En la provincia de Buenos Aires, la Justicia suele medirse por expedientes, audiencias y sentencias. Pero hay un dato que no entra del todo en los papeles: la composición de quienes deben decidir, juzgar y sentenciar. Y, en ese terreno, el tiempo parece haber dejado de contar. Porque la Suprema Corte bonaerense, y, también la Corte Suprema de la Nación, vienen funcionando con menos jueces de los que la constitución marca como regla. 

Ese “déficit” institucional no es solo un problema interno: se traduce, según quienes reclaman, en “seguridad jurídica acotada y tutela judicial efectiva en demora y una confianza social” que se desgasta con cada año de vacantes sin resolución.

La semana arrancó con un reclamo que no se limita a describir el estado de situación: el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado donde planteó la “imperiosa necesidad” de cubrir las vacantes existentes en el máximo tribunal provincial y, de paso, en la Corte nacional. El mensaje fue directo y, sobre todo, didáctico: si la Justicia tiene su arquitectura en normas, no debería depender de negociaciones políticas extendidas. “Lo que debería tratarse como una emergencia institucional atendida sin dilación pasó a ser un estado de cosas tolerado y peligrosamente naturalizado”, sostuvo la entidad.

Tres de cinco, tres de siete: el mapa del faltante 

La crónica institucional empieza con una imagen simple: la Corte Suprema de la Nación funciona actualmente con tres de sus cinco miembros, y la Suprema Corte bonaerense con tan solo tres de sus siete integrantes. En la lectura del Colegio, ese escenario no representa un paréntesis administrativo, sino una “desintegración sin precedentes” en el propio relato institucional.

La entidad puso el foco en una consecuencia que se repite en distintos ámbitos judiciales: cuando un tribunal opera incompleto, no solo falta gente, falta plenitud. Y la plenitud—dicen—no es un ideal abstracto: se conecta con la capacidad de conducción, con el ritmo de decisiones y con el significado de que la Justicia llegue en tiempo razonable a los conflictos que le toca resolver.

De ahí la insistencia del Colegio en el lenguaje del mandato: hablar de vacantes no es hablar de “preferencias” de una gestión; es hablar de “cumplimiento constitucional”.

La política entra al expediente: cuatro vacantes y muchas manos 

Con el horizonte de una integración mayor hacia el futuro cercano, la pregunta que aparece en despachos legislativos y pasillos judiciales es otra: ¿quiénes van a ocupar esas sillas?

El dato político que atraviesa la negociación es que en provincia de Buenos Aires la discusión no se resuelve solo en lo técnico. El artículo constitucional existe, pero la designación de jueces se cruza con el juego de mayorías, con acuerdos en el Senado provincial y con la necesidad de que “salga” un nombre.

Tras el avance electoral de La Libertad Avanza en octubre pasado—con conducción provincial de Sebastián Pareja-, el espacio libertario habría adquirido peso adicional en la negociación por al menos una vacante. En la práctica, eso significa que el “reparto” no sería enteramente interno al oficialismo o a los sectores tradicionales, sino que incluiría un componente opositor con capacidad de negociación.

Sebastián Pareja.

Así, la narrativa que circula describe conversaciones de verano y una lógica de “repartos salomónicos” entre fuerzas vinculadas al oficialismo y sus satélites, dejando la silla restante para la oposición. En ese punto es donde el tablero se completa: varios nombres pueden estar “en carrera”, pero el que gane será el que logre encajar en un acuerdo más amplio.

El nombre con tracción: Sergio Pilarche 

Entre los perfiles que más se mencionan como posibilidad para la silla de la oposición se destacó el de Sergio Pilarche, juez de Cámara de Apelación y Garantías del departamento judicial de San Martín.

La mención no es casual: según el circuito de información, Pilarche pasó por un filtro interno con mirada política desde sectores cercanos al poder nacional. Lo que se busca—según esta lectura—es un candidato que no genere conflictos dentro de una negociación en la que el objetivo principal es cerrar acuerdos. En el universo de la designación judicial, ese detalle suele pesar: no solo importan los antecedentes, también el “cómo” se ingresa en el acuerdo.

Sergio Pilarche.

Radicalismo: el intento de Maxi Abad y Marina Sánchez Herrero 

No queda afuera el radicalismo. En el tablero provincial se menciona el trabajo de Maxi Abad, quien impulsaría una propuesta con el perfil de su esposa, Marina Sánchez Herrero, titular del Concejo Deliberante de Mar del Plata en el partido de General Pueyrredón.

Este movimiento, aunque aparece como con “menos chances” frente a otras alternativas, se sostiene por una razón: el peso del sector de Abad en la Legislatura provincial podría convertir su nombre en moneda de negociación. La política, en suma, opera como un sistema de intercambio: un nombre puede habilitar un acuerdo y también destrabar temas legislativos que hacen falta para la agenda de gobierno.

El deber que, según denuncian, se incumple 

El comunicado de los abogados bonaerenses, recordó que el artículo 146 de la constitución provincial establece que el poder ejecutivo dispone de quince días desde que se produce una vacante para presentar candidatos. El punto que más irrita a los abogados es el contraste entre esa regla y la realidad de los años: “Algunos cargos están sin nombramientos hace años”, y mientras el reloj corre, la ciudadanía mira cómo los tribunales—sin alcanzar el número previsto—continúan resolviendo.

En esa demora, el Colegio también ve una distorsión democrática: remarca que la cobertura de vacantes “no es discrecional”. Y donde no hay discrecionalidad, agregan, no deberían caber “estrategias políticas o conveniencias partidarias”.

El planteo encontró eco en otro antecedente que, en Buenos Aires, ya dejó una marca: a fines de abril, la propia Suprema Corte provincial había empujado el tema hacia el centro del debate. Su presidente, Sergio Torres, presentó un proyecto de autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera y, en el acto, aprovechó para exigir al ejecutivo y al Senado que cubran de manera urgente las vacantes pendientes.

Torres: “desintegración inédita” y un tribunal en cuenta regresiva 

Ante magistrados, funcionarios y representantes gremiales, Torres trazó el problema con números y con una sensación de excepción que no termina: el tribunal opera con tres magistrados cuando debería funcionar con siete. A su lado estaban el vicepresidente, Daniel Soria y la jueza Hilda Kogan, los únicos tres integrantes activos de la Corte provincial en ese momento. También participó el Procurador General, Julio Conte Grand, designado en 2016 por el gobierno de María Eugenia Vidal.

Torres no habló solo como presidente de un tribunal: habló como quien siente que la institucionalidad está siendo empujada a una normalización peligrosa. Y esa normalización, para el Colegio, es la clave del deterioro: cuando algo se tolera demasiado, deja de percibirse como anormal… aunque lo sea.

Sergio Torres.

En esa línea, el diagnóstico que se repite en la discusión pública es contundente: la Corte bonaerense arrastra una historia reciente de sillas vacías. En 2019 tenía siete miembros; luego perdió cuatro en el transcurso de cuatro años: en enero de 2020 por el fallecimiento de Héctor Negri; en 2021 renunciaron Eduardo de Lazzari y Eduardo Pettigiani; y a mediados de 2024 se jubiló Luis Genoud. Quedaron vacantes que hoy se negocian, se filtran y se proyectan como “probables”.

2.292 días desde la primera vacante: el golpe al calendario

A comienzos del año se esperaba que, para este receso invernal, el gobernador, Axel Kicillof hubiera destrabado la situación.  Funcionarios cercanos al gobernador sostiene por estas horas que, a más tardar en el mes de septiembre, la Corte funcionará de una manera lógica.

En la Justicia toman nota de estas probables fechas y más allá de los nombres y de las estrategias partidarias, el núcleo del reclamo vuelve al mismo lugar: el tiempo. En el discurso que atraviesa el debate, se mencionan 2.292 días desde la primera vacante y casi 800 días, desde la desintegración. También se repite la idea del incumplimiento sistemático, con una cifra que la entidad judicial le asigna al retraso acumulado: 152 incumplimientos del mandato constitucional.

En esa cuenta, la Justicia incompleta no sería un costo aceptable. Quienes cuestionan el ritmo de designaciones aseguran que una Corte incompleta limita la conducción, mientras que una Corte integrada fortalece la institucionalidad. La conclusión es casi una sentencia política, pero con lenguaje institucional: “Postergar es debilitar; avanzar es fortalecer el Estado de derecho”. (www.REALPOLITIK.com.ar)