Eduardo Ferreyra, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), conversó con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm) sobre el proyecto de ley de Gestión de Intereses presentado por el poder ejecutivo, alertó sobre el grave impacto que tendrá en el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades y denunció los mecanismos restrictivos y burocráticos que introduce la norma para asfixiar la participación cívica.

"El problema principal es que, tal como está redactado, el proyecto abarca mucho más que la mera gestión de intereses comerciales; puede afectar incluso el trabajo de organizaciones de la sociedad civil para reclamar el cumplimiento de un derecho. Confundir un lobby comercial con un reclamo por un derecho es algo que no debería ser confundido en lo más mínimo", señaló Ferreyra al revelar los peligros de la iniciativa oficial.

En ese sentido, cuestionó la vaguedad en los términos de la ley y remarcó que cualquier grupo informal de vecinos podría verse obligado a registrarse ante el propio Ejecutivo para hablar con un funcionario. "La definición es absolutamente amplia. Si un grupo de personas desea plantear una petición porque se le está incumpliendo un derecho, eso sería considerado lobby para este proyecto. Es una restricción preocupante del espacio cívico", afirmó.

Carga burocrática y amenazas de prisión 

El referente social también detalló las onerosas exigencias administrativas que impone el proyecto, las cuales actúan como un filtro que favorece únicamente a los sectores de mayor poder económico. "Las grandes empresas tienen la capacidad para cumplir con los reportes e informes, cosa que una organización pequeña no puede. Además, la decisión de aceptarte o no en el registro depende del Poder Ejecutivo, sin criterios claros", sostuvo.

Ferreyra alertó además sobre la inusual gravedad de las penas contempladas en la norma, un elemento que no encuentra precedentes en las legislaciones internacionales sobre regulación del lobby. "El proyecto establece sanciones administrativas, multas e incluso denuncias penales. Todo este cúmulo de carga burocrática y amenaza de sanciones va a generar un fuerte efecto restrictivo en cualquiera que intente contactarse con su representante", describió.

Por último, remarcó el rechazo absoluto que la propuesta cosechó en el ámbito parlamentario por parte de todo el arco social y destacó la importancia de sostener los canales de debate público. "Fuimos al Congreso de la Nación Argentina a exponer y era patente la unanimidad de todas las organizaciones en la crítica, sin importar su visión del mundo. En un momento con tantas reformas en juego, necesitamos más discusión y más participación, no proyectos que busquen desincentivarla", concluyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)