El optimismo que exhiben funcionarios, altos jefes militares y especialistas alineados con la actual conducción de Defensa se apoya, principalmente, en la llegada de equipamiento usado que permite recuperar capacidades perdidas. Sin embargo, esas incorporaciones puntuales no alcanzan para disimular un problema más profundo: la Argentina continúa sin una política de defensa nacional sostenida, con objetivos estratégicos claros, presupuesto suficiente y planificación de largo plazo.

La compra de los cazas F-16 a Dinamarca, concretada luego de cuatro décadas de intentos frustrados, permitirá a la Fuerza Aérea recuperar la capacidad de adiestrar a sus pilotos en aeronaves de combate supersónicas. Esa capacidad se había perdido tras la baja del sistema Mirage III/V, hace más de una década. Por su condición de aviones multirrol, los F-16 también están llamados a reemplazar progresivamente a los veteranos A-4AR.

El arribo de vehículos blindados de la familia Stryker, también usados y reacondicionados antes de su transferencia, permitiría que la X Brigada Mecanizada, con asiento en La Pampa, disponga de vehículos de combate a rueda, con menores costos operativos y mayor facilidad para el transporte estratégico.

Los aviones de exploración P-3 Orion, provenientes de los excedentes de las Fuerzas Armadas de Noruega, permiten recuperar la capacidad perdida con la salida de servicio de los P-3B adquiridos en 1997, especialmente para las misiones de patrullaje de largo alcance sobre el mar Argentino.

A estas incorporaciones se suma el controvertido acuerdo entre la Armada Argentina y el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para la denominada “protección de bienes comunes globales”. El entendimiento incluyó la entrega de dos aeronaves de vigilancia marítima Textron B-360ER y la transferencia de drones para uso naval.

En materia de equipamiento, también se anunció la compra de un millar de fusiles israelíes IWI Arad calibre 5,56 milímetros, destinados a reemplazar progresivamente al histórico FM/FN FAL de 7,62 milímetros. La lista incluye, además, la lenta recuperación de aviones de entrenamiento T-6C Texan II; un lote inicial de 40 camiones tácticos Unimog 4000, dentro de una operación proyectada por 400 unidades y 88 millones de dólares; drones FPV; una decena de tanques TAM modernizados al estándar 2C; ametralladoras; remolcadores para la Armada; puentes para el arma de Ingenieros; radios; helicópteros UH-60 Black Hawk usados y camiones destinados al transporte de radares móviles.

También se anunció la recuperación de las plantas motrices de las corbetas Meko 140, con una inversión cercana a los 20,5 millones de dólares.

Ese clima de moderado optimismo, construido alrededor de adquisiciones y recuperaciones parciales, contrasta con la situación cotidiana de las Fuerzas Armadas. Los militares continúan enfrentando salarios bajos, una cobertura de salud en crisis, restricciones presupuestarias y, sobre todo, la ausencia de una estrategia clara y sostenida para el área de Defensa.

Carlos Presti.

Una legislación incompleta

La ley 23.554 de Defensa Nacional, sancionada en 1988, fue reglamentada parcialmente recién en 2006 mediante el decreto 727. En 2024, esa normativa fue reemplazada por el decreto 1112/2024, que introdujo algunas modificaciones relevantes.

Entre sus novedades, la nueva reglamentación amplió el concepto de agresión externa para incluir aquellas acciones perpetradas tanto por actores estatales como no estatales. De este modo, abrió la puerta a la intervención frente a organizaciones criminales que sean consideradas terroristas, en sintonía con la agenda impulsada por Washington en materia de seguridad hemisférica.

Sin embargo, el decreto volvió a dejar sin reglamentar aspectos centrales de la ley, como el sistema de movilización nacional, la organización de los reservistas y el papel de las fuerzas de seguridad dentro del sistema de defensa.

¿Para qué necesita la Argentina un sistema de movilización? La respuesta puede encontrarse en la crisis del COVID-19, durante la cual quedaron expuestas altas dosis de improvisación estatal. Una legislación adecuada, acompañada por bases de datos actualizadas sobre industrias, medios de transporte, infraestructura y recursos humanos, permitiría movilizar capacidades públicas y privadas ante una pandemia, una catástrofe de gran magnitud o una situación de conflicto.

La ausencia de una organización eficiente también tuvo consecuencias durante la crisis del Beagle de 1978 y la guerra de Malvinas. Aún cuando en aquel momento existía una ley de Movilización, ambos episodios dejaron al descubierto graves falencias de planificación y ejecución.

En otras palabras, debido a la indiferencia política y a la falta de iniciativas del propio ministerio de Defensa, hoy en manos de Carlos Presti, el país continúa sin disponer de herramientas jurídicas y administrativas adecuadas para movilizar recursos públicos y privados ante una emergencia nacional.

Reservistas: otra deuda pendiente

La organización de un sistema de reservistas, sobre la cual algunos medios informaron acerca de iniciativas aisladas durante 2024, constituye otro asunto pendiente y se encuentra directamente vinculada con el sistema de movilización.

Disponer de personal previamente adiestrado y con un nivel aceptable de alistamiento permitiría a las Fuerzas Armadas contar con recursos humanos adicionales, no solo ante un conflicto armado y para completar unidades tácticas, logísticas o de apoyo, sino también frente a emergencias y catástrofes.

Un sistema de estas características permitiría recurrir a recursos humanos locales para operaciones de protección civil, apoyo a la comunidad y otras tareas subsidiarias.

En Estados Unidos -país que suele funcionar como referencia para buena parte de los militares argentinos- los reservistas cumplen este tipo de funciones a través de la Guardia Nacional. Sus tareas incluyen la intervención ante desastres naturales, el apoyo logístico y, en determinadas circunstancias, la colaboración con las autoridades encargadas del control fronterizo.

La existencia de una reserva organizada también permitiría sostener determinadas unidades y capacidades a un costo moderado, sin necesidad de ampliar permanentemente el número de integrantes de los cuadros activos y asumir todos los costos asociados.

Las leyes que nunca llegaron

El artículo 46 de la ley de Defensa Nacional estableció un plazo de un año para la sanción de una serie de normas complementarias: la ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, la ley de Producción para la Defensa, la ley de Secretos de Estado, las leyes orgánicas de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, y la ley del Sistema Nacional de Inteligencia.

La responsabilidad de elaborar esos anteproyectos recaía sobre el Consejo de Defensa Nacional, organismo que nunca fue convocado para cumplir esa tarea.

De todas aquellas normas, solamente fue sancionada la correspondiente al sistema de inteligencia. En el caso de Gendarmería y Prefectura, las modificaciones a sus leyes orgánicas fueron aprobadas mediante decretos de necesidad y urgencia de cuestionable constitucionalidad, impulsados desde el ministerio de Seguridad y sin una participación relevante del ministerio de Defensa.

A modo ilustrativo, la Argentina todavía carece de una ley integral sobre secretos de Estado. La materia continúa regulada, en buena medida, por el decreto 9390/1963, una norma que, por su antigüedad, requiere una actualización profunda.

Una industria de defensa sin conducción

En materia de producción para la defensa, existen tres empresas estatales que funcionan como compartimentos estancos, sin una política común y sin una articulación sostenida con el sector privado, las universidades y los organismos de investigación y desarrollo.

El programa más promocionado por la actual gestión, denominado Peace Condor y vinculado con la adquisición de los cazas F-16, no incluyó acuerdos significativos de compensación industrial. Tampoco contempló una participación relevante de empresas nacionales en el sostenimiento o la producción de componentes.

Los aviones P-3 Orion adquiridos a Noruega fueron reparados en Estados Unidos. Mientras tanto, permanece paralizada la fabricación de nuevas unidades del IA-63 Pampa, una aeronave de entrenamiento avanzado que podría convertirse en una herramienta clave para la formación de los pilotos destinados a operar los F-16. La modernización de la flota existente también avanza con extrema lentitud.

La necesidad de contar con un nuevo avión de instrucción básica tampoco recibió una respuesta concreta. Pese a la existencia del prototipo IA-100 Malvina, el programa permanece prácticamente abandonado.

Algo similar ocurre con la compra de fusiles IWI Arad a Israel. Al menos públicamente, no se conoce un plan para fabricarlos bajo licencia, producir componentes en el país o garantizar algún tipo de participación de la industria nacional.

También se adquieren en el exterior bienes que podrían ser fabricados o integrados localmente, como los camiones Unimog 4000.

Por eso resulta urgente contar con una normativa de producción para la defensa que establezca objetivos, prioridades y mecanismos de articulación. Esa política también debería identificar los minerales críticos y estratégicos para la defensa, además de promover sectores tecnológicos como la inteligencia artificial, la microelectrónica, la industria misilística, la robótica, los sistemas autónomos y la electrónica avanzada.

Ministerio de Defensa.

Sin estrategia, la defensa no es una inversión: es un gasto

Buena parte de los denominados expertos omite la necesidad de armonizar las exigencias del desarrollo económico con las de la Defensa nacional mediante un verdadero sistema de planeamiento.

Muchos reclaman un aumento del presupuesto militar o el desarrollo de determinadas capacidades industriales y tecnológicas. Sin embargo, esos objetivos requieren una visión integral que reconozca que el desarrollo y la defensa son dimensiones interdependientes.

En el ámbito de la jefatura de Gabinete funciona la secretaría de Asuntos Estratégicos, un organismo que debería participar en la coordinación de estas áreas y en la conformación de un sistema de planeamiento nacional.

Ese sistema debería constituir una instancia de coordinación horizontal entre los ministerios, previa a la ejecución vertical de las políticas específicas de cada área. El proceso tendría que comenzar con la determinación de los objetivos políticos de la Nación, continuar con la formulación de las políticas y estrategias nacionales y culminar con un plan de desarrollo y defensa que integre armónicamente las necesidades de ambos campos.

Solo después de definir esa estrategia puede determinarse qué recursos se necesitan, cómo deben asignarse y cuáles son las capacidades prioritarias.

Por eso, la discusión central no debería limitarse a alcanzar un presupuesto equivalente al 2 por ciento del producto interno bruto, como reclaman algunos sectores militares y especialistas afines. Lo verdaderamente importante es en qué se gasta, cómo se planifica y qué capacidades concretas se generan con esos recursos.

Comprar sin planificar

Adquirir aviones, helicópteros o blindados sin una estrategia que determine qué tipo de Fuerzas Armadas necesita el país constituye un acto de improvisación.

La ausencia de una secuencia lógica de planeamiento también genera dudas sobre la posibilidad de sostener operativamente el material incorporado. No alcanza con comprar sistemas de armas: es necesario garantizar mantenimiento, repuestos, infraestructura, personal, doctrina, entrenamiento y recursos presupuestarios durante toda su vida útil.

La falta de planificación también repercute sobre la política de personal. La Argentina debe definir cuántos efectivos necesita realmente el instrumento militar, cómo deben distribuirse, qué organización deben adoptar las fuerzas y cuáles son los objetivos que podrán cumplir de acuerdo con los recursos disponibles.

Esta discusión constituye una vieja deuda. La ley 24.948 de Reestructuración de las Fuerzas Armadas fue sancionada hace casi treinta años y nunca fue reglamentada en forma integral. La gestión actual tampoco parece mostrar interés en hacerlo.

La Defensa nacional necesita definiciones políticas claras. Solo a partir de ellas será posible establecer las capacidades militares necesarias, el despliegue territorial, la doctrina, la organización y el equipamiento de las Fuerzas Armadas, de acuerdo con las necesidades estratégicas y los recursos del país.

Sin esas definiciones, las compras aisladas y los anuncios de recuperación de capacidades no conforman una política de defensa. Son apenas una sucesión de buenas intenciones, marcada por la improvisación y la dispersión de recursos. (www.REALPOLITIK.com.ar)