Sandra Verónica Mattioli llevará a la Justicia el incumplimiento de su designación en la dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires. La mujer fue incorporada a planta permanente mediante el decreto 1967/2023, firmado por el gobernador Axel Kicillof y publicado en el Boletín Oficial, pero nunca fue notificada ni convocada para tomar posesión del cargo, según se cree, debido a su participación en la lista de Patricia Bullrich en Pehuajó.
La demanda será presentada ante el juzgado en lo Contencioso Administrativo de Trenque Lauquen, con el patrocinio del abogado Daniel Tordallardona. El planteo buscará que se declare ilegítima la omisión de la administración, se ordene su incorporación y se reconozcan los haberes que, según sostiene, dejó de percibir desde 2023.

Mattioli afirma haber cumplido con todos los requisitos exigidos: cuenta con certificados de antecedentes penales nacionales y provinciales sin observaciones, examen psicofísico aprobado y constancias de inscripción en el Sistema Único Provincial de Administración de Personal (SIAPE).
Pese a ello, su nombramiento nunca se concretó y tampoco existiría un acto administrativo que lo hubiera dejado sin efecto.

Antes de acudir a la Justicia, Mattioli envió cartas documento y pedidos de pronto despacho al gobernador Axel Kicillof, al administrador General de Vialidad, Roberto Caggiano, y a la jefa de la Zona VIII de Pehuajó, María Valeria Cifre.

Tras esos reclamos se inició el expediente EX-2026-18142405-GDEBA-DVMIYSPGP, referido a su pedido de toma de posesión. La documentación muestra que pasó por distintas áreas de Vialidad, Recursos Humanos, contaduría General y fiscalía de Estado, pero continuaba en trámite al 14 de julio.
Para la trabajadora, la sucesión de pases sin una respuesta concreta demuestra que el organismo conoce el caso, aunque sigue sin explicar por qué no se hizo efectivo el decreto.


Mattioli sostiene que la exclusión estaría relacionada con su participación política en Pehuajó. Integró una lista opositora encabezada por Juan Garaventa, enfrentada al intendente ultrakirchnerista, Pablo Zurro.
También pide que se investigue por qué algunas personas lograron ingresar mientras su designación permanecía paralizada. Según su denuncia, entre las incorporaciones se encontrarían familiares de dirigentes y funcionarios vinculados al oficialismo local.
La presentación solicitará a Vialidad que informe cuántos agentes fueron incorporados desde octubre de 2023, mediante qué actos administrativos y cuáles fueron los criterios utilizados.

La demanda reclamará la incorporación de Mattioli, los salarios pendientes y una reparación por los daños económicos y psicológicos que asegura haber sufrido.
Además, anticipó que podría promover acciones contra funcionarios provinciales por los artículos 248 y 249 del Código Penal, vinculados con el incumplimiento de deberes y la demora ilegal de actos propios de la función pública.
También invocará la ley 23.592 contra la discriminación, que incluye entre los motivos protegidos la ideología y la opinión política.
La cuestión central que deberá resolver la Justicia es concreta: existe un decreto de designación, fue publicado oficialmente y nunca fue revocado, pero Mattioli jamás pudo asumir. Ahora será el tribunal el que determine si se trató de una demora administrativa o de una exclusión ilegal con motivación política. (www.REALPOLITIK.com.ar)