparece en una causa civil caratulada contra Gerónimo Usandizaga y otro/a por daños y perjuicios e incumplimiento contractual. Según el dossier probatorio acercado a este medio, el conflicto se originó por la comercialización de un local gastronómico en la zona de Juncal y avenida Alvear, que habría sido presentado mediante renders como un inmueble con frente, fachada, ingreso, egreso y exposición comercial hacia avenida Alvear o hacia un espacio abierto.

El planteo del damnificado es que esa representación habría sido determinante para invertir dinero, tiempo y estructura comercial. El material aportado incluye renders, capturas de conversaciones de WhatsApp, imágenes del inmueble, referencias a contratos, pagos de alquiler y garantías, gastos de acondicionamiento gastronómico, publicaciones inmobiliarias posteriores y fotografías que muestran cómo la visibilidad hacia avenida Alvear habría quedado anulada por una obra en la parcela vecina.

La discusión central no es menor: si el local fue valorizado y comercializado como si tuviera una condición estratégica —frente y exposición hacia avenida Alvear—, pero esa condición dependía de un terreno ajeno o no estaba jurídicamente garantizada, el caso excede una disputa privada común. Más aún cuando quienes aparecen señalados en ese conflicto privado también figuran como proveedores vinculados a obras escolares financiadas con recursos públicos.

Por ahora, la documentación disponible no prueba un desvío de fondos públicos ni permite afirmar una maniobra de corrupción municipal. Pero sí habilita preguntas incómodas.

Fabián Riva firma un contrato con el proveedor Gerónimo Usandizaga.

El caso también aparece en un contexto local sensible. Tandil viene atravesada por una creciente discusión sobre urbanismo, tierras, excepciones y controles. En paralelo, el juez civil y comercial José Martín Zárate quedó bajo análisis de un jury por denuncias vinculadas a expedientes de tierras en zonas de alto valor inmobiliario, y medios locales informaron allanamientos realizados en abril en su despacho, su domicilio y un hotel céntrico de la ciudad.

La pregunta de fondo, entonces, ya no apunta únicamente al municipio de Lunghi. También apunta a sus proveedores: quiénes son, cómo llegan a las contrataciones, cuánto cobraron, qué controles atravesaron y qué sucede cuando esos mismos actores aparecen involucrados en conflictos privados con presuntos damnificados.

En Tandil, la discusión recién empieza. Y esta vez el foco no está solo en el poder político, sino también en quienes hicieron negocios a su sombra. (www.REALPOLITIK.com.ar)