Hay investigaciones judiciales que trascienden un expediente. Hay causas que ponen en discusión la transparencia de toda una gestión. Y lo que hoy ocurre en General Rodríguez es uno de esos casos que ningún vecino debería mirar para otro lado.

La Fiscalía N.º 9 del Departamento Judicial Moreno–General Rodríguez investiga una denuncia que, de confirmarse, podría convertirse en uno de los hechos institucionales más graves de los últimos años en el distrito. Según la presentación realizada por el abogado y dirigente político Miguel Puentes, existiría un importante faltante de vehículos que estuvieron bajo custodia del Municipio y cuyo destino hoy es materia de investigación.

La denuncia menciona al intendente Mauro García, al exjefe de Gabinete Luciano Larralde y a otros funcionarios municipales, mientras la Justicia procura establecer si los procedimientos administrativos y la disposición de esos bienes se ajustaron o no a la normativa vigente.

No estamos hablando de un automóvil perdido ni de un error administrativo menor. Estamos hablando de cientos de vehículos que, según la denuncia, deberían poder ser identificados, registrados y respaldados por documentación oficial. Cuando el estado secuestra un vehículo, asume una responsabilidad. Debe custodiarlo, registrarlo y, si corresponde, disponer de él conforme a la ley. No existen atajos.

Por eso la pregunta que hoy se hacen muchos vecinos es sencilla: ¿dónde están esos vehículos y dónde está la documentación que permita reconstruir el recorrido de cada uno?

La Justicia será la encargada de responder si hubo o no delitos. Pero la política no puede esconderse detrás de los tiempos judiciales.

El intendente Mauro García tiene una responsabilidad institucional ineludible. Como máxima autoridad del Departamento Ejecutivo, debe brindar todas las explicaciones necesarias sobre el funcionamiento de las áreas involucradas y colaborar plenamente con la investigación. La transparencia no comienza cuando llega un oficio judicial; debe existir todos los días.

La obligación de rendir cuentas

También resulta inevitable mirar hacia el resto de la estructura municipal. Si la investigación alcanza a distintos funcionarios, la sociedad tiene derecho a preguntarse cómo funcionaban los controles internos. ¿Quién supervisaba? ¿Quién auditaba? ¿Quién verificaba que cada procedimiento se ajustara a la ley? Porque una administración pública no depende de una sola firma. Detrás de cada expediente existe una cadena de responsabilidades.

Y hay otro actor que tampoco puede quedar al margen: el Concejo Deliberante.

Los concejales no fueron elegidos únicamente para levantar la mano cuando el Ejecutivo envía proyectos. Fueron elegidos para controlar, fiscalizar y exigir rendición de cuentas. Si hoy la Justicia debe investigar hechos de semejante magnitud, también corresponde preguntarse si los mecanismos de control político funcionaron como debían.

El silencio institucional nunca fortalece a una gestión. Por el contrario, alimenta las dudas y profundiza la desconfianza de la ciudadanía.

Nadie debe ser condenado por anticipado. Ese principio es básico en un estado de derecho. Pero tampoco puede pretenderse que la sociedad permanezca indiferente cuando una investigación judicial pone bajo la lupa el manejo de bienes públicos.

La confianza se construye con información, con documentos y con respuestas. Si todo se hizo conforme a la ley, la documentación deberá demostrarlo. Si existieron irregularidades, será la Justicia quien determine las responsabilidades correspondientes.

Lo que no puede ocurrir es que la política naturalice que cientos de bienes públicos sean objeto de una investigación sin ofrecer una explicación clara a la comunidad.

General Rodríguez merece un gobierno transparente, controles eficaces y funcionarios dispuestos a rendir cuentas. Porque administrar el Estado no es solamente ejecutar un presupuesto o inaugurar una obra. También implica responder cuando aparecen dudas legítimas sobre la administración de los bienes públicos.

Hoy la pregunta sigue abierta. La Justicia buscará las respuestas jurídicas. Pero la sociedad ya reclama respuestas políticas.

Y cuanto más tarde lleguen, mayor será el costo institucional para quienes tienen la responsabilidad de gobernar.