La gestión de Diego Menéndez en el Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires quedó bajo observación por no haber respaldado documentalmente un saldo superior a los 8.317 millones de pesos, correspondiente a créditos y préstamos de largo plazo vinculados con operatorias habitacionales.

La irregularidad fue detectada durante el análisis de la rendición de cuentas. El Tribunal de Cuentas reclamó al organismo que explicara la composición de las partidas contables y acompañara la documentación necesaria para comprobar la existencia y razonabilidad de los importes registrados.

En concreto, la observación alcanzó un saldo de 8.317.013.672,70 pesos, asentado como créditos de largo plazo. De acuerdo con las explicaciones brindadas por el Instituto, se trataba de préstamos históricos otorgados a municipios, comunas, cooperativas, asociaciones y otras entidades sin fines de lucro para el desarrollo de programas de vivienda.

El problema no estuvo en la naturaleza general de esas operaciones, sino en la falta de información que permitiera reconstruirlas individualmente. La documentación aportada no detalló quiénes eran los beneficiarios que integraban el saldo, cuánto correspondía a cada uno, cuándo se habían otorgado los préstamos, qué movimientos registraron y cuál era la deuda pendiente en cada caso.

Registros generales, pero sin el detalle de cada operación

Como respuesta al requerimiento, las autoridades del Instituto presentaron mayores contables y explicaron que los valores provenían de cuentas antiguas, algunas anteriores a 2017, que luego habían sido migradas y reclasificadas dentro del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF).

Sin embargo, la relatoría entendió que esa información no alcanzaba para subsanar la observación. Los registros exhibían el saldo global, pero no permitían verificar cómo se había conformado ni relacionarlo con los préstamos y beneficiarios concretos.

El fallo remarcó que continuaba faltando información sobre la identificación de las municipalidades, comunas o entidades beneficiarias, los importes individuales, las fechas y los movimientos históricos de las operaciones.

En otras palabras, el Instituto registró contablemente que mantenía créditos por más de 8.317 millones de pesos, pero no aportó ante la auditoría el soporte documental suficiente para comprobar qué operaciones componían esa cifra.

Los funcionarios alcanzados

La responsabilidad fue atribuida a tres funcionarios que intervinieron en la administración contable y financiera del organismo durante el ejercicio auditado.

El fallo mencionó a Víctor Martín Antúnez, gerente Técnico, Administrativo y Legal hasta el 9 de enero de 2024, quien posteriormente asumió como gerente de Asuntos Jurídicos del Astillero Río Santiago; a Daniel Eduardo Berazadi, que ocupa esa gerencia desde el 10 de enero; y a Martín Osvaldo Boragina, director de Administración durante todo el ejercicio y todavía vinculado al Instituto.

Vale destacar que Berazadi desempeñó funciones en el Tribunal de Cuentas durante casi diez años, entre diciembre de 2015 y enero del 2024.

El Tribunal consideró que las respuestas presentadas no lograron despejar las dudas sobre la integración del saldo y mantuvo la observación formulada por la Relatoría.

Pese a la magnitud del importe involucrado, el organismo de control no ordenó la restitución de fondos ni determinó la existencia de un perjuicio patrimonial concreto. La consecuencia fue considerablemente menor: Antúnez, Berazadi y Boragina recibieron llamados de atención por la falta de información y respaldo suficiente.

Daniel Berazadi, otrora vinculado al Tribunal de Cuentas, y Víctor Martín Antúnez, hoy gerente de Asuntos Jurídicos del ARS.

Una rendición aprobada con observaciones

A pesar de las irregularidades, el Tribunal de Cuentas aprobó la rendición general del Instituto de la Vivienda correspondiente a 2024, aunque dejó asentada la irregularidad documental.

El caso expone una debilidad relevante en el control de los créditos administrados por el organismo: frente a una partida multimillonaria, el Instituto no aportó un inventario individualizado que permitiera conocer quiénes recibieron los préstamos, qué montos estaban pendientes y cómo evolucionaron las cuentas.

La resolución no prueba que los fondos hayan desaparecido. Sí establece que, al momento de la auditoría, el Instituto de la Vivienda no acreditó de manera suficiente y verificable la composición de créditos por más de 8.317 millones de pesos. (www.REALPOLITIK.com.ar)