La intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) sumó un nuevo capítulo judicial que también tiene derivaciones políticas. La decisión de la Justicia Federal de citar a declaración indagatoria al exinterventor Marcelo Petroni, designado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, vuelve a poner bajo análisis la gestión impulsada por la administración libertaria sobre una de las obras sociales más importantes del país.

La medida fue impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán, quien también solicitó la indagatoria de la exinterventora Virginia Montero. La convocatoria representa un avance procesal que reabre el expediente sobre las decisiones tomadas durante la intervención y coloca nuevamente a OSPRERA en el centro del debate político.

El caso adquiere además una dimensión institucional porque la llegada de Petroni a la conducción de la obra social fue consecuencia directa del decreto 857/2024, firmado el 29 de noviembre de 2024 por Javier Milei y refrendado por Mario Lugones. Ese instrumento le otorgó al interventor amplias facultades para administrar la entidad, intervenir en sus decisiones financieras y reorganizar su funcionamiento.

El decreto que hoy vuelve a escena

La designación de Marcelo Petroni fue presentada por el gobierno como parte del proceso de normalización de OSPRERA, una obra social atravesada por problemas económicos y administrativos. El decreto presidencial le otorgó facultades extraordinarias para conducir la institución mientras se desarrollaba la intervención ordenada por el poder ejecutivo.

Con la citación judicial, aquella decisión política vuelve a ser observada desde otra perspectiva. El funcionario elegido para encabezar el proceso deberá ahora responder ante la Justicia por distintas decisiones adoptadas durante su gestión, dentro de una investigación que continúa en etapa de instrucción.

El expediente no modifica por sí mismo la validez del decreto ni implica responsabilidades para quienes firmaron la designación. Sin embargo, el avance de la causa vuelve inevitable el análisis sobre los criterios utilizados para conducir una intervención que el gobierno presentó como una herramienta para recuperar el funcionamiento de la obra social.

El lugar que ocupó el Sanatorio Güemes

Durante la gestión encabezada por Marcelo Petroni, el Sanatorio Güemes consolidó su presencia dentro de la cartilla de prestadores de OSPRERA, de acuerdo con documentación institucional de la propia obra social. Ese dato volvió a cobrar relevancia a partir del avance de la investigación judicial.

El interés público sobre esa situación surge porque Mario Lugones mantiene vínculos societarios con el Sanatorio Güemes, según registros públicos de la Inspección General de Justicia (IGJ). Esa circunstancia incorpora un elemento político adicional dentro del contexto de la intervención.

La secuencia temporal también alimenta el debate. Primero se produjo la designación de Petroni mediante decreto presidencial; luego el sanatorio incrementó su participación dentro de la red prestacional de OSPRERA; finalmente, el exinterventor fue citado a declaración indagatoria por la Justicia Federal, en una investigación que todavía continúa abierta.

Marcelo Petroni.

Una relación previa que ahora vuelve a revisarse

La documentación disponible también demuestra que el vínculo entre OSPRERA y el Sanatorio Güemes no comenzó con la intervención dispuesta por el gobierno nacional. Existen registros contables correspondientes a 2023 que reflejan acreencias entre ambas instituciones, lo que confirma que la relación prestacional era anterior al desembarco de Petroni.

Sin embargo, la continuidad y expansión de esa relación durante la intervención abre nuevos interrogantes sobre la evolución de los convenios, el volumen de prestaciones incorporadas y la participación que tuvo el establecimiento dentro de la cobertura brindada a los afiliados durante ese período.

En ese contexto, la reconstrucción administrativa de los contratos, las derivaciones médicas, la facturación y los pagos realizados durante la gestión intervenida aparecen como aspectos que podrían adquirir relevancia si la investigación judicial amplía su alcance o incorpora nuevas medidas de prueba.

El impacto político para Salud

La decisión judicial también agrega presión sobre el ministerio de Salud, que promovió y refrendó la designación del interventor mediante el decreto presidencial. Aunque la causa se concentra en las actuaciones de quienes administraron OSPRERA, el expediente vuelve a colocar bajo observación una intervención impulsada directamente por el gobierno nacional.

Desde el punto de vista político, el avance de la investigación se produce en un momento en el que la administración de Javier Milei sostiene un discurso de transparencia y control sobre los organismos públicos. La citación a indagatoria del funcionario elegido para conducir la obra social introduce un elemento de tensión para esa narrativa.

Hasta el momento, no existe ninguna imputación penal contra Mario Lugones ni contra autoridades del Sanatorio Güemes por estos hechos. Será la investigación judicial la que determine el alcance de las responsabilidades que eventualmente puedan surgir y si corresponde profundizar el análisis sobre las decisiones administrativas adoptadas durante la intervención de OSPRERA. (www.REALPOLITIK.com.ar)