Una denuncia administrativa presentada ante el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires (IVBA) puso bajo sospecha la adjudicación y el uso de una vivienda social en la ciudad de Dolores. La presentación sostiene que Mario Faustino Agüero, trabajador del ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, y Karina Ivana Salto figuran como titulares de una unidad habitacional estatal del plan Federal de viviendas, pese a que durante años habrían declarado judicialmente residir y ejercer la posesión de otra propiedad, sito en calle Ramos Mejía 255, Dolores. J.C.C. Nro. 1 exp. 63.896, IPP 03-00004726/17, J.C.C. Nro. 1 exp.67.999 y otros.

El planteo fue realizado por María Teresa Díaz, quien también ingresó una presentación ante la municipalidad de Dolores. La mujer pidió que se investigue cómo se adjudicó la vivienda, quién la ocupó realmente, qué información fue aportada en los censos y si se cumplieron las condiciones de residencia y permanencia exigidas para este tipo de beneficios.

La documentación obtenida en el Instituto de la Vivienda identifica a Agüero y Salto como titulares de una casa ubicada en Esmeralda 816, dentro del barrio Dolores 180 Viviendas. El inmueble también aparece referenciado como América 998/1000 y está vinculado a una resolución de adjudicación del año 2010.

Sin embargo, la denunciante asegura que ambos aparecen en diferentes causas civiles y penales declarando que vivían en Ramos Mejía 255, una propiedad perteneciente a su familia y actualmente involucrada en un juicio de desalojo que tramita en el J.C.C.Nro. 1 Dolores exp. 63.896, con declaración confesional de la Sra. Karina Salto el 28 de mayo de 2026. 

“No puedo entender cómo figuran como ocupantes de una vivienda social si, al mismo tiempo, manifiestan judicialmente que desde 2008 están en mi casa”, cuestionó Díaz.

Una contradicción sostenida durante años

Según la presentación, las referencias a Ramos Mejía 255 (Dolores) no corresponden a un episodio aislado. Díaz enumeró declaraciones judiciales, informes socioambientales, cédulas y constataciones producidas entre 2016 y 2026 en las que Agüero y Salto habrían señalado ese inmueble como domicilio real.

Uno de los antecedentes mencionados es una declaración testimonial de Salto realizada en diciembre de 2017, en la que habría manifestado vivir en Ramos Mejía 255. En marzo de 2018, siempre según la documentación aportada, habría afirmado que residía en el barrio desde hacía más de treinta años (IPP 03-00004726/17).

La denuncia también cita un informe socioambiental elaborado en agosto de 2018 por una perito de la defensoría Departamental de Dolores. Allí, Agüero habría indicado que vivía con su esposa y sus dos hijos en la propiedad de Ramos Mejía y que ejercían su posesión desde el año 2008.

La misma contradicción habría reaparecido el 28 de mayo de 2026, durante una absolución de posiciones realizada en el expediente 63.896, que tramita ante el juzgado Civil y Comercial Nro. 1 de Dolores.

Díaz sostuvo que en aquella audiencia Salto volvió a afirmar que la familia permanecía en Ramos Mejía 255 desde 2008. “Mi inmueble es particular, no corresponde a ningún plan social. Está a nombre de mi familia y existen declaratoria de herederos, escritura y cesión de derechos hereditarios”, explicó la denunciante. La mujer remarcó que toda esa documentación se encuentra incorporada en los expedientes sucesorios y en el juicio de desalojo.

Datos del censo del año 2025. Para la denunciante sería apócrifo.

La vivienda estatal habría sido ocupada por otra persona

La denuncia incorpora, además, un segundo elemento. Mientras Agüero y Salto habrían declarado vivir en Ramos Mejía 255, la vivienda social adjudicada habría sido ocupada desde 2017 por una tercera persona identificada como Bárbara Santander.

Para respaldar esa afirmación, la presentación menciona declaraciones testimoniales incluidas en actuaciones penales. En ellas, distintas personas habrían señalado que Santander residía en América 998 o América 1000 desde mediados de 2017.

Díaz sostiene que Agüero y Salto nunca habrían ocupado efectivamente la unidad estatal, de acuerdo a las causas penales y civiles obrantes en distintos expedientes..

“Desde el año 2017, cuando les dieron esa vivienda, nunca la ocuparon. Ellos mismos manifiestan en los expedientes que están en mi casa desde 2008”, afirmó.

En la documentación, IPP 03-00004726/17, la señora Santander junto con su abogado habrían manifestado que se domiciliaba en América al 1000, vivienda de su propiedad. Por ese motivo, la denunciante solicitó que se reconstruya la ocupación histórica de la vivienda y se identifique a las personas que efectivamente residieron allí.

Qué sabía la municipalidad de Dolores

La presentación también apunta contra los controles de la municipalidad de Dolores, conducida actualmente por el intendente Juan Pablo García. Según la denuncia, en octubre de 2017 personal municipal realizó una constatación en Ramos Mejía 255. Durante aquella diligencia, una familiar de Agüero habría informado que él, Salto (peticionante de subsidios municipales) y sus hijos vivían en esa propiedad.

Pese a ese antecedente, los datos entregados por el Instituto de la Vivienda consignan al matrimonio como ocupante de la unidad social de Esmeralda y América. 

“En el Instituto me dijeron que esos eran los datos del censo realizado por la municipalidad de Dolores. Yo les pregunté cómo podían haber censado a estas personas en esa vivienda si estaban en mi casa”, relató Díaz.

La denunciante solicitó que se investigue especialmente un censo efectuado el 18 de mayo de 2022 por el INDEC, con el objetivo de determinar quién fue identificado como residente, quién suministró la información y qué controles municipales respaldaron esos datos.

Por el momento, no existe una resolución administrativa o judicial que confirme que el censo haya sido manipulado. La sospecha forma parte de la denuncia y deberá ser corroborada por los organismos competentes.

Aunque parte de los hechos señalados se remonta a gestiones anteriores, la administración actual deberá explicar qué intervención tuvo el municipio, qué documentación conserva y si se realizaron inspecciones posteriores sobre la vivienda.

Presentación ante la municipalidad de Dolores.

Documentos diferentes para justificar la ocupación

Díaz también aseguró que en distintas actuaciones judiciales Agüero y Salto habrían utilizado instrumentos de diferente naturaleza para justificar su permanencia en Ramos Mejía 255.

Según su testimonio, en una causa apareció un supuesto boleto de compraventa, mientras que en otra se habría invocado una cesión de vivienda. “Son instrumentos totalmente diferentes. En una causa dicen una cosa y en otra presentan otro documento”, sostuvo.

La denunciante pidió que esas constancias sean examinadas junto con los informes sociales, las declaraciones testimoniales y la documentación registral. Hasta que no se analicen los instrumentos completos, no puede determinarse su validez ni establecerse si existe alguna irregularidad documental.

La documentación presentada y recibida por el Instituto de la Vivienda.

El Instituto de la Vivienda deberá investigar

La presentación fue recibida el 14 de julio por el Instituto de la Vivienda bonaerense y quedó identificada con un número de expediente administrativo. El organismo está encabezado por Diego Menéndez, como administrador General, y Hernán Ralinqueo, como subadministrador General.

Díaz reclamó que el IVBA requiera el expediente completo de adjudicación, verifique la ocupación histórica de la unidad y determine si Agüero y Salto incumplieron las condiciones de residencia y permanencia.

También solicitó que se analice si reunían los requisitos patrimoniales exigidos, debido a que en diferentes expedientes habrían afirmado ejercer la posesión de otro inmueble desde 2008 y poseer un vehículo Chery Tiggo 5 2.0 Luxury CVT.

Declararse poseedor de una propiedad no equivale necesariamente a ser su titular registral. Sin embargo, esa situación resulta relevante para establecer dónde residía efectivamente el grupo familiar y si la vivienda social cumplió la finalidad para la cual fue otorgada.

La denuncia expone una serie de contradicciones que requieren respuestas oficiales: una pareja registrada como titular de una vivienda social, declaraciones judiciales que la ubican durante años en otra propiedad, una tercera persona presuntamente instalada en la unidad estatal y controles municipales cuya eficacia ahora quedó bajo sospecha. (www.REALPOLITIK.com.ar)