La gestión de Ulpiano Suárez en la municipalidad de Mendoza, ejecutó gastos durante octubre y noviembre de 2024 sin contar con partidas presupuestarias autorizadas. No es una acusación política ni una denuncia opositora: la irregularidad está escrita en el fallo 18.316 del propio Tribunal de Cuentas provincial.

La respuesta del municipio fue que la dirección de Finanzas tenía “claras certezas” de que ingresarían nuevos recursos. Pero la ley exigía algo concreto: antes de comprometer el gasto debía existir un instrumento firmado por autoridad competente. Ese respaldo previo no estaba.

El desvío fue regularizado mediante el decreto 219/2025, firmado el 24 de febrero de 2025, cuando el ejercicio auditado ya había terminado. La maniobra administrativa es evidente: el municipio gastó sin crédito autorizado y recién después del cierre modificó el presupuesto para encuadrar lo que ya había ejecutado.

Lejos de aplicar sanciones, el Tribunal consideró que la irregularidad había sido “corregida” durante la fiscalización. No hubo multas, cargos ni responsabilidades individualizadas. Apenas una instrucción para que, en adelante, las autoridades cumplan el procedimiento que ya estaban obligadas a respetar.

Un fallo hecho a la medida de los controlados

El Tribunal también detectó que el sistema de bienes municipales necesitaba ser depurado y actualizado, que había adquisiciones sin registrar oportunamente y que persistían diferencias en las bases de contribuyentes y los anexos de recaudación. A pesar de ese cuadro, resolvió aprobar la rendición y liberar de cargo a todos los funcionarios intervinientes.

La decisión fue firmada por el presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza, Néstor Parés, y los vocales Gustavo Riera, Héctor Caputto, Liliana de Lázzaro y Andrea Molina. El fallo reconoce el incumplimiento, describe cómo fue subsanado fuera de término y luego evita cualquier consecuencia concreta.

La contradicción es obscena: el organismo encargado de controlar admitió que la gestión de Suárez gastó sin autorización presupuestaria, pero convirtió la irregularidad en una recomendación burocrática y cerró el expediente sin castigos. El control, una vez más, terminó funcionando como cobertura. (www.REALPOLITIK.com.ar)