¿Cuál es el efectivo control del Estado sobre las fuerzas de seguridad privada que operan en cualquier jurisdicción del país? ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir el personal de estas compañías, cuyos negocios van en aumento gracias a los magros sueldos del personal de seguridad público? ¿Están verdaderamente capacitados para portar un arma de manera legal? 

Miles de efectivos poseen armas reglamentarias debidamente registradas en el RENAR y en las empresas de seguridad privada hay otras tantas que son utilizadas por personal autorizado. Sin embargo, hay cuestiones extrañas que continúan sucediendo y la Justicia tomó nota de todas ellas. 

La violencia de género está al tope de las preocupaciones y si bien hay estadísticas disponibles acerca de casos en las fuerzas del orden, inclusive entre integrantes de las fuerzas armadas, los datos son casi inexistentes en el sector privado. 

Pero hay muchos casos que tienen como protagonistas a los vigiladores privados y el último conocido llama la atención por pertenecer a la compañía Entheus, que viene de ganar la licitación de seguridad en el hospital Garrahan y custodia importantes establecimientos privados. 

En su web indica que trabaja con profesionales que salieron de la Policía Federal Argentina. Altamente capacitados por ser licenciados en Seguridad. Muchos son efectivos de las fuerzas del orden, pero facturan como monotributistas porque pocos llegan a fin de mes con un sueldo del Estado. 

En su página oficial se lee: “Entheus es una empresa especializada en seguridad privada. Ofrece el aval que le otorga un cuerpo gerencial conformado por profesionales universitarios egresados del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA) con el título de licenciados en Seguridad, matriculados en el orden nacional en el Consejo Profesional de Ingeniería Industrial. 30 años de experiencia en instituciones públicas y privadas avalan la eficiencia de nuestras prestaciones”. 

Denuncia contra uno de sus integrantes 

Recientemente, trascendió una denuncia por violencia de género de uno de sus miembros. Una más en el ecosistema de las fuerzas de seguridad. 

El expediente con la denuncia de JYM contra Marcelo Gastón Saporiti, deberá ser investigada por el juzgado de Garantías. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 3 de Ezeiza, Delegación Sexuales descentralizada de Lomas de Zamora.  

En particular, JYM se presentó ante el Juzgado de Garantías para ratificar la denuncia que dio origen a la investigación penal preparatoria (IPP) y solicitó ser reconocida como particular damnificado. Además, pide la adopción urgente de medidas de protección y cautelares contra el denunciado, Según su relato que deberá ser confrontado con el denunciado, Marcelo Gastón Saporiti, vivió situaciones de violencia física, psicológica y sexuales. 

En su escrito señala que los hechos comenzaron el 1 de abril de 2026, cuando la denunciante inició un viaje con el acusado a la Costa Atlántica. Durante este viaje, Saporiti mostró conductas de control y violencia psicológica, especialmente cuando JYM se comunica con su madre. Tras el regreso y las disculpas del acusado, JYM acepta convivir con él en el domicilio de Millán 1090, Tristán Suárez. Sin embargo, la violencia se intensificó, afectando gravemente su integridad física y psicológica, según relató la mujer. 

En el expediente se lee, “El 11 de abril de 2026, tras recibir Saporiti llamadas en las que le informan sobre conversaciones privadas de JYM, reacciona con extrema violencia: arroja pertenencias de la denunciante, le impide salir del domicilio cancelando viajes de Uber y la empuja físicamente. En ese contexto, coloca un arma de fuego sobre la mesa y la obliga a mantener relaciones sexuales bajo amenaza, generando un temor fundado en la víctima. En los días siguientes, el acusado mantiene un control permanente sobre JYM, la obliga a enviar mensajes a su expareja bajo coacción y permanece armado, privándola de su libertad ambulatoria”. 

Saporiti manifiesta reiteradamente haber sido policía y asegura que nadie podrá impedirle estar cerca de JYM, incrementando el riesgo para la integridad y seguridad de la denunciante.  

La denuncia tiene más detales como que el “...17 de abril de 2026, fecha en que logra abandonar el domicilio, JYM vive en estado de temor permanente, preocupada también por la seguridad de su madre, quien es paciente oncológica”.  

La presentación concluye solicitando que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la víctima y su entorno, en cumplimiento de la legislación vigente y los tratados internacionales de protección de los derechos de las mujeres. 

Un debate sin fin por la violencia de género 

El caso deberá ser tratado en sede judicial en un momento de mucha tensión en la sociedad por el debate legislativo en el Senado de la Nación donde se intenta poner un freno a las denuncias falsas de violencia de género que impulsa la senadora santafesina, Carolina Losada y el rechazo que sostienen las organizaciones de derechos humanos y de defensa de las mujeres a esa iniciativa. 

Si bien, el caso puntual de JYM versus Saporiti aun no tiene resolución, preocupa la tendencia que se registra entre las fuerzas de seguridad a la hora de sostener relaciones de pareja. 

A diferencia del sector privado, las fuerzas de seguridad pública en Argentina sí cuentan con estadísticas oficiales y registros específicos que miden el impacto de la violencia de género ejercida por sus miembros, principalmente a través de informes sobre el uso de armas de fuego y violencia laboral o institucional. 

Los datos clave recopilados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y ministerios especializados muestran la gravedad de la problemática: 

Femicidios cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad 

Los informes del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA), gestionado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, revelan un vínculo directo entre los agentes estatales y la violencia de género. Las causas principales son: 

- Uso del arma reglamentaria: en los análisis históricos y consolidados de femicidios cometidos con armas de fuego en el país, al menos el 17 por ciento de los victimarios de femicidios armados eran miembros activos de fuerzas de seguridad o fuerzas armadas.  

- Letalidad y reincidencia: de acuerdo con el informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando el agresor pertenece a una fuerza de seguridad, la tasa de letalidad aumenta drásticamente: el riesgo de que el ataque resulte en un femicidio múltiple (matando también a hijos o familiares) se duplica debido al acceso y la disponibilidad del arma reglamentaria provista por el Estado.

- Distribución de las fuerzas involucradas: relevamientos de la dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) indican que, en los expedientes graves, las fuerzas con mayor cantidad de miembros denunciados o implicados suelen ser la Policía Bonaerense, las policías provinciales, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina.  

Seguridad privada sin datos ni registros 

La violencia de género ejercida por personal de seguridad privada (vigiladores, custodios) constituye un tipo de violencia institucional y de género. Estos casos combinan el abuso de poder con la portación de armas, lo que incrementa el riesgo para la víctima y requiere la activación inmediata de los protocolos correspondientes. 

A pesar de estos riesgos cuando se buscan datos no se encuentran y los registros están en blanco. La reciente denuncia expuesta en Lomas de Zamora, comienza a modificar esa situación. (www.REALPOLITIK.com.ar)