El reclamo de los adjudicatarios del barrio San Ceferino III de Chivilcoy ya no se sostiene únicamente en testimonios, fotografías o denuncias públicas. Dos documentos oficiales confirman que el gobierno de Axel Kicillof conoce desde 2025 las graves deficiencias denunciadas en las viviendas y que, pese a la intervención de distintos organismos, las familias continúan esperando una respuesta concreta.

Una solicitud de informe de la defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires revela que los vecinos realizaron presentaciones ante el Instituto de la Vivienda el 27 de agosto y el 23 de octubre de 2025. Ambas quedaron incorporadas al expediente provincial 2025-30494116, referido al “estado de inhabitabilidad” de las casas entregadas.

Lejos de tratarse de una queja reciente o informal, el documento demuestra que las autoridades provinciales estaban notificadas de la situación desde hace casi un año. Sin embargo, los adjudicatarios aseguran que siguen sin poder habitar dignamente las unidades y que debieron afrontar reparaciones con sus propios recursos.

Una queja ante la defensoría y otro pedido de explicaciones

Ante la falta de respuestas, Joaquín Oteiza y otros adjudicatarios presentaron la Queja 8817/26 ante la defensoría del Pueblo bonaerense. El 2 de marzo de 2026, el organismo solicitó formalmente al administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez, que informara el estado del expediente iniciado por las familias.

“Según surge de la nota presentada, los firmantes manifiestan que a la fecha no se les brindó respuesta a los reclamos iniciados ante esa administración con fechas 27 de agosto y 23 de octubre del 2025”, reconoce la solicitud enviada al Instituto.

La defensoría pidió que se remitiera un informe sobre la queja y que se indicara el estado del expediente. El documento, sin embargo, no contiene una intimación para reparar las viviendas, establecer responsabilidades o garantizar una solución inmediata a los damnificados.

La actuación coloca también bajo la lupa al defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien conduce el organismo desde 2016 y cuyo segundo mandato se extiende hasta diciembre de 2026. Mientras la propia defensoría sostiene públicamente que su función es proteger los derechos de los bonaerenses cuando el resto del Estado no responde, en San Ceferino III su intervención conocida se redujo, por el momento, a solicitar información al mismo organismo denunciado.

La delegación local de la defensoría también quedó involucrada en la tramitación del reclamo. Pese a la existencia de una oficina en Chivilcoy y a las presentaciones efectuadas por las familias, no se conoce hasta ahora una resolución que obligue al Instituto de la Vivienda o a la constructora a corregir las deficiencias denunciadas.

El expediente llegó al Concejo Deliberante

La falta de respuestas provinciales derivó en una nueva actuación institucional. El orden del día de la sesión del Concejo Deliberante de Chivilcoy convocada para el 11 de junio de 2026 incorporó el expediente interno 1695-H, impulsado por el bloque Fuerza Chivilcoyana.

La iniciativa solicita al Instituto de la Vivienda bonaerense que informe sobre el avance del mismo expediente provincial que aparece en la actuación de la defensoría: el 2025-30494116.

La coincidencia entre ambos documentos permite reconstruir la ruta administrativa del reclamo. Los vecinos denunciaron las irregularidades en agosto y octubre de 2025; ante el silencio provincial acudieron a la defensoría; el organismo abrió una queja en marzo de 2026 y, tres meses después, el Concejo Deliberante todavía necesitaba pedir explicaciones sobre el avance del expediente.

El nuevo pedido de informes demuestra que, para junio de 2026, tampoco existía una respuesta suficientemente clara que permitiera cerrar el conflicto o garantizar las reparaciones necesarias.

El Instituto de la Vivienda y la responsabilidad política

El Instituto de la Vivienda está encabezado actualmente por Diego Menéndez, acompañado por el subadministrador Hernán Ralinqueo. El organismo depende del ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, conducido por Silvina Batakis, y forma parte de la estructura política del gobierno de Axel Kicillof.

La responsabilidad del Instituto no se limita al financiamiento. El organismo intervino en el desarrollo del barrio, debía controlar la ejecución de los trabajos y recibió las denuncias sobre humedad, filtraciones, deficiencias eléctricas, aberturas mal colocadas, desagües inexistentes, medianeras rajadas y tapiales presuntamente construidos sin cimientos.

Las familias también denunciaron la falta de asfalto y cordón cuneta, situación que provoca anegamientos y dificulta el acceso a las casas durante los días de lluvia.

El estado provincial llegó a promocionar las obras de San Ceferino como parte de su política habitacional. En publicaciones oficiales anteriores, el Instituto aseguraba que las viviendas del complejo se entregaban con servicios de agua, cloacas, gas, electricidad, alumbrado y asfalto.

El contraste entre aquella propaganda y las deficiencias documentadas por los adjudicatarios obliga a determinar quién certificó la finalización de las unidades, qué inspecciones se realizaron antes de la entrega y si la constructora cobró la totalidad de los trabajos pese a las fallas denunciadas.

ADECO y la familia Maroa

La obra fue ejecutada junto con la cooperativa ADECO, vinculada a la familia Maroa. Su referente públicamente identificado es Gustavo Maroa, quien participó durante años en actos oficiales junto con autoridades municipales y provinciales relacionados con la construcción y entrega de viviendas.

En octubre de 2021, la municipalidad de Chivilcoy informó que las unidades del barrio habían sido construidas por ADECO junto con el Instituto de la Vivienda. En ese mismo acto participaron el entonces administrador provincial Agustín Simone, el intendente Guillermo Britos y Gustavo Maroa, presentado oficialmente como representante de la cooperativa constructora.

En 2023, el gobierno bonaerense volvió a comunicar que las 36 viviendas de San Ceferino eran desarrolladas por la provincia “en conjunto con la entidad ADECO”.

Los vecinos aseguran que mantuvieron reuniones con integrantes de la cooperativa y que recibieron promesas de respuestas sobre las reparaciones, las cuotas y el asfalto. También cuestionaron que las inspecciones del Instituto de la Vivienda se realizaran con representantes de la propia constructora presentes.Esas acusaciones deberán ser investigadas y contrastadas con la documentación contractual. Los PDF conocidos hasta el momento no prueban por sí solos la existencia de una red de corrupción, pero sí acreditan una prolongada falta de respuestas, posibles fallas en los controles provinciales y la existencia de un expediente administrativo que permanece abierto desde 2025.

Más de diez denuncias y cuatro expedientes

Según la documentación y la información aportada por los adjudicatarios, existirían más de diez denuncias realizadas ante el Instituto de la Vivienda, cuatro expedientes vinculados con el conflicto y dos presentaciones ante la defensoría del Pueblo.

Los documentos conocidos permiten confirmar, al menos, la existencia del expediente provincial 2025-30494116, la queja 8817/26 iniciada en la defensoría y el expediente 1695-H tramitado en el Concejo Deliberante.

Queda pendiente conocer el contenido completo de las demás actuaciones, las respuestas brindadas por el Instituto, las certificaciones de obra, los desembolsos efectuados a ADECO y la identidad de los funcionarios que autorizaron la entrega de las viviendas.

También corresponde que el municipio encabezado por Guillermo Britos explique cuál fue su participación en el seguimiento del proyecto, qué controles efectuó sobre las condiciones urbanísticas del barrio y qué gestiones realizó una vez conocidas las denuncias.

Mientras los expedientes pasan de una oficina a otra, las familias siguen enfrentando humedad, filtraciones y problemas estructurales en viviendas por las que deben pagar. La documentación nueva expone que las autoridades provinciales conocían el conflicto, que fueron notificadas formalmente y que, pese al tiempo transcurrido, todavía no ofrecieron una solución integral.

El gobernador Axel Kicillof, la ministra Silvina Batakis, Diego Menéndez, Hernán Ralinqueo, Guido Lorenzino, la delegación local de la defensoría, el intendente Guillermo Britos y los responsables de ADECO ya no pueden alegar desconocimiento. Los reclamos tienen fechas, números de expediente y constancias oficiales. Lo único que todavía no aparece es una respuesta a la altura del daño sufrido por los adjudicatarios. (www.REALPOLITIK.com.ar)