El Tribunal de Cuentas bonaerense confirmó sanciones contra autoridades de la municipalidad de General Arenales por una serie de incumplimientos detectados en la rendición correspondiente al ejercicio 2021, resueltos recién durante el presente año. Entre las observaciones aparecen documentación presentada fuera de término, actas faltantes, informes nunca entregados y préstamos municipales cuyo recupero no fue acreditado oportunamente.

El punto más grave involucra a la intendenta Érica Revilla y al contador municipal Hernán Martín Servio, quienes deberán responder solidariamente por un cargo tras los créditos otorgados a emprendimientos productivos.

La resolución fue dictada en junio de 2026, en el marco de un recurso de revisión presentado contra el fallo original de marzo de 2023. Aunque el municipio logró reducir considerablemente el monto inicialmente observado, el organismo mantuvo una responsabilidad económica personal contra ambos funcionarios.

Préstamos otorgados y cuotas sin recuperar

La observación se originó en créditos entregados durante 2018 y 2019 mediante el Fondo Municipal de Apoyo para la Promoción de Emprendimientos Productivos.

En su primera intervención, el Tribunal había determinado que existían cuotas pendientes correspondientes a siete beneficiarios y que el municipio no había presentado información suficiente sobre su recuperación ni sobre eventuales acciones legales para cobrar las deudas.

Por esa razón, el cargo original ascendió a 697.917,81 pesos, bajo responsabilidad solidaria de Revilla y Servio.

Recién durante el recurso de revisión, las autoridades aportaron planillas de Tesorería, recibos, comprobantes bancarios y documentación sobre planes de regularización. Esos elementos permitieron demostrar el cobro de seis de los siete créditos cuestionados.

Sin embargo, respecto de un préstamo de 60 mil pesos otorgado a Alejandro Marzoratti, el Tribunal sostuvo que no se acreditó el ingreso efectivo de las cuotas pendientes ni la iniciación de acciones para recuperar el dinero.

Documentación incompleta y presentada tarde

El fallo también confirmó otras irregularidades administrativas. El Concejo Deliberante no remitió en término la resolución mediante la cual había tratado la rendición de cuentas de 2021. Aunque el expediente fue analizado dentro del plazo previsto, la documentación llegó tarde al Tribunal de Cuentas.

Además, las autoridades legislativas enviaron de manera incompleta las actas de las sesiones. Según el organismo, fueron entregadas copias correspondientes a distintas reuniones, pero faltaron las actas números 850 y 866.

La documentación no solamente estaba incompleta, sino que también fue presentada fuera del plazo mensual exigido por la normativa.

Por esos incumplimientos fueron señalados quienes encabezaron el Concejo Deliberante durante el período auditado: Raúl Alberto Rinaldi y Florencia Papa.

Un informe que nunca apareció

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con el informe que los titulares del departamento ejecutivo y del Concejo Deliberante debían presentar sobre el cumplimiento de los programas, planes de gobierno y ejecución presupuestaria.

El Tribunal dejó asentado que la documentación fue requerida, pero que los funcionarios “nada aportaron” durante la revisión.

Ante la ausencia total de antecedentes, el organismo confirmó la observación y consideró incumplidas las obligaciones previstas en la legislación municipal y en las disposiciones administrativas del propio Tribunal.

La resolución también mantuvo las sanciones impuestas en 2023:

- Una multa de 50 mil pesos contra Érica Silvana Revilla.

- Una multa de 40 mil pesos contra el entonces intendente Edgardo Héctor Battaglia.

- Una amonestación contra Florencia Papa.

- Otras sanciones no económicas contra funcionarios alcanzados por las observaciones.

Revilla y Battaglia ya habían depositado los importes correspondientes a sus multas, pero el Tribunal rechazó sus planteos y dejó firmes las sanciones.

El fallo expone una administración que, frente al organismo de control, no pudo demostrar en tiempo y forma qué había ocurrido con préstamos financiados con recursos públicos, entregó documentación incompleta y omitió informes obligatorios sobre la ejecución de sus propios planes de gobierno. (www.REALPOLITIK.com.ar)