La ofensiva del gobierno libertario para modificar la ley de Tierras vuelve a exponer uno de los casos más emblemáticos de concentración territorial en manos extranjeras: el imperio construido por la familia Benetton en la Argentina.

Mucho antes de que la administración de Javier Milei intentara liberar la compra de campos por parte de inversores extranjeros, la Patagonia ya había funcionado como un enorme laboratorio para capitales internacionales interesados en la producción agropecuaria, los bosques, el agua, la minería y el negocio inmobiliario.

El caso Benetton sintetiza ese proceso. En 1991, el holding financiero de la familia italiana adquirió la Compañía de Tierras Sud Argentino SA, una empresa que arrastraba más de un siglo de historia y controlaba extensiones distribuidas entre la provincia de Buenos Aires y distintos puntos de la Patagonia.

La operación convirtió a los fundadores de United Colors of Benetton en uno de los mayores propietarios privados de tierras de la Argentina. En la actualidad, el propio holding de la familia reconoce que la compañía desarrolla actividades sobre aproximadamente 920 mil hectáreas.

Del negocio textil al control de casi un millón de hectáreas

Los hermanos Luciano, Giuliana, Gilberto y Carlo Benetton construyeron desde Italia una de las marcas textiles más conocidas del mundo. La expansión internacional del grupo generó una demanda creciente de lana y abrió la puerta a la búsqueda de establecimientos capaces de garantizar el abastecimiento directo de esa materia prima.

La Argentina de comienzos de los años 90 ofrecía una oportunidad difícil de ignorar. El tipo de cambio, el bajo precio de grandes extensiones rurales y la tradición lanera de la Patagonia facilitaron el desembarco de la familia.

En 1991, Edizione Holding compró la Compañía de Tierras Sud Argentino a tres familias argentinas. La empresa sostuvo que el objetivo era modernizar una explotación histórica dedicada principalmente a la producción ovina, una actividad directamente relacionada con el negocio textil de Benetton.

Sin embargo, la adquisición fue mucho más que una operación para conseguir lana. Junto con la compañía, el holding accedió a enormes superficies rurales, infraestructura, ganado, bosques y zonas atravesadas por recursos naturales de creciente valor económico.

Durante años se calculó que el grupo poseía alrededor de 844.200 hectáreas. La cifra actualmente informada por Edizione es todavía mayor, porque la Compañía de Tierras Sud Argentino opera sobre aproximadamente 920 mil hectáreas destinadas a la cría de ovejas y vacas, la producción de lana, la agricultura y la actividad forestal.

La dimensión permite una comparación contundente: el territorio operado por la compañía supera varias veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y coloca al holding italiano en una posición territorial que pocos propietarios privados pueden igualar.

Una compañía nacida al calor del reparto de la Patagonia

La historia de la Compañía de Tierras Sud Argentino es anterior a la llegada de los Benetton. Sus antecedentes se remontan a la Argentine Southern Land Company, una sociedad constituida en Londres durante el proceso de incorporación de los territorios patagónicos al Estado argentino.

La empresa quedó ligada desde su origen a la expansión ferroviaria británica y a la entrega de grandes superficies realizada después de las campañas militares del siglo XIX. Con el paso de las décadas cambió de propietarios, modificó su nombre y quedó formalmente radicada en el país, pero mantuvo su principal activo: la tierra.

Benetton no compró campos aislados. Adquirió una estructura productiva y territorial construida durante generaciones, con establecimientos distribuidos en Chubut, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Buenos Aires.

Dentro de esas propiedades se desarrollan actividades ovinas, bovinas, agrícolas y forestales. La compañía administra miles de animales, plantaciones y cultivos, además de infraestructura propia para procesar y transportar su producción.

Ese entramado explica por qué la discusión sobre Benetton excede la imagen de una empresa extranjera que produce lana. El control de semejante superficie otorga una capacidad económica, territorial y política considerable en regiones donde muchas localidades dependen de unos pocos actores privados.

Nicolás Van Ditmar, el operador que aparece detrás de los grandes negocios

En diferentes reconstrucciones sobre el desembarco de Benetton aparece el nombre de Nicolás Bernardo Van Ditmar, un empresario inmobiliario que durante décadas se movió entre algunas de las propiedades más codiciadas de la Patagonia.

Van Ditmar fue señalado como uno de los facilitadores de la llegada del grupo italiano y como un conocedor privilegiado del mercado de grandes estancias. Su intervención específica en la compra de la Compañía de Tierras Sud Argentino surge de investigaciones periodísticas y trabajos sobre la concentración territorial, aunque no existe una documentación pública completa que permita conocer cuál fue formalmente su papel en cada etapa de la operación.

La importancia de su figura se vuelve más clara al observar su recorrido posterior. Van Ditmar se convirtió en representante y administrador de los intereses del magnate británico Joe Lewis en Río Negro.

Lewis compró durante los años 90 miles de hectáreas alrededor de Lago Escondido, cerca de El Bolsón. La propiedad quedó bajo la órbita de Hidden Lake SA, sociedad estrechamente vinculada al empresario británico.

Van Ditmar actuó durante años como su vocero, administrador y principal operador territorial. Defendió públicamente el dominio privado que rodea el lago y quedó en el centro de la controversia por el cumplimiento de las decisiones judiciales que ordenaron garantizar un acceso público.

La relación llevó a que fuera definido como la mano derecha de Lewis en la Patagonia. Su figura quedó asociada no solamente a la gestión de una estancia, sino a una forma de intermediación que conectó capitales extranjeros, sociedades argentinas, grandes propiedades rurales y contactos con el poder político.

El empresario del “Winchester” y el conflicto por Lago Escondido

Van Ditmar adquirió notoriedad nacional cuando, en medio de las movilizaciones para llegar a Lago Escondido, afirmó que estaba dispuesto a defender la propiedad con “un Winchester”.

La declaración expuso la tensión acumulada alrededor de un bien público rodeado por tierras privadas. Mientras organizaciones sociales, sindicales y políticas reclamaban el libre acceso, el entorno de Lewis sostenía que existían vías habilitadas y denunciaba intentos de invasión a la propiedad.

El conflicto atravesó distintos gobiernos y llegó en reiteradas oportunidades a la Justicia. La disputa dejó en evidencia el poder que puede ejercer un gran propietario cuando controla los caminos, los accesos y buena parte del territorio que rodea un lago.

Van Ditmar también reconoció públicamente la relación entre Lewis y Mauricio Macri. El entonces presidente se alojó en la propiedad de Lago Escondido, un hecho que alimentó las sospechas sobre el nivel de llegada política del empresario británico.

La trama permitió comprender que las operaciones inmobiliarias de la Patagonia no dependieron únicamente del dinero de los compradores. También necesitaron intermediarios locales capaces de conocer los registros, detectar oportunidades, relacionarse con funcionarios y administrar las controversias posteriores.

Benetton y Lewis son dos casos diferentes, pero comparten una característica: detrás de las grandes adquisiciones aparece un conjunto de operadores, abogados, administradores y sociedades que hicieron posible que capitales internacionales controlaran territorios estratégicos del sur argentino.

De las ovejas a la minería

La expansión de la familia Benetton no quedó limitada a la producción agropecuaria. El grupo también avanzó sobre el negocio minero mediante su participación en Minsud Resources.

La compañía posee intereses en proyectos de exploración, entre ellos Chita Valley, en San Juan, un desarrollo vinculado a la búsqueda de cobre, oro, plata y otros minerales.

El salto desde la lana hacia la minería demuestra que la tierra no debe analizarse únicamente por su valor productivo superficial. Debajo de los campos pueden existir minerales estratégicos; en su interior, bosques y reservas de agua; y alrededor, pasos fronterizos, ríos, lagos o corredores logísticos.

Por eso, la discusión sobre la propiedad rural está vinculada de manera directa con el control de los recursos naturales. Quien adquiere grandes superficies no compra solamente suelo: también obtiene una posición privilegiada frente a todo lo que ese territorio contiene o puede contener en el futuro.

En la Patagonia, ese fenómeno se profundiza por la baja densidad poblacional y por la debilidad financiera de muchos municipios. Una empresa con miles de hectáreas, empleos directos e infraestructura propia puede alcanzar una influencia muy superior a la de otros actores económicos.

La llegada de nuevas inversiones puede generar empleo y producción, pero también concentrar decisiones esenciales en compañías cuyos centros de mando se encuentran fuera del país.

Luciano Benetton.

La ley de Tierras que Milei no pudo eliminar por decreto

La ley 26.737 fue sancionada en 2011 con el objetivo de limitar la extranjerización de la propiedad rural. La norma fijó un techo del 15 por ciento para las tierras en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

También estableció que los titulares de una misma nacionalidad no podían superar el 30 por ciento del total admitido para extranjeros y fijó límites para las adquisiciones individuales en determinadas zonas productivas.

El régimen no tuvo efectos retroactivos. Las propiedades que ya habían sido adquiridas antes de su sanción, como las controladas por Benetton, no fueron alcanzadas por una obligación de venta o reducción patrimonial.

Al asumir, Javier Milei intentó derogar la ley mediante el DNU 70/2023. El gobierno argumentó que las restricciones afectaban el derecho de propiedad y dificultaban la llegada de inversiones al sector agropecuario.

Sin embargo, la derogación quedó judicialmente frenada y las restricciones continuaron vigentes. La propia administración nacional reconoce actualmente que quienes pretendan comprar tierras rurales bajo control extranjero deben someterse a los requisitos de la ley 26.737.

Ante el revés judicial, la Casa Rosada trasladó la ofensiva al Congreso. El oficialismo busca eliminar los límites nacionales a la adquisición de campos y dejar una parte sustancial de la regulación en manos de las provincias.

El nuevo intento del gobierno y una votación que volvió a naufragar

El proyecto impulsado por el oficialismo volvió a ocupar la agenda del Senado, pero el debate terminó pasando a un cuarto intermedio. La discusión continuará el 6 de agosto, luego de una nueva dificultad para reunir los acuerdos necesarios.

El gobierno presenta la reforma como una herramienta para atraer capitales, desarrollar proyectos productivos y movilizar campos que considera subutilizados.

Los sectores rurales que acompañan la iniciativa sostienen que no se debe temer a la llegada de compradores internacionales y que el dominio privado no implica una pérdida automática de soberanía.

Del otro lado, la oposición advierte que eliminar los límites permitiría una nueva ola de concentración en regiones fronterizas, cordilleranas y cercanas a fuentes de agua.

La discusión no es solamente ideológica. La ley de Tierras establece actualmente controles concretos sobre quién puede comprar, cuánto territorio puede adquirir y cuál es el porcentaje extranjero tolerado dentro de cada jurisdicción.

Su eliminación dejaría el camino abierto para operaciones que hoy están condicionadas por esos topes. Las provincias conservarían atribuciones, pero el Estado nacional perdería una herramienta uniforme de control territorial.

Benetton como espejo de lo que puede venir

La historia de la familia Benetton funciona como un antecedente inevitable para analizar la reforma. El grupo compró la Compañía de Tierras Sud Argentino dos décadas antes de la sanción de la ley y consolidó una estructura territorial que ninguna regulación posterior pudo modificar.

La adquisición fue legal y la empresa reivindica las inversiones realizadas, la generación de empleo y el desarrollo productivo de sus establecimientos.

El cuestionamiento político no se reduce, sin embargo, a la legalidad de la operación. La pregunta es si resulta conveniente que una sola familia extranjera controle una superficie cercana al millón de hectáreas en zonas donde existen agua, bosques, minerales y comunidades con reclamos territoriales históricos.

Los conflictos con comunidades mapuches, particularmente en Chubut, aumentaron la exposición pública del grupo. Benetton sostuvo que sus títulos son legítimos y que las disputas por la tierra tienen antecedentes anteriores a su llegada.

Las comunidades cuestionaron el origen histórico de esos títulos y denunciaron que la propiedad privada se construyó sobre territorios ocupados ancestralmente. El choque atravesó expedientes judiciales, desalojos y episodios de violencia.

La reforma de Milei no resolvería esos conflictos. Por el contrario, podría multiplicar la llegada de nuevos propietarios extranjeros a regiones donde el ordenamiento territorial continúa siendo incompleto y donde conviven títulos registrales, ocupaciones tradicionales y reclamos indígenas.

La Patagonia como mercancía

El recorrido de Benetton, Lewis y Van Ditmar muestra que la extranjerización territorial no ocurrió de manera espontánea. Fue posible por un contexto político y económico, por la disponibilidad de grandes superficies y por una red local dispuesta a facilitar las operaciones.

Los compradores aportaron el capital. Los intermediarios identificaron las oportunidades, organizaron las sociedades, administraron los campos y construyeron relaciones con los poderes provinciales y nacionales.

La discusión que se aproxima en el Senado decidirá si el país mantiene límites nacionales para ese proceso o si abre una nueva etapa de liberalización.

El gobierno asegura que la tierra necesita inversiones. Sus adversarios responden que no toda inversión garantiza desarrollo y que el dominio de recursos estratégicos no puede quedar subordinado únicamente a la capacidad económica del comprador.

La historia de Benetton demuestra que las operaciones territoriales producen consecuencias que duran décadas. Una venta realizada en 1991 todavía condiciona debates productivos, judiciales, ambientales y políticos más de treinta años después.

Por eso, la pregunta que rodea a la ley de Tierras no es solamente cuánto dinero podría ingresar al país. También es quién controlará el territorio argentino cuando las inversiones se hayan concretado, qué recursos quedarán dentro de esas propiedades y qué capacidad conservará el Estado para intervenir.

La Patagonia ya conoce la respuesta cuando los límites llegan tarde. El nuevo proyecto puede convertir aquella experiencia en una excepción histórica o en el anticipo de un negocio mucho más grande. (www.REALPOLITIK.com.ar)