Una consulta realizada desde la secretaría de Obras Públicas de la municipalidad de Dolores terminó desencadenando una investigación penal que podría alcanzar a funcionarios municipales, proveedores del estado y empresarios vinculados con la organización de eventos y la instalación de cartelería publicitaria en la ciudad.

El denunciante es el arquitecto Pablo Eduardo Molina, matrícula 11.499 del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, quien afirmó haber descubierto que un sello profesional que le habían sustraído años atrás estaba siendo utilizado junto con una firma que no le pertenece dentro de un expediente administrativo municipal.

La causa tramita bajo el número PP-03-00-003272-26/00, caratulada “Molina, Pablo Eduardo s/ Averiguación de ilícito”. Se encuentra radicada ante el juzgado de Garantías Nro. 2 de Dolores, cuyo titular es el juez Mariano Cazeaux, con intervención de la fiscal Mónica Margarita Ferre, responsable de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 1.

La llamada que destapó el expediente

Según la denuncia, el 25 de junio Molina recibió un mensaje desde un número identificado como “Catastro Dolores”. Una empleada municipal le informó que había ingresado un expediente de GRUV Studio relacionado con la instalación de una pantalla publicitaria LED en la intersección de las calles Lamadrid y Robecco.

“Necesitamos saber la ubicación exacta”, le escribieron desde el área municipal, señalando además que la memoria descriptiva y técnica había sido confeccionada por Molina.

La respuesta del arquitecto fue inmediata: sostuvo que no había presentado ningún expediente, que no tenía ninguna empresa dedicada a las pantallas publicitarias y que alguien podía estar utilizando su identidad profesional.

Al acercarse a las oficinas de Catastro y Obras Públicas, una arquitecta le habría mostrado el expediente municipal 4032-90470/2026, iniciado por GRUV Studio y presentado por Benjamín Gopar. Molina declaró que el legajo contenía planos, fotografías, una memoria técnica y más de veinte páginas que llevaban su sello profesional, aunque las firmas insertas no eran suyas.

La presentación judicial identifica a Gopar como proveedor municipal inscripto mediante el decreto 1862, del 16 de septiembre de 2024, bajo el rubro publicidad. Los abogados del denunciante sostienen que su actividad tendría vinculación con la instalación de pantallas y con la organización de eventos locales, rubros en los que la vinculación política resulta clave. Hasta el momento, estos señalamientos forman parte de la denuncia y deberán ser corroborados durante la investigación.

Fuentes vinculadas con el caso también describieron a Gopar como militante del kirchnerismo y afirmaron que mantiene vínculos políticos con sectores de la gestión municipal. De hecho, según constató REALPOLITIK, Gopar ha cobrado pauta publicitaria por parte de la gestión del intendente Juan Pablo García.

Acusan al secretario de Obras Públicas de retirar el expediente

Uno de los episodios más delicados habría ocurrido mientras Molina revisaba la documentación dentro de la dependencia municipal.

De acuerdo con su declaración, se presentó en el lugar Rafael Vincenti, señalado en las actuaciones como secretario o máxima autoridad de Obras Públicas. El funcionario habría tomado el expediente, lo habría doblado y guardado bajo el brazo, argumentando que debía consultar al área legal y que faltaba precisar el lugar en el que sería instalada la pantalla.

Molina afirmó que pidió una copia completa del legajo, pero que se la negaron. Durante ese episodio también habría estado presente el arquitecto Agustín Gorosito, identificado en la denuncia como director de Obras Públicas.

Los abogados del denunciante consideran que la conducta atribuida a Vincenti podría configurar, en caso de ser comprobada, delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento. En este marco, la responsabilidad penal de los funcionarios que responden a la gestión de Juan Pablo García deberá ser determinada por la Justicia.

El sello que habría desaparecido durante una internación

Molina explicó que el origen del sello podría remontarse a varios años atrás, cuando sufrió una descompensación y permaneció internado en el hospital municipal San Roque.

En aquel momento trabajaba para Patricio Castro, conocido como “Yupi”, y Martín Vitalones, quienes le habían encargado la tramitación de un expediente antisiniestral correspondiente al bar “Módena”. Debido a su internación, documentación y elementos profesionales habrían quedado temporalmente en poder de aquellas personas.

El arquitecto afirmó que, posteriormente, advirtió la desaparición de un sello con la inscripción “Pablo Eduardo Molina, arquitecto, matrícula CAPBA 11.499”. También sostuvo que recibió comentarios según los cuales el instrumento habría sido empleado para completar expedientes destinados a habilitar boliches, bares y espectáculos públicos.

En su declaración mencionó como posibles testigos a Esteban Reynoso, conocido como “Dumbo”; Julio Barragán; Juan Barragán; y una persona identificada únicamente como Sebastián, apodada “Dumbito”. Ninguno de ellos aparece formalmente imputado en la documentación aportada.

La preocupación central de Molina es que su matrícula pueda haber sido utilizada para respaldar memorias técnicas, planos eléctricos o documentación antisiniestral de locales, eventos y carteles instalados en la vía pública. Según explicó, ante un accidente podría quedar inicialmente señalado como responsable profesional de trabajos que nunca realizó.

También solicitó que se tome declaración a las dos arquitectas que lo atendieron en Catastro y Obras Privadas, cuyos nombres no conocía al momento de formular la denuncia, y que se requiera información al arquitecto José Portinari, mencionado como autoridad de la subdelegación Chascomús del Colegio de Arquitectos.

Piden allanar el municipio y secuestrar expedientes de tres años

Molina se presentó como particular damnificado a través de sus abogados Jorge Ezequiel Domínguez y Milena Suárez, ambos matriculados en el Colegio de Abogados de Dolores.

El escrito judicial solicita una medida de extrema gravedad institucional: el allanamiento de las oficinas de la secretaría de Obras Públicas, Catastro y Obras Privadas de Dolores, ubicadas en calle Pichincha entre Rico y Márquez.

La defensa pretende que se secuestre el expediente original 4032-90470/2026, tanto en soporte papel como digital, y que se revisen todos los trámites correspondientes a obras, habilitaciones comerciales, cartelería, pautas publicitarias, planos eléctricos y documentación antisiniestral de los años 2024, 2025 y 2026.

Los abogados sostienen que no puede descartarse la existencia de una maniobra más amplia y reclaman preservar la documentación ante el riesgo de adulteración, desaparición o destrucción de pruebas. La presentación habla de una posible utilización “sistemática” de firmas y sellos apócrifos, aunque por el momento la causa continúa caratulada como averiguación de ilícito.

Recusación contra el juez y pedido de intervención de Anticorrupción

La presentación también recusó al juez Mariano Cazeaux, titular del Juzgado de Garantías Nro. 2 de Dolores, quien figura oficialmente al frente de ese organismo judicial.

Los representantes de Molina alegaron un supuesto “temor de parcialidad” por presuntos vínculos societarios anteriores entre el magistrado y el intendente García a través de la firma Peycer SA. Se trata de una afirmación formulada por la parte denunciante que deberá ser evaluada dentro del expediente.

Además, solicitaron que la investigación sea apartada de la fiscalía ordinaria y remitida a la Unidad Funcional de Instrucción especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos del departamento judicial de Dolores.

Para los abogados, la presunta retención del expediente, la negativa a entregar copias y la eventual intervención de funcionarios municipales transformaron una denuncia inicialmente vinculada con una falsificación entre particulares en un posible caso de corrupción, incumplimiento de deberes y encubrimiento.

El escrito fue presentado el 13 de julio y quedó registrado como recibido. Ahora, la Justicia deberá resolver la constitución de Molina como particular damnificado, la recusación contra Cazeaux, el pedido de remisión a la Fiscalía Anticorrupción y la solicitud de allanamiento de las dependencias municipales.

Mientras tanto, el interrogante central permanece abierto: cuántos expedientes podrían haber sido tramitados con el sello de un profesional que asegura no haber confeccionado ni firmado ninguno de esos documentos, y cuántos de ellos están vinculados a la gestión de Juan Pablo García. (www.REALPOLITIK.com.ar)