La legislación argentina prohíbe operar y contratar con quienes participan directa o indirectamente de actividades hidrocarburíferas ilegales en la plataforma continental. En 2022 Navitas fue inhabilitada por veinte años, pero al día de hoy sus principales inversores mantienen intereses financieros que alcanzan a compañías con fuerte presencia en Argentina, entre ellas Mercado Libre. 

La explotación petrolera británica en las islas Malvinas dejó de ser una amenaza lejana. En diciembre de 2025, Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration adoptaron la decisión final de inversión para desarrollar la primera fase del yacimiento Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago y dentro de la plataforma continental que la Argentina reconoce como propia.

El proyecto demandará aproximadamente 2.100 millones de dólares hasta su finalización, apunta a extraer inicialmente 170 millones de barriles y prevé comenzar la producción en 2028. Navitas controla el 65 por ciento del emprendimiento y Rockhopper, el 35 restante. Las autoridades británicas instaladas en las islas ya aprobaron el plan de desarrollo y concedieron una etapa de explotación por 35 años.

Frente a ese avance, el gobierno de Javier Milei mantiene un silencio que contrasta con la gravedad del movimiento. No se conocen nuevas sanciones, investigaciones públicas sobre los financiadores de Sea Lion ni medidas dirigidas a determinar si los accionistas de Navitas desarrollan negocios dentro de la jurisdicción argentina.

Las Islas Malvinas.

El interrogante resulta especialmente relevante porque la legislación nacional no se limita a castigar a la petrolera que realiza la extracción. También establece prohibiciones para quienes participan directa o indirectamente de esas actividades y para determinados accionistas y sociedades vinculadas.

Una empresa declarada clandestina

Navitas no es una compañía desconocida para el Estado argentino. En abril de 2022, la secretaría de Energía declaró ilegales sus actividades en la plataforma continental, la calificó como empresa clandestina y la inhabilitó durante veinte años para desarrollar actividades en la República Argentina.

La resolución 240/2022 ordenó inscribir esa inhabilitación en los registros nacionales y comunicarla a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También notificó a la Cancillería, la Procuración del Tesoro y el ministerio Público Fiscal para que evaluaran las acciones correspondientes.

La medida se encuentra plenamente vigente. Sin embargo, desde la asunción de Milei no se conoce una actualización pública de las actuaciones, pese a que el proyecto avanzó desde una fase preparatoria hasta una decisión concreta de inversión y financiamiento.

Ya no se trata solamente de una compañía que anuncia su intención de buscar petróleo. Navitas y Rockhopper aprobaron contratos comerciales, contrataron infraestructura y estructuraron un financiamiento que contempla 1.000 millones de dólares de deuda senior. El proyecto comenzó a recorrer el camino efectivo hacia la perforación y la producción.

Qué dice la ley argentina

La ley 26.659 establece que la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina solo pueden efectuarse con autorización nacional.

Su artículo 2 prohíbe a las personas físicas o jurídicas que operan o están autorizadas a operar en Argentina —y a sus accionistas— tener participación directa o indirecta en empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas sin habilitación argentina. La prohibición también comprende operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas, comerciales, de consultoría o asesoramiento destinadas a esos desarrollos.

El artículo 5 agrega que el Estado nacional, las provincias y los municipios no pueden contratar con las empresas involucradas, sus controladas o los accionistas que, directa o indirectamente, desarrollen esas actividades.

La norma habilita inhabilitaciones de entre cinco y veinte años, el retiro de beneficios fiscales o previsionales y la prohibición de participar en contrataciones estatales. Además, la propia ley se define como de orden público, por lo que su aplicación no depende de las preferencias políticas del gobierno de turno.

La cuestión jurídica no es automática. Pero sí obliga al Estado a determinar quiénes ejercen control de Navitas, quiénes financian efectivamente Sea Lion, bajo qué sociedades lo hacen y si esos mismos sujetos mantienen actividades, contratos, beneficios o autorizaciones en Argentina.

Nada de eso fue explicado públicamente por el Gobierno.

Los fondos detrás de Navitas

Navitas cotiza en la Bolsa de Tel Aviv y su capital está repartido entre su fundador y distintos inversores institucionales israelíes.

Entre sus principales accionistas aparecen Harel Provident Funds, con alrededor del 9,5 por ciento; Gideon Tadmor, fundador y presidente de la compañía, con aproximadamente el 9,1 por ciento; Migdal Makefet Pension & Provident Funds, con cerca del 6,1 por ciento; Noked Capital, con alrededor del 4,5 por ciento; y Phoenix Provident Fund, con una participación similar.

No son nombres marginales. Harel, Migdal y Phoenix forman parte de algunos de los mayores conglomerados financieros y aseguradores de Israel. Administran fondos previsionales, pólizas, fondos comunes e inversiones internacionales.

Las propias presentaciones de Harel ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos explican que parte de los títulos declarados es administrada para miembros del público mediante fondos de pensión, seguros y fondos comunes, y que distintas subsidiarias toman decisiones de inversión independientes. Esa aclaración es importante: no toda posición informada puede atribuirse automáticamente al holding como beneficiario económico final.

Pero esa complejidad no exime al Estado argentino de investigar. Por el contrario, vuelve indispensable reconstruir qué vehículos poseen acciones de Navitas, quién decide sobre ellas, qué participación tienen en el financiamiento de Sea Lion y qué otros intereses mantienen bajo jurisdicción argentina.

El puente con Mercado Libre

Dentro de las carteras internacionales de estos conglomerados aparecen inversiones en empresas con intereses económicos sustanciales en Argentina. El caso políticamente más sensible es Mercado Libre, la compañía fundada por Marcos Galperin.

Fondos vinculados a Harel y Migdal han declarado inversiones bursátiles en MercadoLibre Inc., una compañía fundada en Buenos Aires, constituida legalmente en Delaware y con sus oficinas ejecutivas principales en Montevideo, pero con una operación económica de enorme magnitud bajo jurisdicción argentina.

Según los formularios 13F presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, al 31 de marzo de 2026 Migdal declaraba 12 mil acciones de MercadoLibre, valuadas en unos 20,7 millones de dólares, mientras que Harel informaba 4.327 acciones por aproximadamente 7,5 millones. En conjunto, las posiciones alcanzaban cerca de 28,2 millones de dólares.

Las inversiones de Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. en Mercado Libre.

Las inversiones de Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. en Mercado Libre.

El cruce revela que capitales institucionales con exposición accionaria a Navitas también tienen inversiones en una de las compañías más poderosas del mercado argentino. Esa circunstancia debería, como mínimo, haber provocado una revisión administrativa sobre el alcance de la ley 26.659 y sobre la eventual existencia de contratos, beneficios, autorizaciones o relaciones estatales alcanzadas por sus disposiciones.

El gobierno de Javier Milei, que mantiene una relación política privilegiada con Galperin, no informó haber realizado ese análisis.

Milei, Galperin y una relación privilegiada

El silencio adquiere una dimensión política particular por la estrecha relación pública entre Javier Milei y Marcos Galperin.

En septiembre de 2024, el presidente visitó las oficinas de Mercado Libre en Saavedra acompañado por Karina Milei y otros funcionarios. Allí calificó a Galperin y a los empresarios de la compañía como “benefactores sociales” y presentó a Mercado Libre como el modelo de país que su administración pretende construir.

Durante el acto, Galperin anunció una inversión de 75 millones de dólares para un centro logístico en La Matanza. La presidencia difundió oficialmente la actividad y destacó la creación proyectada de miles de puestos de trabajo.

Galperin, por su parte, ha respaldado públicamente en reiteradas ocasiones el rumbo económico y político de Milei. Desde enero de 2026 dejó la dirección ejecutiva cotidiana de Mercado Libre para asumir como presidente ejecutivo del directorio, por lo que conserva una posición estratégica en la compañía.

La estrecha relación presidencial con Mercado Libre vuelve necesario determinar si existe la misma voluntad de aplicar una ley de defensa soberana cuando la investigación podría alcanzar a capitales vinculados financieramente con una empresa públicamente elogiada por Milei.

Se trata de establecer si la Casa Rosada está aplicando con el mismo rigor una ley de defensa soberana cuando la investigación puede alcanzar capitales relacionados con una empresa públicamente elogiada por Milei.

Una política exterior de gestos y silencios

Desde que asumió la presidencia, Milei privilegió una política exterior de alineamiento con Estados Unidos e Israel. Esa orientación no modifica las obligaciones del poder ejecutivo respecto de Malvinas ni habilita a relativizar una norma vigente.

Navitas es una compañía israelí, pero el conflicto no es con Israel ni con sus ciudadanos. El problema es concreto: una empresa sancionada por Argentina lidera un proyecto autorizado por la ocupación británica para extraer recursos naturales de un territorio en disputa.

El mensaje de bienvenida británico instalado en las Islas Malvinas (Foto: REALPOLITIK).

La defensa de la soberanía no puede depender de la nacionalidad de los capitales involucrados ni de la afinidad ideológica del gobierno con empresarios, gobiernos o fondos internacionales.

La ley 26.659 ordena confeccionar una nómina pública de las personas y empresas que desarrollan actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina. También contempla a quienes mantienen participaciones directas o indirectas y a quienes realizan operaciones financieras o comerciales vinculadas con esos desarrollos.

El gobierno de Javier Milei debería informar si esa nómina fue actualizada, qué accionistas y financiadores fueron identificados, qué organismos controlan el cumplimiento de la inhabilitación de Navitas y si se cruzaron esos datos con registros de proveedores, sociedades, inversiones, beneficios fiscales y contrataciones públicas.

El avance de Sea Lion convierte la falta de investigación pública en una omisión políticamente difícil de justificar. Mientras Navitas reúne miles de millones de dólares, firma contratos y prepara la extracción de petróleo en Malvinas, Milei elogia a Mercado Libre, cultiva su relación con Galperin y evita explicar qué ocurre con los capitales que se mueven a ambos lados de la controversia soberana.

El problema ya no es solamente lo que hace una petrolera extranjera. También es lo que el Estado argentino decidió no mirar. (www.REALPOLITIK.com.ar)