A pocos meses de la creación de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), un convenio interadministrativo expuso las dificultades del nuevo organismo para funcionar de manera autónoma. Aunque la reforma fue presentada como una respuesta a la crisis de IOSFA, la entidad en proceso de liquidación continuará administrando la cobertura sanitaria de los afiliados transferidos.
El “Convenio Marco Interadministrativo Prestacional y Transitorio”, fechado el 27 de mayo de 2026, establece que IOSFA mantendrá la gestión de su red de prestadores y de los contratos vigentes necesarios para garantizar la atención médica. OSFA, por su parte, deberá financiar esas prestaciones mediante reintegros y anticipos de fondos.
En los hechos, la nueva obra social recibe a los afiliados y sus aportes, pero sigue dependiendo de la estructura administrativa y prestacional del organismo que el gobierno de Javier Milei resolvió disolver.
El convenio comprende las prestaciones médicas, farmacéuticas, bioquímicas, odontológicas, ambulatorias y de internación. También incluye medicamentos, tratamientos especiales, prestaciones por discapacidad y servicios de alto costo y baja incidencia.
Durante la vigencia del acuerdo, IOSFA actuará como administrador transitorio de la cobertura. Deberá gestionar la red prestacional, atender a los beneficiarios, confeccionar mensualmente las rendiciones y emitir certificaciones de deuda respaldadas por documentación médica, contable y financiera.
OSFA, hoy bajo el control de Pablo Plaza, tendrá que reconocer y reintegrar los gastos auditados dentro de los treinta días posteriores a la presentación de cada rendición. Además, podrá realizar anticipos financieros periódicos para sostener el funcionamiento del sistema administrado por IOSFA.
La distribución de funciones deja una situación llamativa: OSFA recauda y financia, pero la estructura que continúa realizando la gestión operativa es la misma cuya crisis motivó la creación del nuevo organismo.
El acuerdo tampoco establece un cronograma concreto para que OSFA incorpore progresivamente la administración de las prestaciones.
No fija etapas, metas, porcentajes de transferencia ni una fecha determinada para que la nueva obra social asuma directamente la red de prestadores y los contratos. Su vigencia se extenderá hasta que finalice el proceso de transición y liquidación de IOSFA o hasta que OSFA se encuentre en condiciones de gestionar parcial o integralmente la cobertura.
La falta de precisiones permite que la dependencia operativa se prolongue sin indicadores públicos que permitan evaluar cuánto avanzó realmente la construcción de la nueva estructura.
El convenio crea una comisión técnica integrada por representantes de las dos entidades y faculta a OSFA a realizar auditorías médicas, financieras, contables y administrativas. Sin embargo, el documento no detalla con qué recursos humanos, técnicos y operativos realizará esos controles mientras IOSFA conserva la administración del sistema.

El DNU 88/2026 dispuso la creación de OSFA y el inicio del proceso de disolución y liquidación de IOSFA. La reforma separó la cobertura de las Fuerzas Armadas de la correspondiente a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval, pero la nueva entidad todavía no parece contar con capacidad suficiente para asumir por sí misma todas las prestaciones.
El propio convenio reconoce que IOSFA conserva “experiencia operativa, estructura administrativa y capacidad prestacional suficiente” para garantizar la continuidad de la atención durante la transición.
Esa definición expone una contradicción central: el organismo que debe ser liquidado continúa concentrando las herramientas necesarias para sostener la cobertura de los afiliados que ya fueron transferidos a OSFA.
El acuerdo busca evitar interrupciones en la atención médica, pero también deja en evidencia que la creación formal de la nueva obra social no estuvo acompañada, al menos hasta mayo, por una estructura operativa capaz de reemplazar completamente a IOSFA.
Mientras OSFA administra los recursos y financia las prestaciones, el organismo que el gobierno libertario decidió disolver conserva la red, los contratos y la capacidad efectiva de gestión. La reforma cambió la estructura jurídica, pero todavía no logró reemplazar el funcionamiento que debía superar. (www.REALPOLITIK.com.ar)