La dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires quedó bajo la lupa por dos convenios con universidades nacionales que, en conjunto, involucraron 9.005 millones de pesos y presentaron serias deficiencias documentales.

El Tribunal de Cuentas mantuvo en suspenso el pronunciamiento sobre esas operaciones y dejó expresamente abiertos posibles cargos contra tres funcionarios: el administrador general de Vialidad, Hernán Y Zurieta; el gerente de Administración, Leonardo Miguel Zara; y el jefe del departamento de Patrimonio, Marcio Martín Abad.

Uno de los convenios fue firmado con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), durante la gestión de Martín López Armengol, por 7.050 millones de pesos. El acuerdo tenía como objeto el “diseño y construcción de una red de clasificadores de tránsito” para centralizar información en oficinas de Vialidad mediante transmisión remota de datos.

El segundo fue celebrado con la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) por 1.955 millones de pesos, bajo el concepto de “apoyo para la gestión ambiental” de la dirección de Vialidad. Por entonces, la casa de estudios se encontraba conducida por Arnaldo Medina.

Pagos millonarios y expedientes incompletos

Al revisar la tramitación y los pagos asociados a ambos convenios, los auditores comprobaron que no se habían incorporado las constancias de entrega de los equipos, pese a que esa documentación estaba prevista.

Tampoco aparecía información suficiente sobre los motivos por los cuales los convenios no se cumplieron en término. Según el fallo, no se aportaron las prórrogas correspondientes ni, de ser necesario, las actuaciones vinculadas con una eventual rescisión.

La observación no es menor. Sin actas de entrega, informes de recepción, prórrogas o decisiones de rescisión, el expediente no permite determinar con claridad qué recibió el Estado provincial a cambio de los fondos comprometidos ni si los objetivos de los convenios fueron efectivamente cumplidos.

El organismo no afirmó que los 9.005 millones hayan constituido un perjuicio fiscal, pero sí concluyó que faltaban elementos para cerrar el análisis. Por eso ordenó que ambos casos vuelvan a ser examinados en el próximo estudio de cuentas.

La acusación golpea a la gestión de Martín López Armengol, hoy conduciendo el decanato de la Facultad de Ciencias Económicas.

Los funcionarios que quedaron alcanzados

Según la resolución, Hernán Y Zurieta, Leonardo Miguel Zara, y Marcio Martín Abad no deben considerarse exentos de responsabilidad hasta que el Tribunal de Cuentas se pronuncie de manera concreta y definitiva. El organismo también dejó abierta la posibilidad de ampliar el universo de responsables si del análisis posterior surgen nuevas intervenciones.

La decisión golpea directamente a la estructura administrativa de Vialidad y, por extensión, al gobierno de Axel Kicillof, bajo cuya gestión se tramitaron los convenios con la UNLP y la UNAJ.

El mecanismo de cooperación con universidades públicas suele ser presentado por el gobierno bonaerense como una vía ágil para desarrollar programas, contratar asistencia técnica o ejecutar proyectos. Sin embargo, el fallo muestra el costado más opaco de ese esquema cuando los expedientes no contienen la documentación necesaria para seguir el destino de los fondos y verificar las contraprestaciones.

El dato adquiere mayor dimensión al observar el volumen financiero de Vialidad. El organismo tuvo en 2024 un presupuesto definitivo superior a 306.469 millones de pesos, luego de que los créditos originales fueran ampliados en más de 234.456 millones. Durante el ejercicio devengó aproximadamente 285.133 millones y cerró con una deuda superior a 13.612 millones.

Hasta que las respuestas aparezcan, el fallo deja una conclusión incómoda para el gobierno bonaerense: Vialidad comprometió casi 9.000 millones de pesos en acuerdos con universidades que el propio Tribunal de Cuentas todavía no pudo considerar correctamente cumplidos. (www.REALPOLITIK.com.ar)