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Por Luciano Barroso
Una serie de expedientes municipales puso bajo sospecha la actuación de Manuel Aguerre, actual director de Obras Privadas de la municipalidad de Tandil, quien aparece personalmente vinculado a trámites de construcción que fueron analizados, convalidados y llevados hasta instancias de final de obra dentro de la dependencia que él mismo encabeza.
La documentación a la que accedió REALPOLITIK identifica al funcionario junto con Sergio Javier Etchetto en al menos dos actuaciones administrativas: los expedientes E20200570300, iniciado el 21 de septiembre de 2020, y E20220702700, abierto el 3 de octubre de 2022.

Ambos fueron caratulados como “Carpeta construcción” y recorrieron distintas instancias de Catastro y Obras Privadas. Los registros digitales consignan pases por sectores identificados como “Visador 2”, “Visador 3” y “Profesional”, además de actuaciones bajo las denominaciones “preliquidación realizada”, “pasa a convalidación” y “convalidado”.

El expediente de 2020 avanzó incluso hacia un pedido de final de obra, la designación de un inspector y una actuación denominada “Final de obra 2586”. Todo el circuito se desarrolló dentro de la dirección de Obras Privadas, cuyo titular oficial es el propio Aguerre. El municipio todavía lo presenta públicamente en ese cargo.

Vale destacar que Sergio Javier Etchetto no es ajeno a la política argentina: según se desprende de registros oficiales, supo ocupar funciones en la Administracion de Infraestructuras Ferroviaria SA (2015 a 2016) y en la direccion nacional de Vialidad (2020 - 2023).
La situación abre un interrogante central: en qué carácter intervino Aguerre en las carpetas y qué medidas se adoptaron para evitar que un trámite en el que aparecía personalmente vinculado fuera revisado por la estructura administrativa bajo su conducción.
Según la denuncia recibida por este medio, Aguerre habría actuado como arquitecto particular en representación de Etchetto, elaborando y presentando la documentación técnica. Posteriormente, el expediente habría transitado el circuito de Obras Privadas hasta alcanzar la convalidación y el final de obra.
Los documentos disponibles no individualizan mediante una firma manuscrita al agente que ejecutó cada paso, debido a que se trata de un expediente digital. Sin embargo, la trazabilidad administrativa permite comprobar que Aguerre aparece desde la carátula y que las actuaciones atravesaron la dirección que conduce.
La cuestión no es menor: incluso cuando la aprobación concreta haya sido cargada por otro empleado, la coexistencia entre una intervención profesional privada y la conducción del organismo responsable de controlar el proyecto podría configurar, como mínimo, un posible conflicto de intereses que exige explicaciones públicas.
Hasta el momento no surge de los registros aportados que Aguerre se haya apartado formalmente del trámite ni que la revisión haya sido derivada a un organismo independiente.
El plano incorporado a la documentación presenta otro punto controvertido. El proyecto contempla al menos seis edificaciones, un espejo de agua y una superficie proyectada cercana a los 800 metros cuadrados.
En el sector inferior se encuentra expresamente indicada una franja como “calle a abrir y ceder”, acompañada por la delimitación del retiro obligatorio de cinco metros. La denominada unidad o edificio número 4 aparece ubicada sobre el extremo del predio, en una posición cuya compatibilidad con el retiro y con la futura traza vial debería ser aclarada técnicamente por el municipio.

La fuente denunciante sostiene que esa construcción fue incorporada pese a ocupar una calle de dominio público, dentro de una zona protegida, sin servicios y sin respetar las restricciones urbanísticas correspondientes.
Las imágenes del plano permiten verificar la cercanía de la unidad 4 con el sector señalado como calle y con la línea de retiro. La gravedad de la denuncia aumenta porque, de acuerdo con la presentación, la unidad se encontraría actualmente habilitada y en funcionamiento, luego de haber obtenido el final de obra.

El segundo expediente, iniciado en octubre de 2022, vuelve a incluir los nombres de Etchetto y Aguerre y fija como referencia un inmueble ubicado en García Coronel 2250.
Al igual que el trámite anterior, pasó por Catastro, las áreas de visado, el sector Profesional y la convalidación. Sus diferentes actuaciones aparecen registradas como aceptadas hasta su posterior archivo.
La existencia de dos expedientes relacionados podría corresponder a distintas etapas de una misma intervención, a una incorporación edilicia posterior o a una regularización. Esa relación deberá ser explicada por el ejecutivo municipal.
Lo concreto es que en ambos casos Aguerre aparece nominalmente vinculado mientras se desempeña al frente del organismo que controla las construcciones privadas de Tandil.

Manuel Aguerre integra la estructura política del intendente Miguel Ángel Lunghi, quien gobierna Tandil de manera ininterrumpida desde diciembre de 2003 y actualmente atraviesa su quinto mandato al frente del municipio. El jefe comunal radical continúa oficialmente en funciones durante 2026.
La prolongada continuidad de la administración radical vuelve difícil presentar el caso como una irregularidad heredada o ajena al conocimiento político del ejecutivo.
El municipio deberá responder cuál fue el carácter preciso de Aguerre en los expedientes, quién autorizó cada instancia, si el funcionario se excusó de intervenir, bajo qué normativa fue convalidada la unidad número 4 y cómo obtuvo el final de obra y la habilitación. Finalmente, deberá aclarar si la edificación respeta el retiro obligatorio, si ocupa o afecta una calle destinada al dominio público, qué régimen de protección urbana rige sobre el predio y qué servicios fueron acreditados para permitir su funcionamiento. (www.REALPOLITIK.com.ar)