La decisión del juez federal Ernesto Kreplak de mantener activa durante la feria judicial la investigación por el fentanilo contaminado encendió una nueva señal de alarma en el gobierno libertario. El magistrado -hermano de Nicolás Kreplak, ministro de Salud Axel Kicillof-, no solo dispuso el secreto de sumario, sino que amplió la pesquisa hacia la actuación de los organismos encargados de controlar la producción y fiscalización de medicamentos, una determinación que volvió a colocar al ministerio de Salud en el centro de la escena.

En los despachos oficiales reconocen que el expediente dejó de ser únicamente una investigación sobre un laboratorio para transformarse en una causa con potencial impacto institucional. El foco sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (INAME) amenaza con abrir interrogantes sobre los mecanismos de control del Estado y, por extensión, sobre la conducción política de la cartera que encabeza Mario Lugones.

La causa cambia de eje y apunta a los organismos de control

Hasta ahora, la investigación se había concentrado en reconstruir cómo el fentanilo contaminado logró ingresar al circuito sanitario. Sin embargo, las últimas medidas ordenadas por Kreplak marcan un cambio de rumbo.

La Justicia comenzó a analizar si existieron fallas en los controles, omisiones administrativas o irregularidades en la fiscalización que permitieron que un medicamento contaminado llegara a hospitales y centros de salud. Ese cambio de enfoque coloca bajo la lupa el funcionamiento de los organismos encargados de prevenir este tipo de episodios.

El secreto de sumario refuerza la expectativa de nuevas medidas de prueba y evita que se conozcan los detalles de una etapa considerada clave por los investigadores.

Ernesto Kreplak.

La presión política alcanza al ministerio de Salud

Aunque Mario Lugones no figura imputado en la causa, el avance del expediente tiene consecuencias políticas inevitables para su gestión. La investigación pone el foco en áreas que dependen de la estructura sanitaria nacional y reabre cuestionamientos sobre los controles implementados por el Estado.

El ministerio de Salud del gobierno de Javier Milei llega a este escenario en medio de otros frentes de conflicto vinculados a la política sanitaria, por lo que el expediente del fentanilo amenaza con profundizar el desgaste político de la cartera.

En la Casa Rosada siguen de cerca la evolución del caso por el impacto que podría tener si la investigación deriva en nuevas responsabilidades dentro de los organismos de control.

Un expediente que gana prioridad

La habilitación de la feria judicial demuestra que el juez considera que la causa no admite demoras. La decisión busca preservar el ritmo de una investigación compleja que involucra peritajes, documentación técnica y la reconstrucción de los circuitos de producción, habilitación y fiscalización del medicamento.

En los tribunales federales no descartan que las próximas semanas sean decisivas para definir nuevas líneas de investigación y eventuales responsabilidades administrativas o penales, en función de la prueba que logre reunirse.

Axel Kicillof y Javier Milei.

Un nuevo frente para el gobierno

El caso del fentanilo ya dejó de ser únicamente una tragedia sanitaria para convertirse también en un problema político. Cada avance judicial incrementa la presión sobre la cartera de Salud nacional y mantiene bajo observación la actuación de los organismos encargados de garantizar la seguridad de los medicamentos.

Mientras la Justicia profundiza la investigación sobre la ANMAT y el INAME, el gobierno enfrenta el desafío de contener el impacto institucional de una causa que amenaza con seguir escalando y que podría derivar en nuevas decisiones judiciales a medida que avance la recolección de pruebas. (www.REALPOLITIK.com.ar)