El estado de abandono que atraviesa el sistema de protección de niños y adolescentes durante el gobierno de Axel Kicillof suma un nuevo capítulo. Esta vez, la denuncia apunta al hogar de abrigo de Ayacucho, dependiente del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia (OPNyA), donde las imágenes muestran instalaciones deterioradas, graves problemas de mantenimiento y alimentos que habrían llegado vencidos o en malas condiciones.

El material enviado a REALPOLITIK permite observar paredes de durlock destruidas, agujeros de grandes dimensiones, humedad extendida, pintura desprendida, puertas dañadas, aberturas deterioradas y sectores con escasa iluminación.

En el exterior, el panorama no resulta mejor. Las fotografías muestran paredes cubiertas de humedad, juegos infantiles deteriorados, colchones abandonados, bicicletas amontonadas, mobiliario roto, basura y sectores del patio sin mantenimiento.

Fruta podrida y leche vencida

Una de las imágenes exhibe un canasto con naranjas y manzanas, varias de ellas visiblemente golpeadas, deformadas o en proceso de descomposición.

Según relataron las personas que acercaron el material, la fruta habría llegado al establecimiento durante la jornada del 14 de julio mediante la distribución estatal y habría sido aceptada en esas condiciones por el responsable del economato.

Fuentes aseguraron que los trabajadores detectan estos productos antes de que sean consumidos y los descartan. Sin embargo, advirtieron que la entrega de mercadería sin controles adecuados es una situación frecuente.

Las fotografías también muestran distintos paquetes de leche en polvo con fechas impresas vencidas. Uno de los envases de la marca La Esperanza exhibe con claridad la inscripción “VTO 24/02/26”, casi cinco meses antes de la denuncia.

Otro paquete de leche Du Lait presenta una identificación que parece indicar vencimiento en mayo de 2026. También aparecen productos lácteos con fechas correspondientes a junio y mayo de este año.

Aunque las fuentes aseguraron que esa mercadería no fue suministrada a los niños, su ingreso y almacenamiento dentro de un hogar estatal plantea dudas sobre los controles de recepción, trazabilidad y seguridad alimentaria. En ese marco, vale mencionar que el responsable del área de Economato fue identificado como César Cabreli.

Canillas cerradas con alambre y aberturas sin protección

La denuncia sostiene además que las canillas del baño de varones fueron clausuradas de manera precaria con alambres.

En las fotografías puede observarse una pileta deteriorada, con suciedad acumulada y una de las canillas atada con un elemento oscuro. También se registraron puertas que no cierran correctamente y sectores de las paredes con perforaciones y filtraciones.

Trabajadores describieron además ventanas y aberturas sin vidrios, cubiertas de manera improvisada con plásticos. El estado general del lugar que depende del ministro Andrés Larroque evidencia una prolongada falta de inversión y mantenimiento en un edificio destinado a alojar a personas menores de edad bajo protección estatal.

Denuncias contra las autoridades

Los señalamientos también alcanzan a la conducción del establecimiento. Trabajadores aseguraron que el director Darío Cabral, quien habría llegado al cargo después de desempeñarse en un hogar de la ciudad de Tandil, llevaría aproximadamente un mes sin concurrir regularmente al establecimiento.

Mientras tanto, fuentes se preguntan cómo es posible que la firma de Cabral aparezca en documentos oficiales aún durante su ausencia. Allí aparece la vicedirectora Carolina Russo, sindicada extraoficialmente por mantener conductas agresivas e insultar a los niños alojados.

El Estado como responsable directo

Los hogares de abrigo tienen la obligación de proporcionar alojamiento seguro, alimentación adecuada, condiciones sanitarias dignas y protección integral a niños y adolescentes que, en muchos casos, llegan después de atravesar situaciones familiares de enorme vulnerabilidad.

Las imágenes de Ayacucho muestran exactamente lo contrario: un inmueble deteriorado, alimentos sin controles suficientes, instalaciones improvisadas y una conducción cuestionada por sus propios trabajadores.

La gravedad del caso exige una inspección inmediata del OPNyA, la intervención de las autoridades sanitarias y bromatológicas, el control de las partidas de alimentos recibidas y una auditoría sobre la gestión del establecimiento.

Mientras el gobierno de Axel Kicillof presenta la protección de derechos como una prioridad de gestión, los hogares dependientes del organismo provincial continúan acumulando denuncias por abandono, falta de mantenimiento y condiciones incompatibles con cualquier política seria de cuidado.

En Ayacucho, las fotografías no muestran una falla aislada: exhiben un lugar en el que el propio Estado parece haber dejado sin protección a quienes debía proteger. (www.REALPOLITIK.com.ar)